transparencia, 44 crímenes sin castigo

El sector público simula respetar la ley, pero niega datos que piden los ciudadanos. La violación del derecho a la información es un hecho cotidiano, porque la PGJEJ no sanciona las omisiones, indica presidente del Itei

Guadalajara. Agustín del Castillo, MILENIO JALISCO

En el tema de la transparencia, Jalisco llegó a estar en la vanguardia nacional al crear una ley donde se establecía que los sujetos obligados eran todos los que recibían dinero público, sancionar penalmente las omisiones y permitir que cualquier ciudadano ejerciera ese derecho. Hoy, se lucha contra las simulaciones de los entes públicos y la mejor prueba de los retrocesos son las 44 denuncias penales que la procuraduría local no ha permitido prosperar.

“Esto lleva una década. Creo que el ciudadano ha ejercido su derecho, ha preguntado y a la dependencia se le hace lo más fácil negar la información o decir que de plano no existe, y después hacen su informe al Instituto [de Transparencia e Información Pública de Jalisco] como lo deriva la ley. Esto implica que lo único que están haciendo es prolongar la entrega de la información. Por su parte, el Itei lo que ha hecho es buscar la manera en que el ciudadano no le deje de preguntar al gobierno, y al gobierno la única línea que se le da es que debe de entregar la información”, explica el presidente del organismo, Jorge Gutiérrez Reynaga.

Entre los omisos destacan el gobierno del estado, el Congreso, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, el Poder Judicial y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Entre los casos archivados están desde la petición del recibo de nómina del entonces gobernador, Francisco Ramírez Acuña, en 2005, que se negó a entregarlo y el Itei pidió una sanción para el mandatario estatal, hasta la solicitud de la información al IPE sobre el proyecto turístico de Chalacatepec, en el que invirtió éste (ver gráfico).

A juicio de Jorge Gutiérrez, la transparencia “es parte de una formación cultural” y los magros presupuestos que se han ejercido no permiten que el ciudadano conozca tanto sus derechos como “lo que es el Instituto”. Para el presupuesto 2012, el Itei espera que el gobierno permita crecer su gasto de poco más de 20 millones de pesos a 60 millones, pues se busca caminar hacia la regionalización y difundir de forma intensiva la importancia que tiene ejercer el derecho a la información en una democracia.

“Sí estoy preocupado con los poquito recursos que tenemos. Los hemos usado para hacer diplomados de los que han egresado numerosos ciudadanos. Pero es esencial crecer”.

—¿En qué momento se perdió el impulso inicial? Se empezó muy bien y hoy pareciera que buscan alargar estos procesos antes de entregar esta información, parece que se hizo un problema político…

—Bueno, al funcionario le preguntan y se siente intimidado, y si tu intimidad sientes que es violentada, no tiene la suficiente fluidez para entregar la información. La mayoría de los que son abogados, por ejemplo, dicen: no es posible que la Ley de Transparencia no pida que se identifique al que pide la información; y eso es un logro del ciudadano, porque antes necesitabas un abogado para conocer la información; y qué hace el abogado, pues estrategias jurídicas, por ejemplo, te prolonga lo de cinco días de respuesta, a otros cinco días, luego te niega la información, luego vienes al Instituto y nosotros, en el proceso de revisión, les decimos que tienen que entregar la información, y ahí utilizan artimañas o argumentos jurídicos; buscan en la ley ciertos atajos y entonces por ahí se van. Incluso hay sujetos obligados que cuando se les ha ordenado entregar la información, como lo marca la ley, se van al amparo o a las controversias constitucionales o incluso al Tribunal Federal Electoral…

—Otras veces buscan el error en la petición, cuando yo supongo que debieran aplicar la “suplencia de queja”, o sea, subsanar los errores en una petición para que efectivamente tengan información.

—Claro. La Ley de Transparencia maneja exactamente la suplencia de la queja y el ciudadano no necesita usar palabras bonitas ni argumentos jurídicos, puede ser tan simple como que en un papel se queje ante el Instituto de que el gobierno no le entregó la información y el Instituto tiene la característica al aplicar la ley, de suplirle la queja. Por ejemplo, a veces la petición dice: de acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la Información solicito estos datos a la Secretaría de Salud de Jalisco y entonces, no porque no venga bien fundamentada no se acepta este recurso, ahí la corregimos y la aceptamos.

—Pero si seguimos en ese caso hipotético, si yo presento defectuosa mi petición a Salud, ¿no tendría la obligación la propia secretaría de hacer esa enmienda?

—Claro, pero no lo hacen. Te niegan la información y es cuando el ciudadano se ve afectado en su interés. Por eso el Instituto busca, con la escuela de transparencia, la difusión […] Yendo a capacitar es como podremos orientar al ciudadano, para que no caiga en esos problemas.

—Uno pensaría que con la transición democrática cambiamos y que ya no está vigente el viejo atavismo, de que el funcionario o el gobierno son los dueños de la información, aunque todo se haga con recursos públicos, de nuestros impuestos; parece que el poder se resiste a ser transparente, por el temor de ceder poder al ciudadano…

—Claro, hay que recordar que los órganos constitucionales autónomos se crean para exigir esto al poder, en las decisiones políticas, y el servidor público a la vieja usanza, aunque exista un cambio o una transición política, no deja de recordar lo que decían los viejos políticos, de que la información es poder. Entonces, cuando hay un cambio democrático, llega una nueva mentalidad de crear una ley de transparencia y cuál era la mentalidad: primero era legitimar. Recuerdo lo que decía [el entonces presidente Vicente] Fox: legitimar lo que hace el gobierno. Pero ahorita a la gente en el gobierno se le olvida que no sólo hay que hablarlo, sino hay que predicarlo con el ejemplo.

—Si recordamos el toallagate con Fox, parece que se dieron cuenta del alto costo de la transparencia…

—Sí, pero la única manera en que puedes validar la actuación del gobierno es mediante la trasparencia, que el ciudadano conozca lo que estás haciendo y que el ciudadano participe en las decisiones políticas de un gobierno. ¿Y cómo va a participar? Con información. Si el gobierno le da la información, por ejemplo una nueva calle que pasará por tu colonia, el ciudadano puede prevenir un error del gobierno y eso lleva a una mejor toma de decisiones, y de forma más legítima.

En esta entidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) ha decidido que la opacidad no es tema de penalidades, aunque la ley prevé esas sanciones. “Se menciona que esta ley [de Información Pública, aprobada la semana pasada por el Congreso del Estado] tiene muchos dientes, pero mientras no se responsabilice la procuraduría; mientras no haya una auténtica división de poderes, no va a caminar […] Ahí entran la procuraduría y el Poder Judicial: el Ministerio Público hace la investigación y el Itei es coadyuvante cuando se comete un delito por ocultamiento de información, pero el juez es la otra parte y es el que tiene que dictar auto de formal prisión, porque así está estipulado en nuestra ley y en la Constitución, en el artículo noveno, pero qué pasa cuando no hay autonomía o una auténtica división de poderes…”.

Pasa que los casos no prosperan. Y 44 denuncias por violar los derechos a la información de ciudadanos, en su inmensa mayoría, se han archivado en los anaqueles de la procuraduría, con lo que estos delitos han quedado sin castigo.

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Los MP foráneos sí consignan

••• Con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) se tienen dos experiencias en el tema transparencia: mientras las denuncias interpuestas en las agencias del Ministerio Público de la zona conurbada de Guadalajara terminan “en archivo”, en las agencias del MP foráneas se les suele consignar a un juez, sin que ello haya generado, desde 2005, algún condenado por la omisión en la entrega de la información, señala el director jurídico y de capacitación del Instituto de Transparencia (Itei), Alfredo Delgado Ahumada: “Nos dimos cuenta que cuando se interponían las querellas, en municipios foráneos a la zona metropolitana se tomaba el trabajo de hacer la investigación y derivar en una solicitud ante el juez correspondiente, nada parecido a lo que tenemos en la capital del estado”.

Hubo incluso una orden de aprehensión que se libró en el caso de Cihuatlán, pero el funcionario quedó libre porque su nombramiento era defectuoso y no se le pudo responsabilizar del asunto.