Señalan la importancia de que intervenga el gobierno federal, dados los intereses inconfesables que ambas entidades federativas mantienen en la zona.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Red Jalisciense de Derechos Humanos y Frente Regional ProManantlán y Cuenca del Río Marabasco y Cuencas Adyacentes, (Fremar) reclamaron hoy la violencia desplegada por el gobierno de Colima en el desalojo de cientos de indígenas Nahuas de Ayotitlán que reclamaban sus derechos a la minera Peña Colorada y consideraron aberrante el modo en que el gobierno de ese estado ha procedido históricamente en contra de los derechos de las comunidades indígenas de Cuautitlán, Jalisco.
La Red Jalisciense en específico señala que desde hace 46 años trabaja por la vigilancia y protección de los derechos humanos en la zona de conflicto minero con los poblados Nahuas de Ayotitlán y Plan de Méndez Jalisco, y ha realizado en esos años acciones relevantes a favor de esos poblados, en particular la gestión de la recomendación 122-95 a la cual se comprometieron cumplir los gobiernos de Jalisco y Colima hace 20 años, pero no ha sucedido nada y se mantiene una política de discriminación, acoso y despojo de los derechos de los indígenas.
En conferencia de prensa realizada en la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios, que preside Cuauhtémoc Peña Cortés, el abogado Oscar González Garí, quien es miembro más antiguo de la red que ha trabajado en la región, destacó la falta de voluntad de las instituciones para dar justicia a los campesinos mientras se permiten abusos incontables de la empresa minera y se hace la fabricación de delitos como ha ocurrido en este momento con el tema del presunto secuestro consumado por parte de los indígenas.
Al respecto el presidente del Fremar, Jesús Hermenegildo García destacó que es mentira que los 14.8 millones de pesos que se hayan pagado por parte de la mina sean a cuenta del secuestro de tres funcionarios, dado que era un compromiso que ya tenía la mina por la renta de 800 hectáreas en la zona, un convenio que se firmó desde el año 2012.
También desautorizó a Gaudencio Mancilla Roblada como vocero de los Nahuas, dado que fue destituido del frente del consejo de ancianos de la comunidad de Ayotitlán y lo acusó de recibir prebendas de la mina Peña Colorada, para dividir a los Nahuas y prestarse a mantener el estado de cosas que favorecen la explotación de la mina sin dar mayores regalías a los dueños originales de la tierra que son los Nahuas.
Los presentes en la conferencia de prensa denunciaron la política activa de calumnias desplegadas por el gobierno de Colima y con el "aparentemente inexplicable" apoyo del gobierno de Jalisco, que busca ajustar cuentas con el grupo de promotores de derechos humanos que no solamente en el caso de la mina mantiene expedientes abiertos en contra de los intereses del gobierno local.
Destacaron que además de la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos está activo un expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a las violaciones sistemáticas por parte de los gobiernos locales y en particular Oscar González Garí señaló que debe ser el gobierno federal el que intervenga y ponga paz, dado los intereses inconfesables que sostienen los dos gobiernos estatales, que en esta ocasión parecen estar concertados para destruir la defensa legal de los ejidatarios de Ayotitlán por diversidad de intereses que están más allá del interés de los gobernados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario