La minera depositó 14 millones de pesos de un convenio vigente que había suspendido días atrás, en busca de impedir la toma de instalaciones, aseguran.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Red Jalisciense de Derechos Humanos consideró "injustificable acto de represión contra los poblados más cercanos al fundo minero" de Peña Colorada por parte del gobierno del estado de Colima, que de este modo "reanudó otro ciclo de represión y violencia contra el mayor ejido y comunidad indígena del estado de Jalisco" en esa región; "... el mejor argumento de Colima es la violencia policial y paramilitar; mientras Jalisco, hace gala de tibieza o indiferencia ante la suerte de los pobladores nahuas", señalan en un comunicado difundido esta mañana, bajo la firma del coordinador de la red, Alexis Mata Sánchez.
"Hacemos responsable al gobierno de Colima de cualquier daño que sufran los ejidatarios detenidos ayer por sus elementos policíacos, y de la misma manera los ejidatarios jaliscienses heridos a pedradas por mozos de la empresa minera. Procederemos a informar de lo ocurrido a las Comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos (OEA), para denunciar este salvaje operativo, y pedir al Gobierno Mexicano tome las medidas cautelares tendientes a asegurar la paz social y la seguridad pública (desarmada) de los habitantes de la franja más grande en litigio (406.8 kilómetros cuadrados)", señala.
El próximo paso "será reagrupar a los reprimidos y recuperar la libertad de los nahuas detenidos. El próximo 23 de julio de 2015, el comisariado y los miembros del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, con la red, cofundadores de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), acudiremos mediante queja y denuncia para generar solidaridad de los miembros del Ejido Ayotitlán, en estas graves circunstancias", advierte.
Los hechos según la versión de la red: El 22 de julio de 2015, "en horas de la tarde, se suscitó un acto de represión contra un centenar de indígenas y campesinos del ejido nahua de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán de G.B., Jalisco, que decidieron tomar las instalaciones del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada [...] sustentados en el Juicio de Amparo (462/2013), otorgado por el Juez 4° de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, para detener la extracción de hierro en su territorio ejidal. Esta decisión se tomó en virtud de que la minera ha seguido sus labores, ignorando la orden judicial de hacer efectiva en su totalidad la suspensión de plano otorgada por el Amparo".
"Para detener la mina, los campesinos decidieron invitar a los integrantes del comisariado ejidal encabezados por Ernestino Ciprián Ocaranza, que apoyados por un centenar de ejidatarios, tomaron el área de ingreso del consorcio. Sin embargo, al enterarse los gerentes mineros pidieron la ayuda de patrullas de las Policías Judicial y Estatal de Colima (antimotines), y unidades del Ejército Mexicano, que bloquearon las puertas de acceso y salida del consorcio. La empresa mandó al Lic. David Cárdenas (apoderado) a negociar con los ejidatarios inconformes con el desacato del amparo, mientras los elementos armados se colocaban en los puestos para cerrar el círculo de la represión", añade.
"El Lic. [Eduardo] Mosqueda, miembro del Instituto de Derecho Ambiental, AC fue enviado por el Lic. Pedro León Corrales, siendo detenido ayer por la policía de Colima y llevado luego a una prisión de la Ciudad de Colima. Fungía como asesor jurídico de los quejosos. Al pastor de ovejas Félix Monroy Rutilo, del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, en la gresca alguien le disparó un balazo, pero él lo esquivó. El arma homicida era empuñada por un policía colimense.
La minera depositó 14 millones de pesos de un convenio vigente que había suspendido días atrás, en busca de impedir la toma de instalaciones, aseguran.
La red ofrece una lista -incompleta. de heridos y detenidos: Fidencio Aguilar Ramos, Javier Contreras Alonso, Fausto Cobián de los Santos, Fortunato Chávez, Germán Pulgarín Monroy, Beatos Chávez Rosales, Eligio Contreras Alonso, Juan Flores, Geovani González Olivares, Santos de la Cruz Fermín, Fulgencio Díaz, Gregorio Cobián Peregrina, Julián Elías Roblada, Angelberto Peña Martínez, Samuel Elías Roblada, Martínez Prada Pulido, Hilario Cobián Ramos, Antonio de la Cruz Nievez, Virgilio Flores Pulgarín, Federico de la Cruz Nievez, Martín Flores Pulgarín, Erick Deniz Ramos (niño), José Luis Flores Gerardo, Francisco Esteban Elías y Francisco Hermenegildo Sánchez.
"La policía colimense también se llevó 15 camionetas de los ejidatarios heridos y detenidos rumbo a Colima, en calidad de detenidas. Y enlistaron otras 15 camionetas para ser “recogidas” después. En horas de la noche grúas contratados por Colima se llevaron las 15 camionetas ya detenidas. Los detenidos fueron llevados –esposados- a la Ciudad de Colima, para procesarlos penalmente por una lista de ”delitos” prefabricados en su contra. Sin embargo, el gobierno agresor a los derechos de libertad personal, decidió ignorar la suspensión del amparo que favorece a Ayotitlán, y ejercer su derecho humano al libre tránsito de personas en tierras del ejido".
Otros 20 ejidatarios y comuneros de Ayotitlán, "que lograron escapar el cerco represivo de Colima, iban lesionados con heridas menores a causa de las pedradas. Los mozos de la minera, pertenecientes al Sindicato Minero, fueron quienes empezaron a apedrear s los ejidatarios jaliscienses inconformes.
Luego se sumaron a la agresión a pedradas los policías de Colima para agredir y expulsar del fundo minero a los de Ayotitlán, Jalisco. Los agresores parecen ser de la Secretaría General del Gobierno de Colima, pues los antimotines están sujetos solamente a las instrucciones del titular de la SGG, quien autoriza el despliegue de la unidad de élite. Con la toma de las instalaciones mineras encima, los gerentes mineros decidieron depositar a las 15 horas, 14 millones de pesos, correspondientes al año 2015-16, en la cuenta mancomunada del comisariado, para suspender la “toma” o “para” de la mina".
Según la versión de J. Jesús Hermenegildo García, presidente del frente, "el Lic. David Cárdenas del jurídico de la Minera, tenía ya preparada a la policía antimotines de Colima, que una hora antes del zafarrancho 'taponeó' todas las entradas y caminos de acceso a la minera. En los tapones también estuvo personal del Ejército, en coordinación con el Lic. Cárdenas que los fue a esperar a la entrada del poblado de La Astilla".
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