Hay más de 300 millones de pesos para Jalisco, pero deben aumentar presupuestos. Rescatar selvas secas y bosques de niebla, contener el crecimiento de Puerto Vallarta y establecer la conectividad de los ecosistemas regionales, las metas en un lustro de la iniciativa, señala la Conafor. La ganadería (foto) es uno de los grandes factores que propician el daño
Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO JALISCO
El programa de acción temprana para la reducción de deforestación y degradación de bosques (REDD+) en las cuencas costeras de Jalisco, uno de los cinco fundamentales del país, pretende en cinco años evitar que Puerto Vallarta invada zonas forestales de selva, establecer la conectividad biológica entre la cuenca del río Ameca y las de la sierra de Manantlán, mantener los bosques de montaña —especialmente el bosque de niebla o mesófilo— y rescatar las selvas secas de la creciente destrucción que padecen.
Esto lo explicó el gerente de silvicultura comunitaria de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Salvador Anta Fonseca, quien precisó que si bien ya se cuenta con recursos iniciales (325 millones de pesos de todos los programas del organismo), se deberán incrementar para atender durante ese lustro las causas de deforestación y degradación, que tienen a la región como la segunda que más se deforesta en México, tras las selvas chiapanecas.
Jalisco incrementó, a partir de 2002, en 37 por ciento su tasa anual de pérdida de bosques y selvas, para situarse actualmente en el segundo lugar nacional, con 31,645 hectáreas por año de “pérdida neta”, sólo por detrás del estado de Chiapas, que registra 32,332 hectáreas en las mismas condiciones (MILENIO JALISCO, 6 de junio de 2011).
“La oportunidad que nos da el mecanismo de REDD+ es construir políticas integrales y superar las políticas sectoriales vigentes, de manera que todas las actividades productivas y las políticas sociales pasen por el mismo esquema y así se atiendan las causas directas en indirectas de la deforestación”, apuntó Salvador Anta.
Además de la costa de Jalisco, los programas de acción temprana incluyen la región península de Yucatán y Chiapas, pero se le sumaron recientemente el estado de Oaxaca y la cuenca Cutzamala, enclavada en México, Michoacán y Guerrero, de donde se abastece de agua al Distrito Federal.
“Para tener un resultado concreto, que refleje la contención del problema, la restauración de los bosques y selvas, las oportunidades sociales, infraestructura, empleo, debemos poderlo medir; en la selva Lacandona ya tenemos resultados interesantes, pero será importante ampliarlo al resto del país; ya hay otros estados que se acercan: Puebla, Durango, Guerrero, Chihuahua [...] Es un modelo de articulación interinstitucional y a partir de presupuestos y políticas, medir si realmente estamos logrando evitar la deforestación y degradación. La idea es en 2012 dejarlo consolidado y fincado para que las siguientes administraciones se lo vayan apropiando, el reto es la continuidad”, dijo.
En particular, en la región costera de Jalisco se han podido construir las siguientes estructuras que darán viabilidad al proceso: las juntas intermunicipales de medio ambiente del río Ayuquila, del río Coahuayana y de las Cuencas Occidentales (es decir, las montañas de Talpa, Mascota y Tomatlán), debidamente constituidas y con fideicomisos para recibir fondos; talleres y reuniones de capacitación con las organizaciones de silvicultores de la región; apoyo de diversos fondos internacionales: LAIF-Unión Europea, certificación forestal y biodiversidad (Naciones Unidas y Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF) y el Fondo Patrimonial para la Conservación de la Biodiversidad.
Las acciones, subrayó Salvador Anta, buscan integrar agricultura, ganadería y bosques; incluir consideraciones sobre mitigación y adaptación al cambio climático; coherencia con estrategias de biodiversidad y agua (no sólo carbono) y aplicar las cinco actividades REDD+: reducir las emisiones por deforestación, reducir las emisiones por degradación forestal, conservar e incrementar los acervos de carbono forestal y manejar sosteniblemente los bosque, “aunque pueden implementarse de forma progresiva y no todas simultáneamente”.
Además, permite la experimentación metodológica “que servirá para el desarrollo de la estrategia nacional”; la evaluación de mercados voluntarios de carbono o mercados internacionales de carbono; el fortalecimiento de la gobernanza, “construyendo arreglos institucionales de largo plazo” así como la promoción de la competitividad de las economías rurales asociadas al bosque, “fortaleciendo el manejo comunitario de los bosques y sus empresas forestales”, concluyó el funcionario.
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Claves
REDD+ en México
• La REDD+ parte del reconocimiento “de que los procesos de deforestación y degradación de los bosques se encuentran más allá de las fronteras de los ecosistemas forestales, lo que implica el ajuste y armonización del conjunto de actividades y políticas que se desarrollan en el territorio y que competen a las distintas actividades de todos los sectores y la vida social en general”, señala Leticia Gutiérrez Lorandi, gerente de proyectos de carbono de la Conafor.
Tres metas
• En 2020 México “tendrá un balance cero de emisiones asociadas al cambio de uso de suelo y adicionalmente estará incrementando la calidad de los acervos de carbono, de forma que se conserve la biodiversidad e integridad de los ecosistemas, mediante acciones como el manejo forestal sustentable, la conservación y el aumento de reservorios de carbono”.
• Para 2020, en México “la tasa nacional de degradación forestal se habrá reducido significativamente respecto del nivel de referencia. Se habrá extendido el uso sustentable de los recursos, disminuido las quemas no controladas y agentes de disturbio en los ecosistemas, y se habrá fortalecido la aplicación de la ley, la educación y la participación social”
• Al 2020 “México habrá mantenido la biodiversidad de su territorio, fortalecido el capital social de las comunidades rurales y promovido su desarrollo económico a través de un desarrollo rural sustentable”.
Oportunidades
• “El manejo sustentable de los bosques y selvas representa una oportunidad global de mitigación, con potencial importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con importantes co-beneficios sociales y ambientales y como opción viable, política y financieramente, en el corto plazo”.
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Documento del Centro para la Investigación Forestal Internacional sobre REDD+
Árboles: crecer sobre el dinero
El Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor) hizo un análisis de las oportunidades que significa la estrategia REDD+, acordada en las reuniones de las partes sobre cambio climático de las Naciones Unidas, en Copenhague y Cancún, en 2009 y 2010.
En un documento denominado “¿Crecen los árboles sobre el dinero?”, la organización destaca que, en buena medida, la suerte del concepto dependerá de los países al aplicarlo.
“Las estrategias REDD nacionales deberían prestar atención prioritaria a eliminar las políticas actuales, más que a reducir los costos y riesgos de las actividades que llevan a la deforestación y degradación o que impiden actividades que sirven de apoyo a la gestión forestal sostenible”.
En los primeros puestos de esa lista “debería estar la eliminación de subsidios para las actividades que conducen a la tala del bosque, incluyendo aquellos que hacen de la agricultura, la ganadería o el desarrollo de biocombustibles unas actividades más beneficiosas y a aquellos que reducen el riesgo de las inversiones de la industria forestal en la ausencia de suministro de madera. Las regulaciones que tienen el efecto de obligar a las empresas forestales locales y a las de pequeña escala a crear oportunidades para la corrupción, como procedimientos permisivos para explotación de onerosos recursos forestales no maderables, deberían ser revisadas”.
De cualquier modo, “la eliminación de subsidios y regulaciones contraproducentes, por sí mismas, pueden no ser siempre suficientes para revertir muchas de las fuerzas que promocionan la deforestación y la degradación”.
En las zonas “donde los derechos relacionados con la propiedad forestal son claros y están protegidos, las formas de transacción de pago privada directas, como los esquemas PSA [Programa de Servicios Ambientales], se muestran como una alternativa prometedora para cambiar el comportamiento de los propietarios de las tierras. En otros casos, las estrategias REDD pueden requerir una inversión previa en la clarificación de la propiedad forestal”, caso dominante en México.
“Un mayor esfuerzo en la aplicación de las leyes dirigidas a combatir el delito forestal a escala industrial, asegurando que el desarrollo de carreteras nuevas no da acceso a bosques vulnerables y un aumento en la conformidad con las garantías de las empresas forestales, deberían ser consideradas como de máxima prioridad”, añade.
Los nuevos mecanismos de incentivos y de enfoques reguladores mejor dirigidos en apoyo de las REDD, “a su vez, requeriría la creación de nuevos mecanismos de gobierno y de capacidad institucional. Los esquemas de transferencia de pago, por ejemplo, sólo pueden ser efectivos a largo plazo si existe una organización intermediaria para destinar y canalizar los fondos de una manera eficaz y transparente, y si hay mecanismos de seguimiento en el lugar para asegurar la realización por parte del ‘vendedor’ de la devolución del pago. Un control más eficaz del delito forestal a escala industrial no resultaría en persecuciones exitosas sin una inversión en el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas judiciales oficiales”.
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