En palacio nacional, entregan carta en petición de que el presidente apoye liberación de 35 acusados “con delitos prefabricados”
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La defensa legal de los nahuas de Ayotitlán pidió ayer apoyo al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en busca de alcanzar la liberación de 34 indígenas nahuas y del abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, detenidos por la policía de Colima y acusados de secuestro consumado, con pruebas “montadas” por la minera Peña Colorada.
La carta está firmada por la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental AC (Idea) y defensora del poblado indígena, y recibida por la tarde en la oficialía de partes de palacio nacional, en la ciudad de México.
La también investigadora de la Universidad de Guadalajara y Premio al Mérito Ecológico 2009, le solicitó al mandatario “la liberación inmediata” de los detenidos; el abogado está recluido“en la cárcel de máxima seguridad del estado de Colima”, mientras los 34 indígenas están en el centro de reclusión estatal.
Relata: “el 22 de Julio del año en curso, más de 500 ejidatarios llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde se encuentra la empresa [minera] Peña Colorada […] la empresa, en complicidad con el gobierno del estado de Colima, instrumentó un operativo a cuyo frente iba en persona el procurador de Justicia del estado de Colima, quien expresó al abogado del Idea,pasante de derecho Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, que en ‘Colima los amparos no sirven’, usando un lenguaje poco propio de un procurador, y aprehendió al abogado defensor que le estaba exhibiendo la suspensión del Juez de Distrito en el amparo 462/2013. De allí en adelante golpearon ancianos, niños, mujeres y jóvenes y aprehendieron alrededor de 35 nahuas, entre ellos ancianos de casi 80 años de edad”, señala la misiva.
La sorpresa “fue la fabricación burda de delitos en contra de los nahuas y del abogado por ‘secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones’, exhibiendo una transferencia que la empresa había hecho al ejido por 14 millones para que liberaran a 3 empleados de la empresa, supuestamente secuestrados”. Pero en realidad,“de la transferencia anterior, se exhibió un recibo firmado por la propia empresa en pago a adeudos atrasados por la renta de la tierra”.
Respecto al despojo, aclara, “la propiedad de la tierra es del ejido de Ayotitlán y no despojaron a nadie de ningún derecho de uso, ya que lo único que estaban haciendo era supervisar que se cumpliera la orden del Juez de Distrito y abrir puertas para un nuevo acuerdo con la empresa”.
Robo, “¿qué robaron señor Presidente?, ¿acaso la tierra que llevaban en su cuerpo después de haber sido brutalmente golpeados?”. Y daños, “sí, ¿todo el operativo de Colima represor [que] se fue sobre las personas nahuas?”.
Añade: “Quienes sufrieron lesiones de gravedad fueron los indígenas nahuas, tal y como lo constató el Comisionado de la CNDH, quien se dio cuenta de las lesiones de que fueron objeto y las constató el jueves 23 de Julio del año en curso debido a la queja que interpusimos ante la CNDH”; por cierto,ese comisionado “ya no regresó al día siguiente”.
Ayotitlán “es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Así, fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria del área natural protegida en sus tierras” incluso con amplias porciones de las zonas núcleo. El problema con Peña Colorada es viejo, pero la propia empresa ha reconocido el traslape de propiedad y la necesidad de someterse al arbitrio de la justicia en el tema, puntualiza.
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