Gobierno colimense amenaza con penas de hasta 40 años de cárcel; defensa de los indígenas reclama suspensión de una suspensión judicial y abuso de poder de la procuraduría local. Gobierno de Jalisco no ha intervenido.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
"En Colima esos amparos no sirven”, le dijo, furioso, el procurador de justicia de ese estado, Marcos Santana Montes, al joven abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), antes de forzarlo a subir –en calidad de detenido, in fraganti- a la tanqueta desde la que conducía la operación de desalojo de más de 500 ejidatarios nahuas que reclamaban la restitución de sus tierras en poder de la minera Peña Colorada, al anochecer del pasado 22 de julio.
La exhibición de la suspensión otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, en el marco del expediente de revisión 231/2013 del juicio de amparo 462/2013, que se lleva en el juzgado IV de distrito de Guadalajara, careció de interés para el funcionario, le confió Mosqueda a la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, su jefa en el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), tras pasar la noche en los separos judiciales de la capital de Colima, con la ropa desgarrada, y presto a dar testimonios del encarnizamiento de gendarmes contra campesinos sin distinción de condición: Mujeres, niños y viejos, desde hematomas hasta fracturas.
34 detenidos en total, reconoció la Procuraduría General de Justicia del estado, en una conferencia de prensa, en que acusó a los ejidatarios nahuas de “despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada”, al intentar ejecutar su amparo, cuya traducción legal sería: Que todas las actividades extractivas, de transformación, de vertidos y de administración que se hacen dentro de los terrenos ejidales, se detengan. Hay otro medio centenar de lesionados que se dispersaron por las localidades de la sierra. Los nahuas están temerosos de que la procuraduría ejecute diez órdenes de aprehensión más contra “líderes” de la comunidad. “La venganza contra el atrevimiento de reclamar lo que nos corresponde quieren hacerla ejemplar”, señalaba ayer por la noche un líder comunitario.
A la par del miedo, está la irritación por la andanada de invectivas que el gobierno vecino desató en medios de comunicación locales: “Esas personas pueden alcanzar una penalidad de hasta 40 años de prisión y no tienen derecho a fianza. Vamos a proceder con toda energía puesto que en Colima el estado de Derecho tiene que respetarse, cuando una persona comete un delito tiene que responder por las consecuencias legales que el mismo le implicó”, dijo el procurador colimense, y detalló “cuantiosos daños a patrullas y equipo táctico policial” así como diez policías presuntamente lesionados con piedras y palos. Por su parte, Arturo Tronco, director general de Peña Colorada, dijo que es inaceptable la exigencia de los ejidatarios de recibir pago por el hierro extraído, y negó que se estén extrayendo materiales de las tierras del ejido. Acusó a los ejidatarios de extorsión.
Gutiérrez Nájera respondió que la autoridad local se comportó como “parte” y no de forma imparcial, y recordó que el desacato a una orden judicial puede llevar a la destitución de los funcionarios colimenses, como lo es el propio procurador.
“Hemos estado aquí a la espera de tener acceso a los detenidos, están incomunicados y sabemos que fueron golpeados por los policías, que no les importó que muchos sean de la tercera edad, algunos con diabetes inclusive, otros con fracturas, estamos exigiendo que se nos permita ver, hay una cola de familiares de los detenidos afuera de la procuraduría, es un trato muy indigno”, señaló la catedrática de la UdeG.
Junto con ella, acudieron a la capital de Colima personal de la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya recibió queja por parte del ejido; el asunto fue denunciado también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, instancia que en el pasado ha hecho pública su preocupación por los abusos padecidos por la comunidad aborigen en su lucha desigual con la empresa transnacional.
Pedro León Corrales, también asesor ejidal, dijo que los hechos del martes son suficientemente graves como para generar un rompimiento con la minera en las pláticas de conciliación que se realizaban en la Procuraduría Agraria, y lamentó que el colimense sea solo “gobierno gendarme” al servicio de la empresa.
El meollo es que los ejidatarios tienen su plano definitivo de dotación inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Autlán desde los años 90, con su territorio que alcanza hasta el río Marabasco y las tierras que explota Peña Colorada; para contrarrestarlo, ésta recibió escrituras del gobierno de Colima, fruto de un proceso de expropiación que no afecta al ejido, sino a pequeñas propiedades, pero que están aparentemente traslapadas al polígono de dotación. No obstante, esas escrituras son de fecha posterior: Del año 2000. “El primero en tiempo es primero en derecho”, advierte la defensa del ejido.
Pero reconocer ese orden legal básico tiene costos extra que Colima no está dispuesto a afrontar: Reconocer la soberanía jalisciense en la zona. No importa que la dotación agraria de Ayotitlán la haya decretado en 1963 el presidente Adolfo López Mateos, y que en principio, un tema de límites entre dos estados no la condicione: Para Colima, los intereses de los aborígenes están entreverados con los de su vecino 16 veces mayor, y no se confía de su frecuente pasividad en el tema, refrendada ayer, una vez más.
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“ELLOS ROMPIERON EL DIÁLOGO”
Pedro Mendoza Pérez, indígena de Ayotitlán, relata a las afueras de la procuraduría de Colima, la jornada del 22 de julio en que intentaron retomar el control de sus tierras primordiales hoy en manos de la minera Peña Colorada.
“La realidad es muy distinta a la que aquí están contando los medios de comunicación; las fuerzas antimotines del gobierno de Colima llegaron con una actitud muy prepotente, agrediendo a señoras, señores, ancianos, niños, eso es lo que yo vi, golpeó a la gente de forma violenta, pero ellos dicen todo lo contrario […] primero, cuando llegamos, había un diálogo, no hubo provocación de nosotros; pero ellos verbalmente nos agredieron. La gente estaba tranquila, a punto de dormirse, y los policías nos sorprendieron de forma violenta, nos emboscaron, con actitud muy agresiva. Yo tengo tres familiares golpeados, con golpes graves, huesos rotos, estamos tratando que nos den permiso de verlos, porque a tantas horas no hemos podido”, señala molesto.
Los 34 detenidos no son todos. Hay en Telcruz al menos 24 lesionados que entregaron sus fotos testimoniales a MILENIO JALISCO. Y otra treintena, dispersa en pequeñas aldeas de la sierra, pues la “recuperación” del “territorio colimense” fue completa.
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CRONOLOGÍA
1903. Formalizan el descubrimiento de yacimientos ferrosos en Peña Colorada. En la zona, un juez de Colima ordena diligencias de apeo y deslinde que provoca un conflicto entre los estados.
1920. Matanza de Timbillos, en el río Marabasco. El hacendado colimense de El Cacao, Carlos Fernández, ordena a Juan Arias la muerte de trece indígenas de Ayotitlán, la quema de sus ranchos y de sus cosechas, por ser presuntos invasores. En 1926, los nahuas, incorporados a la lucha cristera, toman venganza en Tacamo contra las defensas de Minatitlán
1963. El presidente Adolfo López Mateos dota al ejido nahua de Ayotitlán, tras “extraviarse” sus títulos virreinales que le daban derechos sobre más de 400 mil hectáreas; en la dotación se ubica buena parte del mineral de hierro y los amplios bosques que desangran las madereras, y que serán el núcleo de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán
1967. Nace como paraestatal la minera Benito Juárez-Peña Colorada, que entrará en conflicto con la comunidad nahua a partir del comienzo de sus operaciones, en 1974. “Se estima que Peña Colorada aporta el 30% del mineral consumido en México usado para la industria siderúrgica que abastece a su vez a la industria automotriz, electrodomésticos y construcción, entre otras”. Genera 1,200 empleos directos y tres mil indirectos en la actualidad
1992. Se registra el plano definitivo y el decreto de dotación del ejido en el Registro Público de la Propiedad de Autlán
1995. Recomendación 122/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pide resolver conflicto de límites a Jalisco y Colima, lo que ambos estados aceptan. 20 años después no se ha resuleto
1998. Jalisco reclama ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus límites con Colima; en 2005, la jurisdicción del problema se pasa al Senado, que no resolvió; el asunto sigue en suspenso en 2015.
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