No hay bloqueo a la playa de Tenacatita ni policías estatales, asegura el dueño de inmobiliaria Rodenas, quien ya denunció por vía penal a funcionarios federales y locales. Andrés Villalobos asegura que “la carretera termina al llegar a mi predio” y entonces no hay, a su juicio, privatización
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 26 de agosto de 2010
José María Andrés Villalobos, accionista principal de Inmobiliaria Rodenas SA de CV, entidad que tiene 22 días en posesión del predio contiguo a la playa de Tenacatita, arremetió ayer contra políticos de La Huerta y del gobierno federal, y los acusó de vender fraudulentamente la propiedad que ha recuperado por orden judicial.
Tan está seguro de esa acción delictiva, que confirmó la presentación de denuncias penales en contra del director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Luis Gutiérrez Miranda; del presidente municipal de La Huerta, Carlos Ramírez Núñez; del delegado municipal de El Rebalsito y ex dirigente ejidal Cuauhtémoc Torres Godínez, y de diversos responsables del comisariado ejidal de El Rebalse de Apazulco (hoy Lázaro Cárdenas), quienes estarían involucrados con la venta ilegal de cientos de lotes y son socios en el proyecto Estero Verde, del que han vendido derechos tanto en los terrenos hoy en posesión de Rodenas como en la zona federal misma, en lo correspondiente al manglar.
“Desafortunadamente, la opinión publica está manejando algunas cosas que no son ciertas: en primer lugar les queremos comentar que este es un terreno particular, que nunca ha sido terreno ejidal, y que indebidamente se incurrió en una ampliación de un ejido, pero que las más altas autoridades del país después de 38 años en cada uno de los muchos juicios que se siguieron nos dieron la razón”, explicó.
Negó que haya imposibilidad de llegar por vía terrestre a la playa, para lo cual, exhibió una fotografía donde el enmallado que instalaron “por orden del juez” llega hasta el límite con la playa federal y por allí se puede ingresar, en una ruta a pie que lleva de El Rebalsito al cementerio de los pobladores, al norte de la propiedad que tiene en posesión.
“Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la ley”, enfatizó.
Añadió que la seguridad del predio corre por su cuenta, pues tiene tres grupos de policía auxiliar con alrededor de cien elementos custodiando día y noche. Negó que la tarea la cumplan policías estatales de Jalisco (en contradicción con lo que afirman el gobernador y el secretario de gobierno de la entidad), y también aseguró que los daños al manglar los hicieron los ejidatarios y sus socios en los proyectos inmobiliarios que el desalojo ha detenido.
Tanto Andrés Villalobos como sus asesores jurídicos enfatizaron que en esta historia los papeles están cambiados: “nosotros somos las víctimas”.
Lo que se hizo el 4 de agosto —el desalojo— fue “la continuación de una diligencia que se interrumpió hace diez años; desafortunadamente, en ese entonces, el presidente municipal de La Huerta y su policía interrumpieron el proceso y pusieron en riesgo la vida de los actuarios […] esta vez de nuevo hubo violencia, hay señores de Derechos Humanos que fueron agredidos [mostró una foto con un individuo ensangrentado], disparos de arma de fuego e intimidación […] agradecemos al gobierno del estado que haya hecho todo por aplicar el estado de derecho”.
Andrés Villalobos dudó que haya realmente terceros que actuaran de buena fe al comprar predios en la zona, pero promete a los que se lo demuestren y estén dispuestos a denunciar, pagarles los gastos del juicio “para meter a los defraudadores a la cárcel”.
El ejido “tan obró con dolo”, que una vez que perdió diversos amparos contra la entrega del predio a Rodenas en los años 90 del siglo XX, reconoció públicamente ante un juez civil una posesión “de mala fe”, aunque pública y pacífica, en busca de obtener la prescripción positiva que le diera el dominio pleno (es decir, no como ejido, sino como pequeño propietario).
También se refirió al bloqueo de la carretera estatal que llega a la playa: no consideró que sea tal, pues “la carretera termina al llegar a mi predio”. Después, la obra que se prolonga —fruto del contubernio de la mafia política que ha denunciado— sobre sus terrenos pierde, de derecho, esa calidad, aunque esté pavimentada y haya servido por más de quince años como ruta pública de acceso a la playa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario