La campaña de intimidación busca imponer el proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, advierten defensores de derechos humanos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La disputa por las riquezas naturales del río San Pedro y las Marismas Nacionales se ha enconado, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su aliado principal, el gobierno de Nayarit, son señalados por los habitantes que se oponen al proyecto hidroeléctrico de Las Cruces por “criminalización e intimidación”.
En una videoconferencia realizada ayer para periodistas de todo el país, se hizo el recuento: “los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno [de Nayarit], José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza”.
El resultado son cinco presos políticos, “acusados de delitos sin pruebas […] asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria”.
Lucía Chávez, coordinadora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que “la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos”.
La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional, sancionado además en el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) que “establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó el permiso ambiental al proyecto pero condicionado a una consulta previa que no se realizó, asegura. “[…] la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto […] la CFE debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicaron Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar.
El megaproyecto inundará poblados, áreas de cultivo y pesca, y sitios sagrados de los nayeris (MILENIO JALISCO, 29 de octubre de 2013).
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