Conflicto en Tenacatita llegó a calles tapatías

Afectados insisten en que tienen títulos y derechos sobre predio. Manifestación en favor de los desalojados termina sin resultados; el gobierno estatal insiste en que está sujeto al mandamiento de un juez

Guadalajara. Agustín del Castillo / Natalia Barragán. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 17 de agosto de 2010

Hace dos semanas eran apacibles campesinos, comerciantes y colonos; ayer por la mañana, las circunstancias los convirtieron en airados manifestantes que reclamaban por las calles de la capital de Jalisco sus derechos como habitantes desalojados de Tenacatita. Poco después de las tres de la tarde, los miembros de ese conglomerado social emergente escuchaban perplejos el anuncio del final del diálogo que habían entablado por tres horas sus representantes, en la voz del diputado cenecista Gabriel Ponce Miranda: cero resultados.

Apostados desde antes de mediodía en la calle Corona, justo frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno, soportando el calor, el ruido y la contaminación citadinas, tenían la esperanza de que sus derechos de posesión de casi medio siglo y sus documentos que los acreditan como propietarios fueran tomados en cuenta, y hubiera marcha atrás al desalojo de que fueron objeto el pasado 4 de agosto, en una de las últimas playas públicas que quedaban en la costa de Jalisco, a favor de la inmobiliaria Rodenas SA.

La postura gubernamental no se flexibilizó: habiendo una orden de juez de por medio, incurriría en desacato si no se mantenía la vigilancia en el predio. Parece que dentro de esa orden está el bloqueo a una carretera estatal, el daño a una superficie de manglar y la negativa a abrir una mesa de diálogo para cotejar documentos y ver quién tiene el mejor derecho.

A los irritados moradores de Tenacatita les quedó claro que por ahora, el gobierno le reconoce mejor derecho a su rival, José María Andrés Villalobos, presidente de Expo Guadalajara, ex líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, y que como la mayoría de los grandes empresarios, no necesita hacer manifestaciones en la puerta de las oficinas públicas para ser recibido y escuchado.

“¡Vamos a tomar Casa Jalisco!”; “¡Agarremos los machetes y recuperemos lo nuestro!”, fueron propuestas que se escucharon mientras Ponce Miranda, el prudente líder de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos trataba de aquietar los ánimos, comprometiéndose a insistir en la vía de la negociación.

La comisión negociadora había planteado tres demandas básicas ante la Subsecretaría de Asuntos del Interior del Gobierno de Jalisco: mover los policías estatales de la playa, liberar la carretera secuestrada y abrir un debate jurídico.

A las diez de la mañana, comenzó la caminata desde la Plaza Juárez. Más de medio millar de manifestantes coreaban consignas clásicas: “Tenacatita unida, jamás será vencida”, y con pancartas con leyendas como “No permitiremos que nos roben nuestras tierras. Fuera de Tenacatita” y “No toleraremos más sometimiento. Sus abusos pueden ocasionar un estallido social”. Durante el camino, entregaron a los peatones y automovilistas folletos.

Como se había anunciado una posible toma del Palacio de Gobierno, las autoridades tomaron precauciones: al paso del contingente, la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el cruce de 16 de Septiembre y la calle Libertad, fue custodiada por una veintena de elementos antimotines. En respuesta, los manifestantes gritaron: “Queremos solución, no queremos agresión”.

Al llegar a la Plaza de Armas, Gabriel Ponce encabezó un mitin en el que fue acompañado por el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG), Roberto López, y líderes campesinos.

La negociación comenzó aproximadamente 45 minutos después. La comitiva, que presidió el diputado tricolor, se integró con el presidente del comisariado ejidal de Lázaro Cárdenas (El Rebalse de Apazulco), Francisco Martínez; el delegado municipal, Cuauhtémoc Robles, y el líder cenecista de la costa, Gregorio Vélez, y fue recibida por Julio Villalpando Guerrero, funcionario de la subsecretaría.

A las tres propuestas planteadas, la respuesta fue esquiva, pues Villalpando pidió el resto del día para negociarlo al más alto nivel. “Lamento decirles que salimos con las manos vacías”, dijo Ponce Miranda después de las tres de la tarde.

El legislador responsabilizó al gobernador del estado, Emilio González Márquez, de la violencia que pueda suscitarse contra sus agremiados. La desazón crece entre quienes, dos semanas atrás, eran simples comerciantes, colonos y campesinos.

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“Problema de particulares”

Con el argumento de que es un conflicto legal entre particulares, el gobernador Emilio González Márquez trató de desmarcar a su Administración del desalojo realizado por policías estatales en la playa de Tenacatita. “Este es un problema entre particulares, no es un proyecto del gobierno del estado, este es un litigio que por más de 23 años están llevando particulares por la posesión de una tierra que dicen ellos les pertenece, el Estado no toma decisión, aquí no nos corresponde”, manifestó el mandatario estatal en entrevista televisiva.

Aunque aceptó que el desalojo realizado en esos terrenos fue ejecutado por elementos estatales de seguridad, reiteró que fue como resultado de una orden de un juez en cumplimiento del marco legal y no por iniciativa del gobierno estatal. “Lo que estamos haciendo ahora es buscar que los que están en litigio puedan tener un diálogo, puedan, si es el caso llegar a acuerdos que puedan incluso presentar algo ante la autoridad judicial, porque nosotros no atendemos presiones de grupos o de particulares, nosotros acatamos la ley y la disposición de la autoridad”.

En cuanto a la violación del derecho de acceso a las playas nacionales, que estarían impidiendo los policías estatales tras el desalojo realizado el 4 y 5 de agosto pasado, dijo que éste se permitirá “de la manera en que el juez lo ordene, nosotros no tenemos decisión ahí.