La más grave de las imputaciones de la procuraduría de ese estado a 34 detenidos de Ayotitlán, está sobre bases endebles, pues el supuesto pago es un adeudo de la minera con el ejido que había sido retenido. También detallan cómo es que llegaron a las instalaciones el pasado 22 de julio.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La acusación más grave de la Procuraduría General de Justicia de Colima contra los nahuas de Ayotitlán es no sólo que secuestraron por varias horas a tres funcionarios de la minera Peña Colorada, durante su toma de las instalaciones del pasado 22 de julio, sino que cobraron el rescate. Esto configura, a juicio de la fiscalía, el delito de “secuestro consumado” que es un tipo penal específico de esa entidad, y grave. Pero la defensa de los 34 detenidos aporta documentos que hacen tambalear esas certezas.
Primero, el supuesto cobro. Según los datos de la consignación, a que tuvieron acceso tanto los abogados del ejido como los comisionados por el gobierno de Jalisco, se pagó nada menos que 14 millones 805 mil pesos por el rescate. Existe un documento que acredita un cobro, pero realizado en la misma fecha en Manzanillo, Colima, por 14 millones 805,570.77 pesos, mediante transferencia interbancaria de la cuenta 59163 del Banco Nacional de México, del consorcio minero al ejido, “por concepto de pago total por concepto de renta anual pactada que comprende el periodo 2015-2016”.
De ese total, seis millones 865,144.38 pesos son equivalentes a “44 por ciento del monto total de la renta anual pactada para el periodo 2015-2016, destinada para el rubro de desarrollo social, para impulsar los proyectos de desarrollo social [sic] que actualmente se están trabajando o en los nuevos que apruebe la Asamblea General de Ejidatarios, en cumplimiento formal a lo establecido en la cláusula segunda inciso A del convenio de ocupación temporal del 22 de julio de 2012…”, según el recibo de cobro del cual se entregó copia a MILENIO JALISCO.
Siete millones 852,780.39 pesos “correspondientes al reparto directo, los cuales se distribuirán entre el total de los ejidatarios que tengan sus derechos ejidales reconocidos al momento del pago y que se encuentren inscritos en el padrón respectivo del ejido Ayotitlán”, pago emanado del mismo convenio de 2012. Finalmente, 87,636 pesos para el monto acordado de gastos que realiza en sus gestiones el propio comisariado ejidal.
El recibo es firmado por las autoridades ejidales: Ernestino Ciprián, presidente; Roberto Cibián, secretario y Dionicio Elías de los Santos, tesorero. El primer pago se depositó a las 2.22 pm, el segundo tiene la hora 5.39 pm, seis minutos después de ese depósito, la Procuraduría de Colima abrió la averiguación criminal por presunto delito de secuestro consumado, pue sya contaba con “los elementos” del delito.
El convenio aludido fue firmado el 22 de julio de 2012 y está protocolizado en la escritura pública 21,744 del notario público número 1 de Cihuatlán. De este modo, al menos que los secuestros se pacten con antelación y tengan conformidad del secuestrado, el pago del 22 de abril es “simplemente un adeudo que ellos tenían con la comunidad”, señaló la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.
“Fue como a las 12 del día que entramos del lado de La Astilla, pacíficamente, un grupo de campesinos que van a sus tierras, esa tierra forma parte del ejido de Ayotitlán; entramos pacíficamente, y ahí estaba David Cárdenas, jurídico de la empresa, y hubo un diálogo tranquilo, fuimos todos pacíficamente los compañeros y se le llevó a las instalaciones de la empresa Peña Colorada; de ahí lo caminaron a la quebradora de hierro, y de ahí nos fuimos a la caseta de vigilancia; estuvimos para un arreglo donde nos presentó el pago de los convenios, de las 801 hectáreas rentadas; él quedó en darnos la información de los nuevos convenios, cosa que pasó a las seis de la tarde; a las 6:20 de la tarde del 22 de julio, él y Candelario Montes –otro funcionario- se fueron de ahí en su carro, sin que nadie los molestara”, relata uno de los integrantes del comisariado ejidal, que pide anonimato ante la amenaza de la Procuraduría de Colima de detener “a diez dirigentes más”.
Insiste: “Se fueron tranquilamente en sus carros sin sufrir ningún golpe ni nada, lo que dijo David Cárdenas –presunto secuestrado- es mentira”.
Unos minutos después llegaron los policías de Colima. “Eran como las 7 de la noche, ya de ahí la gente andaba buscando su acomodo para dormir, cuando un grupo de antimotines con la gente de la Procuraduría de Justicia de Colima llegaron en una Comander negra y en una camioneta blanca, y comenzaron a golpear a los campesinos con piedras; los campesinos se defendieron como pudieron, hubo disparos de metralleta R -5, bombas lacrimógenas; que no se haga la Peña [la empresa Peña Colorada]; ellos tienen cámaras y grabaron todo,acá los policías quitaron celulares a la mayoría; pero la verdad, no hubo ningún movimiento contra la maquinaria de Peña Colorada, todo se llevó en santa paz, por eso la sorpresa: hemos visto que la empresa no respetó a los ancianos, a los niños, a las mujeres, todos golpeados; incluso tiraron balazos con armas de alto poder, y hay un balaceado, todo totalmente fuera de respeto para nosotros”.
El campesino calcula la presencia de 50 antimotines más policías judiciales, “y parte de los trabajadores de la Peña Colorada, entre ellos, el secretario general del sindicato, Arturo de los Santos Guzmán, quien también participó agrediendo a los campesinos, siendo ejidatario de Ayotitlán, y golpeó a con una piedra a un campesino, Antonio Nieves de la Cruz”.
El ejido tuvo ayer asamblea, donde se determinarían acciones a seguir en el enfrentamiento con la minera. Los 34 imputados permanecen en la penal de Colima.
Estampas porfiristas
Los abogados y representantes de los indígenas detenidos en el penal de Colima han sido objeto de un trato discriminatorio digno de las épocas de los finqueros y los latifundios, se quejó la doctora y directora del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.
“Un trato por demás prepotente desde la presencia nuestra en la procuraduría, donde los policías de la entrada impedían el paso, no había información de los presos y la hostilidad era evidente”, señaló la abogada del ejido. La ambientalista cuestiona el uso de las instituciones públicas a favor de los intereses de una sola empresa, y que la procuraduría se haya prestado a fabricar delitos para encarecer la libertad de los presos y dar un alto precio a la intención de Peña Colorada de que se logre el desistimiento del amparo 462/2013, que ha suspendido permisos y concesiones de la mina en territorio de Ayotitlán.
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Claves:
El convenio que justifica el pago
El convenio de ocupación temporal de 801-87-93 hectáreas, entre la empresa Peña Colorada y el ejido Ayotitlán, fue firmado el 22 de julio de 2012; la representación ejidal corrió a cargo de Ambrosio Isaac Chávez, Hermenegildo de los Santos José y Beatos Chávez Rosales, presidente, secretario y tesorero del comisariado; a la empresa la representaron Arturo Miguel Tronco Guadiana, director general, y José Enrique Martínez Fernández, director de recursos humanos, ambos apoderados legales
“El ejido está de acuerdo en autorizar al comisariado ejidal para que celebre este convenio […] y entregue posesión a la empresa de la superficie de terreno de 801-87-93 hectáreas […] la empresa manifiesta que recibe de conformidad la superficie de terreno antes descrita y procede inmediatamente a hacer los trabajos pertinentes para consolidar su posesión material y jurídica, comprometiéndose en este acto a pagar anualmente al ejido por concepto de renta por el uso y ocupación temporal […] la cantidad de 18 mil pesos por hectárea. El pago se efectuará en la ciudad y puerto de Manzanillo, en la segunda quincena del mes de julio de cada año, en un pago único e indivisible, comprometiéndose el ejido a otorgar, por conducto de sus representantes legales, el recibo correspondiente…”
El dinero, añade el documento, se destina a desarrollo social de Ayotitlán, en 44%; a gastos del comisariado ejidal en 6% y a reparto directo entre los ejidatarios, 50%. En ese entonces se efectuó un pago de ocho millones de pesos para compensar “los bienes distintos a la tierra”, como sería el arbolado y las viviendas o establos presentes en la zona de renta
Causas de rescisión del convenio: cancelación de derechos derivados de asignaciones o concesiones mineras, falta de pago de la empresa, uso distinto de la tierra al destino acordado [depósito de material estéril] e invasión del ejido para impedir los usos de la empresa. La empresa se compromete a obtener autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal en la Semarnat, a mantener informado al ejido de los programas de manejo y de abandono del predio por medio de informes anuales
“A la fecha la empresa no ha obtenido la autorización en materia de impacto ambiental, porque para el confinamiento de material estéril residuo del proceso de beneficio de la mina, prácticamente estamos ante un confinamiento de residuos peligrosos en terrenos adyacentes a un área natural protegida, como es la reserva de Manantlán”, aseguró ayer la abogada del ejido, Raquel Gutiérrez Nájera
http://www.milenio.com/politica/scan_MILFIL20150727_0001.pdf
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