viernes, 9 de diciembre de 2011

Hijos ausentes de Temaca hablaron con el gobernador


Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO JALISCO

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, “tuvo que escuchar a los hijos ausentes de Temacapulín, en Los Ángeles, con motivo de la inauguración de la Casa Jalisco en esa ciudad”, informó ayer Guadalupe Espinoza, miembro del grupo de abogados que defienden la causa de los habitantes del poblado alteño, amenazado de ser inundado por la presa El Zapotillo, aún en edificación.

La federación de clubes representativos de poblados y municipios jaliscienses que se organizan en Estados Unidos, “los convocó al encuentro [con el gobernador], el pasado 5 de diciembre e integrantes del club Temaca de Los Ángeles, asistieron a dicha reunión, con el objetivo de reiterar en persona, con Rigo Rodríguez a la cabeza, su posición de rechazo a la obra, recalcarle que el proyecto de la presa se inició sin el convencimiento de las personas, que se violan sistemáticamente derechos humanos y que, sobre todo, existen alternativas para no inundar el pueblo y solucionar el abastecimiento de agua [de Guadalajara]”.

González Márquez, añadió, “sólo repitió el discurso con el que su Administración se disculpa ante la afectación: la obra es de carácter federal y hace falta agua”. Durante la charla sostenida con hijos ausentes, “éstos le mostraron fotografías del pueblo y se comprobó que el gobernador no conoce físicamente Temacapulín y que, por tanto, no tiene 50 por ciento más uno que había prometido convencer, ya que al admirar las fotografías reconoció que era un pueblo hermoso”.

Los defensores de Temaca aseguran que se ha comprobado que la Comisión Estatal del Agua “no puede convencer ni a 20, ni 50, mucho menos a 100 por ciento de propietarios y habitantes de Temacapulín para que abandonen su poblado, por lo que acudió al autoritarismo característico de este sexenio, citando vía edictos a nueve familias para negociar la compra-venta de propiedades. De los nueve casos, ninguno aceptó la negociación. Su negativa no se basa en lo ofrecido, de cuatro pesos por metro cuadrado o 39 mil pesos tras proceso de expropiación, sino porque sus casas, sus terrenos, su historia, su dignidad, no tienen precio”, añadió el activista.

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