Decreto 21,540 del Legislativo faculta a director de la Comisión Estatal del Agua para firmar contratos, como el de Aguaprieta
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 3 de agosto de 2010
La Comisión Estatal del Agua (CEA) recibió desde el 9 de noviembre de 2006 la autorización del Congreso del Estado para establecer contratos, créditos y demás convenios necesarios para la realización de los proyectos de saneamiento de El Ahogado y Aguaprieta. Para ello se emitió el decreto 21540/LVII/06, donde de forma expresa se reconoce esa facultad basada en la Ley del Agua para el estado de Jalisco y sus municipios.
Así lo interpreta la dirección jurídica del organismo estatal, aludiendo a la redacción del artículo segundo del citado decreto, lo que a su juicio echa por tierra la principal objeción que ha hecho el coordinador priista, Roberto Marrufo, a la legalidad de las contrataciones de las plantas de tratamiento que sanearán las aguas de la ciudad.
El texto emitido por los diputados y publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 9 de noviembre de 2006, sección III, autoriza “[…] Al director general a celebrar los contratos, convenios y demás documentos estrictamente necesarios para el cumplimiento en sus términos del presente decreto [...]”.
La dependencia desmiente otros señalamientos del coordinador tricolor. Respecto a la supuesta falta de información, los oficios D.G. 471/2010, D.G. 508/2010 y G.J. 79/2010 demostrarían que se han estado emitiendo las respuestas a sus dudas. Dichos documentos están fechados el 5, el 19 y el 27 de julio, y ofrecen precisiones a temas como el convenio de ocupación temporal con la comunidad indígena de Mezquitán para los lodos de la planta, la vigencia de la línea de crédito que debe garantizarse para cumplir con la obra y los documentos sustantivos para la cesión de los terrenos de la planta para la concesionaria.
Respecto al riesgo de perder los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se le mandó el documento “que demuestra que la prórroga para evitar esa pérdida la solicitó el gobierno de estado a través de la CEA, desde el 6 de mayo de 2010, siendo autorizada el 3 de junio por hasta 180 días naturales, concluyendo el 30 de noviembre del presente”.
No obstante, no se han obtenido dos decretos fundamentales para la obra de Aguaprieta: la ratificación del crédito contingente, y dos, la iniciativa de autorización del Congreso al Ejecutivo para celebrar comodato y trascender la administración pública en funciones (2007-2013). “El comodato debe garantizar un período de 20 años, tiempo en el que será construida y operada por la empresa antes citada”.
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Complicado, aprobar solicitud sobre Aguaprieta
El Congreso del Estado no aprobará todas las solicitudes del gobernador Emilio González sobre la construcción de la planta de tratamiento de Aguaprieta, porque se busca subsanar la falta en que incurrió el titular de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Raúl Vargas López, dijo que en principio el Ejecutivo había manifestado que sólo requería la autorización del Congreso para dividir el crédito para el proyecto de saneamiento de agua para la zona metropolitana en dos líneas, una para Aguaprieta y otra para El Ahogado. Pero señaló que el gobernador sabe que también está pendiente una iniciativa a través de la cual se le autorizaría a “convenir las modificaciones o cancelación de los convenios y contratos autorizados en el decreto o con anterioridad al mismo”. Lo que significa, afirmó, “que el Congreso le regularice lo que hizo de forma irregular”, refiriéndose al contrato de prestación de servicios que firmó César Coll en septiembre del año pasado con la empresa que ganó la licitación.
Agregó que es una práctica regular del gobernador enviar iniciativas “entre otra información que le solicitamos, para luego comentar que el Poder Ejecutivo no le presta atención a la información que remite”. Consideró que el Legislativo no puede validar dicho contrato que, sin ser legal, le da derechos plenos de concesión a la empresa “sin haber mediado un proceso interno”, a pesar de que Coll sostiene que “no tiene el alcance que el contrato sí señala”. Afirmó que en la ley no se prevé que él pueda celebrar un acto jurídico como la entrega de la planta.
El Congreso del Estado no aprobará todas las solicitudes del gobernador Emilio González sobre la construcción de la planta de tratamiento de Aguaprieta, porque se busca subsanar la falta en que incurrió el titular de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Raúl Vargas López, dijo que en principio el Ejecutivo había manifestado que sólo requería la autorización del Congreso para dividir el crédito para el proyecto de saneamiento de agua para la zona metropolitana en dos líneas, una para Aguaprieta y otra para El Ahogado. Pero señaló que el gobernador sabe que también está pendiente una iniciativa a través de la cual se le autorizaría a “convenir las modificaciones o cancelación de los convenios y contratos autorizados en el decreto o con anterioridad al mismo”. Lo que significa, afirmó, “que el Congreso le regularice lo que hizo de forma irregular”, refiriéndose al contrato de prestación de servicios que firmó César Coll en septiembre del año pasado con la empresa que ganó la licitación.
Agregó que es una práctica regular del gobernador enviar iniciativas “entre otra información que le solicitamos, para luego comentar que el Poder Ejecutivo no le presta atención a la información que remite”. Consideró que el Legislativo no puede validar dicho contrato que, sin ser legal, le da derechos plenos de concesión a la empresa “sin haber mediado un proceso interno”, a pesar de que Coll sostiene que “no tiene el alcance que el contrato sí señala”. Afirmó que en la ley no se prevé que él pueda celebrar un acto jurídico como la entrega de la planta.
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