La minera Peña Colorada tiene “la sartén por el mango”, pues acusa a los ejidatarios de secuestro consumado, despojo y daños en las cosas.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El gobierno de Colima dio ayer una demostración de astucia política a su homólogo de Jalisco: Mientras los secretarios de gobierno de ambos estados acordaban la liberación de los 34 nahuas detenidos en el violento desalojo del pasado miércoles 22 de julio, y el secretario de gobierno de esta entidad, Roberto López Lara, mandaba un grupo de abogados a hacer las gestiones… la procuraduría del estado vecino consignaba, por delitos tan graves como secuestro consumado, despojo y daños en las cosas a los ejidatarios, lo que impide que salgan bajo fianza y da una posición de fuerza a la empresa Peña Colorada.
De este modo, sobre los acuerdos entre las entidades federativas prevaleció el interés de la minera hoy parte de grupo Ternium, que afronta con el ejido Ayotitlán un litigio tan antiguo como su arribo a la región como paraestatal, en particular, desde el comienzo de la explotación del yacimiento ferroso más rico del país, en 1974, sobre superficie que según el plano definitivo del núcleo agrario es parte de la dotación ejidal, reconocida tras un tortuoso proceso que de reconocimiento y titulación se revirtió a dotación, sancionada por un decreto presidencial de 1963.
Los abogados jaliscienses se molestaron al saber, tras reunirse con el procurador local, Marcos Santana Montes, que habrían sido consignados desde las 16:00 horas, aunque las pláticas entre funcionarios de las dos entidades se dieron antes. La misión de Jalisco se reunirá hoy a las 11:00 horas con los responsables jurídicos de Peña Colorada, en busca de negociar un desistimiento.
¿A qué precio? Ese es el punto nodal: La empresa logró que los ejidatarios fueran acusados de secuestro consumado contra tres funcionarios de la mina, que de acuerdo a sus argumentos, habrían sido liberados por el pago de 14 millones de pesos (depositados durante las horas de la ocupación de los nahuas en la zona de aprovechamiento minero); incluso lo hicieron ante notario. Supuestamente, gracias a ese pago, fueron liberados. Pero se exigía el pago de 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro, y eso prolongó las negociaciones de esta “extorsión”, según la explicación que dio el procurador a la misión jalisciense.
Como son delitos graves en el Código Penal de Colima, no alcanzan fianza. Sólo Peña Colorada podría resolverlo vía el desistimiento, aunque si son delitos que se persiguen de oficio, se deberán desvirtuar directamente ante el juez durante el periodo de análisis para determinar si se emite auto de formal prisión o de libertad. ¿Cuál es el precio? “Han prefabricado todo con el apoyo de la procuraduría del estado, es evidente que quieren el desistimiento del amparo”, señaló molesta la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.
Por la noche, la abogada intentaba hablar con los detenidos en el reclusorio de Colima. Lamentó también la información manejada por López Lara, quien habría culpado al ejido de haber incurrido en delitos; “esos son los que defienden a los ciudadanos de Jalisco […] tendremos que asumir la defensa”, exclamó irritada, en una llamada telefónica con MILENIO JALISCO.
Ayer, el gobierno de Jalisco ha visto hasta dónde llegan los “límites de la amistad” con su usualmente cordial vecino del sur, cuando de intereses económicos y políticos se trata: Peña Colorada es la empresa que en lo individual más impuestos paga y más empleos crea para Colima y es la mojonera vital en la disputa limítrofe, que tiene más de un siglo sin resolverse.
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López Lara defiende a Peña Colorada
El secretario de Gobierno, Roberto López Lara, señaló que los ejidatarios de Ayotitlán “fueron malinformados” porque las 192 hectáreas en las que se registra extracción por la minera Peña Colorada, “no forman parte de la suspensión” que se dictó a su favor sobre 1,200 hectáreas. Por ello, consideró que la minera no ha violado la resolución judicial.
López Lara dijo que mantiene comunicación con el gobierno de Colima, para revisar la situación legal de los ejidatarios detenidos, porque “donde se cometieron ilícitos hay que hacer la revisión”.
Se le preguntó si el gobierno de Jalisco conocía los alcances de la resolución que se dictó a favor del ejido de Ayotitlán y el territorio que ampara, a lo que respondió que apenas están revisando, “pero la información que se tiene es que donde están extrayendo el mineral, no es parte del litigio del asunto”.
También se le cuestionó si no actuarían por la entrada de la policía de Colima a territorio jalisciense, aseguró que no se ha confirmado y que hay una “buena relación” con el gobierno de esa entidad.
(Sonia Serrano Íñiguez/Guadalajara)
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