Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 5 de agosto de 2010El gobierno del estado, por medio de la Comisión Estatal del Agua (CEA), espera consolidar el proyecto Modelo Agua Jalisco para resolver los grandes pendientes del sector, en especial la calidad y cantidad del servicio de agua potable, la viabilidad del saneamiento y la sustentabilidad financiera del sector, todos los cuales atraviesan actualmente por una crisis, señaló el titular de la dependencia, César Coll Carabias.
Al dar comienzo formal a las jornadas de discusión para el modelo, en las que se pretende involucrar a todos los órdenes de gobierno y los poderes, Coll Carabias fue precedido por el gobernador del estado, Emilio González Márquez, quien llamó la atención sobre los grandes rezagos en saneamiento, pues apenas se tratan 17 por ciento de las aguas negras, hay once instalaciones nuevas que no operan porque los municipios no tienen recursos para hacerlo.
Coll Carabias destacó: “Es indispensable la evolución del modelo actual, debemos dejar de actuar en solitario y trabajar los tres órdenes de gobierno, los poderes de la unión, la sociedad organizada, los grupos especializados y las instituciones de educación superior, en la búsqueda de nuevas políticas públicas que dejen atrás las viejas prácticas en donde el municipio es el único responsable, a pesar de no contar con el apoyo y las bases suficientes para hacerse cargo de un recurso vital”.
La autonomía municipal que pretendía alcanzarse a través de la descentralización de los servicios de agua, “en Jalisco provocó un efecto contrario poniendo en riesgo la calidad de vida de sus habitantes, por eso, es impostergable establecer la planeación adecuada del recurso”.
Modelo Agua Jalisco es la propuesta para “darle un giro radical al modelo actual para la prestación de los servicios de agua; un proyecto que tiene como objetivo establecer las propuestas puntuales de los gobiernos del estado y municipios, así como el Poder Legislativo, a fin de modificar las políticas públicas que nos permitan establecer tarifas justas en el cobro del servicio, que los recursos del agua dejen de ser la caja chica de los municipios y se inviertan en infraestructura, operación y mantenimiento, para mejorar los servicios”, añadió el funcionario.
El nuevo modelo obliga a una nueva política de precios, con una función social, una económica y una financiera, que “debe identificar la capacidad de pago de los usuarios y otorgar el servicio reconociendo la posición relativa que cada grupo tiene dentro de la economía […] que los ingresos cubran los costos de operación, mantenimiento, administración y su financiamiento, […] y establecer incentivos para orientar la demanda”, puntualizó.
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