25% de Jalisco está concesionado a minería

Ley General de Biodiversidad aprobada por el Senado no prohibió actividad minera en las ANP, pero los diputados pueden adicionar la prohibición para el texto definitivo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Alrededor de dos millones de hectáreas, 25 por ciento de la superficie total de Jalisco, es la extensión de las 1,567 concesiones mineras que han sido otorgadas por el gobierno federal tan solo para esta entidad. El territorio concesionado se interna en las áreas protegidas (ANP) del estado: Sierra de Quila es el caso más extremo, con 50 por ciento de su superficie concesionada; Manantlán, la más extensa, presenta 8 por ciento de su territorio, pero sobrepoblado de concesiones en su zona de influencia, que ponen en riesgo su viabilidad.

Estos datos provienen de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, la cual advierte que en el caso de las ANP, es necesario cumplir con una regulación para poder aprovecharlas. Desde hace años, ha existido, entre diversos ambientalistas y científicos, la exigencia de que las demarcaciones protegidas, al ser las que albergan la parte más valiosa del patrimonio biológico del país (uno de los ocho más ricos del mundo), queden al margen de este tipo de aprovechamientos, dado que a gran escala, pueden significar un impacto enorme y de largo plazo para los procesos naturales.

No obstante, la última oportunidad para hacerlo se presentó con la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, aprobada en el Senado de la república el 15 de diciembre de 2017, hace menos de un mes. El dictamen original fue objeto de un importante ajuste por la presión de diversas organizaciones sociales, ecologistas y productivas, y en especial, de la reconocida investigadora Julia Carabias Lillo, quien en el marco del reconocimiento Belisario Domínguez que le otorgó la cámara alta, exigió una revisión del texto con miras a fortalecer el papel de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el del consejo nacional de ANP, y en lo territorial, a que las zonas de influencia de las ANP fueran parte de las políticas de gestión, lo que significa establecer fuertes condicionamientos a actividades de alto impacto, como la extracción de minerales, petróleo y gas natural.

El ansiado artículo que específicamente cancelara la posibilidad de minería en los polígonos protegidos, no llegó. "El dictamen se aprobó en la cámara de origen, y por proceso legislativo se entrega a la cámara baja, con los diputados. Allí es donde se puede presentar más negociaciones en busca de consolidar los cambios que se lograron", señaló a MILENIO JALISCO el consultor de la firma Polea, Iván Zúñiga.

La otra norma que ha estado en juego de forma paralela es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; allí, la cámara de origen son los diputados, y debe ser aprobada por el Senado. Este dictamen también ha sido polémico y ha tenido diversas modificaciones: por ejemplo, se impidió la tentativa de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de debilitar a su consejo consultivo y de hacer opaco y discrecional el fondo forestal, una batalla más de los ambientalistas y de los productores organizados.
Una realidad

Las amenazas a la biodiversidad dentro y fuera del sistema de ANP "se han multiplicado e intensificado. Además del potencial incremento de la deforestación relacionada con crecimiento demográfico, existen a lo largo y ancho del territorio nacional numerosos proyectos de gran extensión en áreas rurales que generalmente no obedecen a los intereses de las comunidades locales. Entre los proyectos con mayor extensión territorial sobresalen las miles de concesiones mineras otorgadas por Secretaría de Economía en los últimos años", señalan los investigadores Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas y Alfredo Ortega-Rubio (la primera tiene en línea una extensa tesis de doctorado: Áreas naturales protegidas y minería en México: perspectivas y recomendaciones, publicada en 2016 por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, que es base de la opinión).

Se analizó la superposición que existe entre los polígonos de 24, 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 [en la actualidad rebasan 27 mil] con las ANP solamente federales. "Se encontró que 1,609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las ANP, esto es, 63, sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas [...] 30 por ciento de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, mencionan que extraerán metales preciosos [oro y plata], proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales [cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso] y los polimetálicos. En contraste, el 9 por ciento de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita. Adicionalmente, 11 por ciento de los títulos mencionan que extraerán 'toda sustancia posible".

Las ANP con más altos porcentajes de territorio traslapado de concesiones mineras son Rayón, en Michoacán, 100 por ciento; Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí, 86 por ciento; El Chico, en Hidalgo, 55 por ciento; Los Mármoles, en Hidalgo, 52 por ciento; Sierra de Quila, en Jalisco, 50 por ciento. "Existen ocho más cuyos porcentajes van del 16 por ciento al 32 por ciento", agregan.

Las superficies protegidas menores son las más vulnerables, "al no tener espacios mínimos de supervivencia y recuperación en caso de aprobarse e iniciarse la extracción minera".

Entre las más extensas que tienen invasión de concesiones, también Jalisco es relevante: las cuencas alimentadoras de los distritos nacionales de riego 004 (Coahuila) y 043 (Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas), Valle de los Cirios y El Vizcaíno, "que juntas sumaron 67 por ciento de superficie de las concesiones mineras en todas las ANP", precisan los autores.

El problema es que las cuencas alimentadoras (la 043 es la que en Jalisco se conoce como área de protección hidrológica, con 354,849 hectáreas) tienen poco tiempo de haber sido recategorizadas, y carecen de programa de gestión y manejo. En específico, este enorme polígono que abarca cuatro estados, contiene más de 336 mil ha de concesiones mineras.

Otras áreas protegidas federales de Jalisco con concesiones mineras son La Primavera (644 ha, para proyectos geotérmicos), Manantlán, con 11,200 ha (sólo 8 por ciento, pero que equivale a más de la extensión concesionada en Quila), pero que en su zona de influencia contiene cuatro aprovechamientos y un territorio concesionado de cerca de 80 mil ha.

Además de las 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, "otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 km colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP. La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en las ANP de Mariposa Monarca [Michoacán y México], sierra de Manantlán [Jalisco y Colima] y El Triunfo [Chiapas], entre otras. En junio de 2014 se otorgó el permiso ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en la ANP sierra La Laguna, en Baja California Sur".

De este modo, existen concesiones mineras principalmente en las categorías de áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.

"¿Qué tipo de efectos tienen los proyectos mineros de los que se habla? En México, la actividad minera se ha realizado durante siglos en pulsos de mayor o menor intensidad, bajo modelos socioeconómicos distintos, contribuyendo a la conformación de ciudades, culturas y economías regionales. En los últimos 25 años se ha presentado un nuevo pulso bajo un esquema socioeconómico muy distinto a los anteriores. La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos a nivel regional [corto plazo] y elevados impactos ambientales en estas regiones [corto y largo plazo]". El artículo completo se puede consular en http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-32-mineria/2042-concesiones-mineras-en-areas-naturales-protegidas-de-mexico.

Claves

Minería y ANP

Ley minera
Artículo 20. "Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

"Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables".

Artículo 27. "Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a: [...] IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Artículo 39.- "En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia".
Reglamento de la ley minera

Reglamento de ley minera

Artículo 57.- "Los titulares de concesiones mineras o agrupamiento de éstas o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero de minas que cuente con cédula profesional, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos.

"Para la realización de obras o actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los titulares de concesiones o asignaciones mineras deberán cumplir con las distintas legislaciones federales y estatales que apliquen al tipo de operación de que se trate".

Claves

Territorio y concesiones mineras, por estado

Aguascalientes, 145 concesiones, 96,484.5 hectáreas
Baja California, 659 concesiones, 2 millones 070,093.8 ha
Baja California Sur, 164 concesiones , 800,030.8 ha
Campeche, 14 concesiones, 1,954.4 ha
Coahuila, 1,990 concesiones, 3 millones 196,905.7 ha
Colima, 315 concesiones, 232,291.5 ha
Chihuahua, 3,496 concesiones, 2 millones 591,162.7 ha
Chiapas, 91 concesiones, 1 millón 104,671.2 ha
Durango, 3,642 concesione, 2 millones 975,524.9 ha
Guerrero, 713 concesiones, 1 millón 334,832.5 ha
Guanajuato, 627 concesiones, 337,540.6 ha
Hidalgo, 424 concesiones, 106,867.6 ha
Jalisco 1,567 concesiones, 1 millón 937,984.4 ha
Estado de México, 258 concesiones, 212,779.6 ha
Michoacán, 899 concesiones, 1 millón 096,337.1 ha
Morelos, 49 concesiones, 34,237.4 ha
Nayarit, 458 concesiones, 517,936.4 ha
Nuevo León, 567 concesiones, 644,266.9 ha
Oaxaca, 355 concesiones, 710,563.7 ha
Puebla, 315 concesiones, 259,464.2 h
Querétaro, 379 concesiones, 118,887.5 ha
Sinaloa, 1,572 concesiones, 1 millón 438,841.4 ha
Sonora, 4,590 concesiones, 5 millones 118,566.9 ha
San Luis Potosí, 693 concesiones, 943,070.6 ha
Tabasco, 3 concesiones, 2,413 ha
Tamaulipas, 154 concesiones, 119,010.3 ha
Tlaxcala, 2 concesiones, 4,018 ha
Veracruz, 88 concesiones, 214,691.9 ha
Yucatán, 24 concesiones, 58,435.6 ha
Zacatecas, 2,570 concesiones ,2 millones 826,736.6 ha

TOTAL NACIONAL: 26,823 concesiones 31 millones 106,602.3 ha

Fuente: Secretaría de Economía, con datos a 2014

SNR

Eduardo Mosqueda salió libre en Colima

Un Colegiado federal con sede en Coahuila resolvió que los gobiernos de Jalisco y Colima violaron los derechos del pasante, miembro del grupo ambientalista Idea

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La justicia federal ha hecho lo que los gobiernos locales de Jalisco y Colima evitaron por casi diez meses: la liberación del pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, un joven litigante que fue apresado por la Procuraduría Estatal de Colima el 23 de julio de 2015, cuando acudió con un grupo de dirigentes del ejido nahua de Ayotitlán a reclamar tierras de su dotación que explota la minera Peña Colorada, un litigio de medio siglo.

En los hechos, hubo una refriega, pues aunque los indígenas reclamaron la suspensión concedida en el marco del juicio de amparo 462/2013, el emporio transnacional argumentó invasión, despojo, daños en las cosas e intento de secuestro, y fue apoyado por el gobierno colimense. El procurador de justicia en funciones de esa entidad, Marcos Santana Montes, esta tarde aciaga, arrebató el papel que exhibía la medida cautelar al novel abogado, y lo obligó a subir a la tanqueta desde la cual dirigía el operativo, en calidad de detenido.

El pasado viernes 13 de mayo, después de la medianoche, Mosqueda Sánchez salió de la prisión estatal de Colima, donde estuvo recluido debido a los recursos interpuestos por los gobiernos de ambas entidades, no obstante que otros 33 detenidos, todos del ejido nahua, salieron libres pocos días después de los hechos, incluso con fianzas pagadas por el gobierno de Jalisco y desistimiento de acusaciones por el de Colima; la permanencia de Mosqueda Sánchez en reclusión es interpretada por la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, como dolo y afán de venganza de esos gobiernos, incómodos ante el trabajo de esa organización, que además de impulsar el juicio de restitución de las tierras otorgadas por el presidente Adolfo López Mateos a los nahuas, sostiene juicios contra proyectos de Jalisco en la región costera (Chalacatepec) y en la capital de la entidad (Macrolibramiento de Guadalajara).

"El jueves a las 22.30 de la noche firmamos el auto de libertad y salió físicamente entre 30 minutos y una hora del viernes 13 de mayo; arribamos a Guadalajara a las cinco de la mañana. Fue una sentencia dictada por el colegiado de Coahuila; otorgó y confirmó el amparo liso y llano para su inmediata liberación", explicó a MILENIO JALISCO la doctora en derecho.

Los delitos por los que lo juzgaba el gobierno de Colima son privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo, en el proceso penal 142/2015, en el Juzgado Primero de lo Penal de ese estado; mientras los 33 nahuas no fueron procesados pese a que se les imputaban los mismos cargos, la instrucción de los gobiernos fue inculpar a Mosqueda Sánchez, a quien se dictó formal prisión sin derecho a fianza.

El Idea reclamó el proceso arbitrario, tras demostrar las "pruebas prefabricadas" por el gobierno colimense (MILENIO JALISCO, "Nahuas secuestradores, o de cómo Colima prefabricó un delito", 27 de julio de 2015), y hubo que acudir a la justicia federal, que aunque había acordado ya la liberación del inculpado, las revisiones interpuestas por la procuraduría de Colima obligaron a llevar el proceso al Cuarto Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Saltillo, Coahuila, expediente 1190/2015, instancia que a la postre resolvió a favor del indiciado.

Gutiérrez Nájera criticó la posición del gobierno de Aristóteles Sandoval en el tema de los derechos humanos, y consideró que Mosqueda Sánchez ha sido víctima inocente de una "venganza gubernamental" que asegura, no los llevará a desistir en la defensa de los derechos de los indígenas.

Acusan a líder nahua de hacer negocios con minera

Óscar González le responde a Gaudencio Mancilla, y lo acusa de sostener el statu quo favorable a Peña Colorada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Gaudencio Mancilla Roblada, uno de los líderes del ejido Ayotitlán, fue señalado ayer por el activista de la Red de Derechos Humanos en la zona, Óscar González Garí, de responder a los intereses de la compañía minera Peña Colorada y a los del Grupo Universidad, de la UdeG, a través de abogados de la Unidad de Apoyo a Grupos Indígenas (UACI) de la casa de estudios.

Fue un comunicado como respuesta a los dichos del dirigente nahua vinculado al movimiento zapatista (MILENIO JALISCO, 22 de agosto de 2015), quien en un comunicado justificó haberse sentado con los gobiernos de Jalisco y Colima y con la empresa extractora de grupo Ternium, pues fue “para negociar la liberación de 33 ejidatarios” detenidos por el incidente violento del 22 de julio pasado, frente a las instalaciones de la minera, al tiempo que descalificaba el trabajo del propio González Garí y del despacho ecologista Instituto de Derecho (Idea), que promovió el amparo 462/2013 y la toma de los terrenos, al señalarlos como representantes de intereses ajenos a los nahuas.

“La cultura de los derechos humanos en la Sierra de Manantlán y, específicamente en la zona de límites en litigio entre Colima-Jalisco-Minera Peña Colorada, vive momentos cruciales […] el Grupo UdeG y la UACI, hacen esfuerzos desesperados por sostener el liderazgo imposible del Güero Gaudencio Mancilla Roblada, como representante legal del Consejo de Mayores de Ayotitlán, organismo que en febrero 27 pasado designó un nuevo consejo con gente de oriunda de Ayotitlán, que está próxima a entrar en funciones. Esta labor divisionista está avalada por el periódico Tukari, de la UdeG, bajo el liderazgo del académico César Díaz Galván, que más que estar identificado con la justa causa del EZLN, viene defendiendo los intereses minoritarios y pro-empresariales del consorcio minero”, asegura González Garí.

Ambos son “factor de división entre los poblados nahuas de la Sierra y de la Cuenca del Marabasco”. Como parte directa en las “negociaciones y convenios leoninos entre Ayotitlán y la minera (varios desde el año 2010), Gaudencio pasa a la defensa del modus vivendi […]pues ha venido lucrando, hace tiempo, con diversas mineras (legales e ilegales), con el caso de las 1,200 hectáreas del ejido ocupadas por tiraderos e instalaciones de Peña Colorada, que cada año le otorgan millones de pesos. A tal grado es la descomposición social del anterior líder del consejo de mayores, que aceptó sentarse en la mesa con el Gobierno de Colima, para defender a los ejidatarios detenidos por un amparo que él jamás redactó ni apoyó y menos aún ganó, y tramitar su ‘libertad’ que tampoco fue por sus gestiones”, afirma.

Hoy se presentarán en el Centro Universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, a los 33 nahuas liberados, que se prevé respaldarán el amparo y la petición de liberación del joven litigante Eduardo Mosqueda.

Gaudencio Mancilla acusa al Idea de "engañar" a ejidatarios

Acusa grupo a León Corrales, a Gutiérrez Nájera y a González Garí de entrometerse en los asuntos internos de Ayotitlán, y asegura que amparo no abarca tierras en explotación por la mina

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Bajo su credencial del Consejo de Mayores, "autoridades tradicionales de la sierra de Manantlán", y respaldado por el Cuerpo Consultivo Agrario de Ayotitlán, el dirigente nahua Gaudencio Mancilla Roblada, acusó a los integrantes del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que presiden Raquel Gutiérrez Nájera y Pedro León Corrales, de engañar a los ejidatarios de la comunidad y haberlos expuesto a la violencia cometida por la policía de Colima en los hechos del pasado 22 de julio, que culminaron con 34 detenidos.

"Queremos decirles a quienes se prestan para denostar a nuestros representantes, que por más que intenten entorpecer nuestra lucha e impedir la defensa de nuestros derechos, continuaremos firmes y organizados para salvaguardar la integridad de nuestros ejidatarios y comuneros. Seguiremos denunciando a las personas que sin escrúpulos y mediante mentiras y falsedades ponen en riesgo no solo a la integridad física y la libertad de nuestra gente, sino que ponen en riesgo la lucha por nuestros derechos y garantías constitucionales", señaló junto con los otros dirigentes del grupo, en un comunicado a la opinión pública, que dio a conocer en una asamblea del pasado 20 de agosto con "27 comunidades nahuas asistentes a la asamblea comunitaria", entre las cuales menciona a Terreros de Lagunillas, Tiroma de Ayotitlán, Ayotitlán, Mojoneras, Rancho Viejo, Terreros del Chico, Lagunillas, Tierra Negra, Los Encinos, Telcruz, La Huaca, Las Maderas, El Rincón de Ayotitlán, Las Marías, Las Cañadas, Llano Grande, Cuautitlán, Las Zorras, Loma Colorada, La Guayaba, Guallabillas (sic), San Miguel, Telcrucito Piedra Pintada, Cerro Prieto, La Ventana, Cuzalapa y Puertecito de San Doroteo.

En el mismo, explica por qué, a su juicio, la toma de la mina fue un error. "Como ya se ha demostrado, tanto en las reuniones que sostuvimos en las secretarías generales de gobierno de Jalisco y Colima, así como en los recorridos que realizó el propio comisariado  del ejido, el amparo 462/2013 protege únicamente las 1,200 hectáreas que se encuentran bajo convenio con la empresa, mismos que fueron aprobados por la mayoría de ejidatarios en la Asamblea General de Ejidatarios respectiva y se encuentran debidamente inscritos en las instancias correspondientes por lo que se encuentran en plena vigencia. Condenamos de manera categórica los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los fuerzas policiacas de Colima sobre los compañeros que participaron en los hechos del 22 de julio, pero también condenamos y rechazamos la intervención de organizaciones como Idea y de personas como Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera y Oscar González Gari, así como de sus voceros en los medios de paga (sic), quienes abusando del desconocimiento de las leyes por parte de los ejidatarios, se lanzaron en una acción que puso en peligro la vida, la libertad y la integridad de personas de la comunidad, quienes afortunadamente y mediante la intervención del Representante Legal de este Consejo de Mayores y el Cuerpo Consultivo Agrario, fueron liberados al comprobarse que fueron llevados con engaños y promesas de dinero por parte de los abogados embusteros que pretendían un arreglo económico que les beneficiara principalmente a sus economías".

Por otro lado "también rechazamos que exista documento alguno en relación a la supuesta destitución de Gaudencio Mancilla Roblada como representante legal del Consejo de Mayores, esta asamblea comunitaria ha seguido de manera puntual los hechos que se acumularon y que se concretaron en la movilización del día 22 de julio y que provocaron la detención de 33 de nuestros compañeros, la violación de sus derechos humanos y su posterior liberación. Esta Asamblea comunitaria conoce a detalle los alcances del amparo 462/2013 y toda vez que revisamos detenidamente su contenido, nos dimos cuenta del engaño al que estaban siendo conducidos los ejidatarios por los abogados que valga decir, nunca fueron nombrados por la Asamblea General de Ejidatarios, por lo que no cuentan con nuestra aprobación para continuar representando al ejido en sus asuntos agrarios".

Por otro lado, "se ha difundido en los medios de paga (sic) que se ha conformado otro consejo de mayores en nuestra comunidad, al respecto queremos dejar claro que saludamos la existencia de otras instancias de organización, reflexión y lucha por nuestro territorio y nuestros derechos, sin embargo eso no obsta para que esta asamblea comunitaria siga existiendo y continúe organizándose para la defensa de la Madre tierra". El comunicado completo en http://tukari.udg.mx/noticia/boletin-de-prensa-del-cuerpo-consultivo-agrario-y-consejo-de-mayores-nahuas-de-ayotitlan.


CLAVES

"Mentiras que la asamblea decidiera que fueran a tomar la empresa, se nos culpa por hacer una llamada telefónica para que los detuvieran, esto es totalmente falso; Pedro León Corrales, es quien esta detrás de todo esto, mal informando a los ejidatarios y a los medios de comunicación, pero nosotros comprobamos con hechos que no hicimos tal, por eso nos sentimos limpios, nos duele lo que dicen en contra de nosotros". Gaudencio Mancilla Roblada

"Incluso fueron Gaudencio Mancilla y Vicente Hermenegildo quienes fueron a hablar por los detenidos a pesar de lo que digan, quiero aclarar con orgullo, que estamos en defensa de los detenidos, hablamos, le echamos la mano y se logro la liberación de 33 de los 34 detenidos; porque nosotros estamos defendiendo nuestra gente, nuestro ejido, tradición y costumbres, destacó Vicente Hermenegildo, miembro del Cuerpo Consultivo Agrario de Ayotitlán.

"No es que defendamos a la empresa, la empresa tiene un convenio firmado por el ejido, lo que quieren estas gentes, es dividir  a la comunidad, por eso votamos y firmamos un comunicado donde manifestamos que no queremos que metan las manos en el ejido Ayotitlán las siguientes personas: Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera, Rogelia Justo Elías y Oscar González Gary". Gaudencio Mancilla Roblada

Fuente: http://www.tukari.udg.mx/noticia/mienten-ejidatarios-de-ayotitlan-para-tomar-la-minera-pena-colorada

Alianza mundial reclama liberación de Eduardo Mosqueda

Arranca campaña entre sus socios de distintos países para pedir al presidente de la república y los gobernadores de Jalisco y Colima, la liberación del joven litigante.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Alianza Mundial por el Derecho Ambiental solicitó al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y a los gobernadores de Jalisco y Colima, Aristóteles Sandoval y Mario Anguiano, la pronta liberación del joven litigante Eduardo Mosqueda Sánchez, detenido por delitos “prefabricados” por la procuraduría colimense, desde el pasado 22 de julio.

La institución (ELAW por sus siglas en inglés) exhorta a sus miembros de todo el mundo a enviar cartas personales a los mandatarios en busca de reparar la “grave injusticia” de que ha sido víctima el integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

La campaña se denomina “Free Eduardo Mosqueda!”, y el comunicado alusivo señala: “Una terrible injusticia se está desarrollando en México. Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, un joven abogado de derechos humanos y del medio ambiente, fue encarcelado sin fianza el 22 de julio mientras trabajaba para defender al pueblo Nahua en el estado de Jalisco. Eduardo se encuentra detenido en una celda de alta seguridad en el Centro de Detención de Colima. Instamos a escribir al presidente Peña Nieto y los gobernadores de Jalisco y Colima, pidiendo la liberación inmediata de Eduardo”.

Eduardo “trabaja para la organización socia de ELAW, Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), una organización de base en Guadalajara, fundada por la galardonada abogada Raquel Gutiérrez Nájera. El arresto de Eduardo está ligado al trabajo de IDEA en una larga disputa de tierras que los pueblos nahuas, en Ayotitlán, Cuautitlán, tienen con una empresa minera de hierro (Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA)”.

En 2013, “la comunidad presentó una petición constitucional conocida como un amparo pidiendo a la corte para reconocer los derechos de la comunidad sobre la tierra. Un juez administrativo y laboral del cuarto Distrito emitió una orden judicial, una suspensión que da el acceso libre de miembros de la comunidad a todas las tierras [que detenta la minera transnacional] y que suspende el uso de las tierras [y las concesiones que hay sobe ellas en términos de extracción mineral, agua y suelo] de la empresa minera hasta que se resuelva el caso”.

El 22 de julio, “Eduardo y cientos de miembros de la comunidad recorrieron las tierras en disputa. Algunos miembros de la comunidad, entre ellos mujeres y niños, fueron agredidos, y 33 miembros de la comunidad y Eduardo fueron detenidos. Los miembros de la comunidad han sido puestos en libertad, pero Eduardo permanece encarcelado bajo cargos penales falsos” (MILENIO JALICO, 23 a 31 de julio de 2015).

ELAW convoca a sus socios de todo el mundo que “hacen frente a los poderosos intereses que tratan de ganar a costa de contaminar y destruir los recursos naturales. ELAW de Estados Unidos se mueve rápidamente cuando uno de nuestros socios está en peligro. ELAW e IDEA han contactado con el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. Ahora pedimos su ayuda. Por favor envié un mensaje al presidente Peña Nieto, y los gobernadores de Jalisco y Colima, pidiendo la liberación inmediata de Eduardo”, puntualiza el comunicado.

La propuesta es que se entreguen correos electrónicos a los mails oficiales de los funcionarios, con el propósito de elevar la presión sobre los políticos. En redes sociales ya existe una campaña bajo el hashtag#NosFaltaEl34 en busca de presionar que el caso se resuelva a favor de la justicia.

Justicia federal decidirá la libertad de Eduardo Mosqueda

El joven litigante ha solicitado al juez Primero de Distrito de Colima que le otorgue libertad bajo caución por los hechos del pasado 22 de julio frente a la minera Peña Colorada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Juzgado Primero de Distrito de Colima, con cabecera en la capital de esa entidad, ha determinado tomar bajo su tutela la posible libertad del litigante Eduardo Mosqueda Sánchez; esto significa que el juez penal que lleva su causa debe dejar en manos del tribunal federal la decisión solicitada por sus defensores de que se le fije fianza para que enfrente en libertad el proceso, abierto bajo diversas acusaciones que le imputa la Procuraduría de Justicia de Colima, dentro de la misma causa de otros 33 ejidatarios nahuas de Ayotitlán que fueron detenidos, junto con el pasante, en los hechos frente a la minera Peña Colorada, el pasado 22 de julio de 2015.

Del total de detenidos, sólo Mosqueda Sánchez permanece en prisión, pues la Secretaría General de Gobierno de Jalisco se negó a apoyar la causa de su libertad bajo el argumento de que “no es ejidatario”, sin reconocer expresamente que esta negativa deriva de su conflicto con el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), para el cual trabaja el joven litigante, y con el que el gobierno tiene numerosos desencuentros por diversas acciones legales promovidas contra grande proyectos como el Macrolibramiento de Guadalajara, el desarrollo turístico de Chalacatepec y la ampliación del Aeropuerto de Guadalajara, entre otros.

El amparo tiene el expediente 1173/2015, y contiene un incidente denominado 1173/2015-III, contra actos del juez primero de lo penal de la ciudad de Colima y el director del Centro de Reinserción Social del estado, enclavado en la misma ciudad, donde el detenido permanece resguardado desde los hechos del 22 de julio.

“Con fundamento en el artículo 136, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se concede a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, la suspensión provisional por cuanto las consecuencias del auto de formal prisión reclamado, para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Primero de Distrito únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, y a disposición del Juez Primero de lo Penal de esta ciudad de Colima para la continuación del procedimiento en la causa penal de donde surge el auto de formal prisión reclamado en el lugar en que se encuentra privado de su libertad”, determina el juzgado federal.

De acuerdo a la defensa de Mosqueda Sánchez, el juez penal enviará su informe y con base en el mismo, se pronunciará en definitiva el juez federal. La condición para otorgar esta libertad deriva de que el juez del fuero común no haya recibido ni se hubiera pronunciado sobre el otorgamiento de fianza para la libertad caucional, de acuerdo a los oficios de la suspensión provisional, de los que MILENIO JALISCO recibió copia.

En torno al joven pasante de derecho se ha instituido un movimiento ante la opinión pública y las redes sociales que reclama su liberación, pues consideran que los gobiernos de Jalisco y Colima lo han tomado de rehén de sus intenciones de retomar el control del ejido Ayotitlán y conciliarlo con los intereses de la minera Peña Colorada. La campaña se sigue bajo el hashtag #NosFaltaEl34. El gobierno de Jalisco no ha respondido formalmente a la demanda de la liberación del joven Mosqueda Sánchez.

Peña Colorada no aprueba en la “responsabilidad socioambiental”

La empresa financia proyectos educativos y de desarrollo a favor de la región, pero palidece ante el deterioro institucional que ocasiona al ejido Ayotitlán, destaca el documento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La empresa minera Benito Juárez- Peña Colorada ha mejorado su participación social a favor de la región de influencia a sus intereses extractivos, ubicada en los linderos de Jalisco y Colima, pero esto no es suficiente para darle una aprobación en responsabilidad socioambiental ante los fuertes problemas sociales, ambientales y políticos que acarrea su influencia, sobre todo al interior del ejido nahua de Ayotitlán, revela un análisis realizado por José de Jesús Sandoval Legazpi  y Alfredo Castañeda Palomera, del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR-UdeG).

El documento, que también analiza el caso del ingenio Melchor Ocampo, enclavado en el valle de Autlán, fue publicado en 2014 y se denomina “Análisis socioambiental de las empresas: consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada e ingenio Melchor Ocampo, dos organizaciones de la Costa Sur de Jalisco”.

La minera “se fundó en el año de 1967 con la participación de las empresas AHMSA, HYLSA, TAMSA y FMSA, quienes se dedican a la industria del hierro y el acero. Actualmente ha tenido proyección nacional por contar con el depósito de mineral de hierro más grande del país (200 millones de toneladas) […] como parte de la transnacional Ternium, esta empresa ha generado tanto al norte del estado de Colima como sur de Jalisco,  inconformidades sociales en cuanto a sus métodos de producción y a lo que a decir de algunos,  se ha visto reflejado en un fuerte deterioro ambiental de la región”, destacan.

Estos manifiestos sociales “se han visto acrecentados en los últimos años mediante la prensa, la cual ha mostrado grandes malestares de los actores involucrados. Así lo manifiesta la Comisión Nacional Indigenista (CNI), quienes acusan que el consorcio de Peña Colorada ‘roba y destruye tierras, montes y aguas con la complicidad del gobierno, esto mediante las elecciones falsas de las autoridades del ejido, a decir de ellos”, y que cuenta con la complacencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Citan al ex dirigente del Consejo de Mayores, Gaudencia Mancilla Roblada, y a la presidente de la Unión de Pueblos Sierra de Manantlán, Rogelia Justo Elías, quienes destacan que la desunión fomentada por el dinero de la empresa ha ocasionado serios deterioros institucionales en el vasto ejido.

“Esta problemática local ha estado expuesta no solo al exterior de nuestra entidad sino ante otros países, así lo manifiesta el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), quien en reunión llevada a cabo el 12 de septiembre del año 2008, en Antigua, Guatemala, se comentó [sic] que las autoridades mexicanas han hecho caso omiso y han desatendido los graves impactos ocasionados a la cuenca del Marabasco, por parte del emporio minero…”.

Peña Colorada participa en estímulos a la educación con universidades de Colima, y financia actualmente becas para estudiantes de Ayotitlán, pero a cambio de una controvertida renta de terrenos que ha sido causa formal de los enfrentamientos del pasado 22 de julio, con 33 nahuas y un abogado detenidos (MILENIO JALISCO, 23 a 30 de julio de 2015).

“No acreditan ningún delito”, objeta defensa de los nahuas

Permanece en suspenso la decisión del juez primero de lo penal de Colima, sobre determinar auto de libertad o de formal prisión a 34 campesinos detenidos y un abogado del Idea.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La defensa de los nahuas de Ayotitlán y los abogados del gobierno de Jalisco han coincidido en documentar las carencias de la consignación del agente del Ministerio Público de Colima y en desvirtuar los delitos, a su jucio, evidentemente prefabricados para favorecer los intereses de la empresa transnacional Peña Colorada. Esos alegatos fueron entregados ayer al juez y se espera que hoy antes de las siete de la noche determine la situación jurídica de los detenidos.

No obstante las presiones de que han sido objeto por los gobiernos y por el grupo disidente de Ayotitlán, encabezado por Gaudencio Mancilla, los presos firmaron los alegatos y se mantienen firmes en su postura de negar haber cometido las infracciones que se les imputan, señaló la doctora en derecho y presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

La imputación es por secuestro, robo calificado, daños y despojo.  Sin embargo, “el Código penal de Colima, estipula que en el caso concreto de los aquí firmantes hubiéramos sido detenidos bajo el supuesto de flagrancia o urgencia, lo cual suponemos es el alegato del Ministerio Público, y que no se acredite tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad de los indiciados, se deberá decretar nuestra libertad, con las reservas de ley. En nuestra situación, no se encuentran acreditados ni los elementos de los cuerpos del delito, en el caso de los delitos de secuestro, daño a las cosas, ni despojo, robo o lesiones; ni los elementos de responsabilidad de los aquí firmantes en relación con los cinco delitos que se nos imputan. En el alegato siguiente se detalla porqué estos delitos no se tipifican en sus elementos.  Por lo tanto, lo procedente es que se ordene nuestra libertad de conformidad a lo señalado por el artículo 294 en su párrafo segundo”, señalan.

Esto, debido a que “no fuimos detenidos cometiendo ninguna conducta delictiva. Nosotros nos encontrábamos realizando un recorrido por terrenos de nuestra propiedad, y en ningún momento, tal y como se acredita en nuestros argumentos en torno a los elementos de cada tipo penal, no planeamos ni realizamos ninguna conducta que pudiera constituir los delitos de secuestro, de despojo, de daños o de robo. Los suscritos no privamos de libertad a las personas que señalan haber sido secuestradas, Adalberto Torres González, David Cárdenas de la Cruz, Amador Santana Vázquez y Candelario Montes Llamas, ni exigimos el pago de un rescate.”

Se precisa “que fue requerido el pago por concepto de renta de los terrenos ejidales, que realizó la empresa hacia nuestro ejido, por medio de transferencias electrónicas, que se refieren al Recibo de Pago de rentas 2015-2016, tal y como se expresa por el C. David Cárdenas de la Cruz, en el video que se acompaña y se acredita con el recibo original que obra en actuaciones y aduce lo descrito”.

Abundan en el tema: “nos permitieron el acceso a tierras de ejido que Peña Colorada tiene el uso temporal en virtud de convenios realizados con el ejido de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco, e inclusive propiciaron y desde luego autorizaron un recorrido con los ejidatarios y comunidad que nos acompañaba al interior del predio de las 401-00-00 hectáreas […] en efecto,  los ahora agraviados, se encontraron en todo momento, en la posibilidad real y material de movilidad y de plena libertad, tan es así, que fueron facilitadores para que se cumpliera en sus términos, el convenio con los porcentajes y montos acordados desde el año 2012, es decir, reconocieron que se tenía pendiente el pago y que se estaba generando el pago de los montos y porcentajes acordados previamente por la renta de aproximadamente 801-00-00 has., de nuestra propiedad”. Documentos y videos son los medios de prueba ofrecidos.

Además, “… las solas declaraciones imprecisas de los supuestos secuestrados y del testimonio de personal de oficinas de la empresa, que dicen ‘parecían rehenes’ de ninguna manera son suficientes para acreditar que existiera una privación de la libertad de dichas personas, máxime que todos los inculpados hemos sido contantes en señalar que el día de los hechos ‘estábamos en terrenos del ejido y que el señor Cárdenas nos permitió el acceso y nos acompañó en todo el recorrido, tanto él como sus dos acompañantes”.

Por otro lado, “los suscritos inculpados, no fuimos detenidos realizando daños en contra de algún vehículo, ni nos encontrábamos despojando de su propiedad a ninguna persona. Los aquí firmantes tampoco robamos ninguna cámara ni ningún otro equipo. El Ministerio Público y de las constancias de actuaciones de la averiguación previa, no aportan pruebas ni elementos que acrediten que los suscritos nos encontrábamos cometiendo alguna de estas conductas, y que debido a esa razón se procedió a nuestra detención.

En resumen, son acusaciones prefabricadas. Evidencia clara resulta que entre la entrega del último depósito, a las 5.39 pm del 22 de julio, y la apertura de la averiguación criminal por la Procuraduría de Justicia de Colima -a las 5.45 pm-pasaron solo seis minutos. Esta noche se resuelve la situación jurídica de los 34 nahuas detenidos y del abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, del Idea.

Aristóteles promete pronta liberación de presos nahuas

Un ejido con divisiones internas recibió al mandatario en la sierra, pero refrendaron por mayoría su decisión de “luchar por nuestros derechos” frente a Peña Colorada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayotitlán, el enorme y paupérrimo ejido nahua de la sierra de Manantlán, en los linderos con Colima, estuvo ayer por unas horas en el corazón de la política de Jalisco. Tras visitar el poblado y escuchar las quejas de sus moradores, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, acudió a la capital del vecino estado de Colima. El resultado de la entrevista con su homólogo, Mario Anguiano, fue la seguridad de que ese gobierno “perdona” a los nahuas y allana el camino para su liberación.

Pero no será sólo cuestión de buenas voluntades. Los detenidos durmieron una noche más en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima en espera de que se venza el plazo para determinar su situación jurídica. A las siete de la noche de hoy, se define si el juez correspondiente encuentra o no elementos para mantenerlos presos o para que enfrenten el proceso en libertad, e incluso, desechar las acusaciones si no encontrara elementos de delito.

El paso por la cabecera del núcleo nahua no fue un día de campo, ante las divisiones internas que existen en el ejido. No obstante, en el enfrentamiento entre quienes mantienen el amparo 462/2013 para defender derechos frente a la mina Peña Colorada, y quienes señalan que la empresa ha actuado de forma satisfactoria, los primeros predominaron, e insistieron en que no han cometido delitos al reclamar lo que les corresponde.

“El gobernador nos pidió que nos uniéramos para mantener nuestros derechos y que él nos dará su apoyo, creemos que sus subalternos lo tenían malinformado”, dijo un líder comunitario por vía telefónica.

“Necesitamos acuerdos y que los acuerdos se cumplan y necesitamos que nuestra gente, nuestra gente que luchó por sus derechos y por los de sus familias, por su tierra, por los compromisos que se hicieron, no pueden estar privadas de su libertad, porque fue solamente exigir justicia, fue a que se cumpliera con lo que pedía y con lo que aspiraba y aquí venimos a hablarles de frente”, les dijo el mandatario.

Sandoval Díaz voló de las montañas a la capital colimense, y tuvo una reunión cordial con el mandatario estatal, Mario Anguiano Moreno, en la casa de gobierno; acordaron poner lo que les corresponda para lograr la liberación de 33 de los 34 aprehendidos.

“Aquí el ejemplo de lo que hemos venido haciendo desde un principio, de cómo los dos gobiernos se entendieron con una agenda común y no sólo en este tema sino en otros hemos trabajado muy unidos”, explicó Sandoval. Recordó que es problema histórico que no ha podido ser resuelto en su totalidad. Por ello, manifestó que se tiene una gran oportunidad para instalar una mesa de diálogo propositiva, donde las partes involucradas lleguen a consensos satisfactorios.

“Más desde lo social, desde lo humano y desde lo sensible, y vamos estableciendo una mesa de acuerdos y que ellos vean disposición y podemos llegar a fondo”, sostuvo a la salida del encuentro.

En la gira, el gobernador fue acompañado por el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y por el subsecretario de Asuntos del Interior, Raúl Juárez Valencia.

LÍDER INDÍGENA POLÉMICO

Gaudencio Mancilla Roblada, quien ostentó hasta febrero de 2015 el cargo de presidente del Consejo de Mayores de Ayotitlán, ha sido un personaje polémico para los indígenas de Ayotitlán en los últimos días, a raíz de los incidentes violentos del 22 de julio frente a Peña Colorada, que derivaron en la detención de 34 de sus vecinos y un abogado. Ayer, en conferencia de prensa en Guadalajara, se exhibió papelería que desacredita el cargo con que se presenta, pero sobre todo, sus críticos se dolieron del papel que a su juicio jugado en estos días complicados, a favor de los intereses de la empresa y del gobierno de Colima, habituales verdugos de la comunidad en 40 años de coexistencia. Mancilla y su grupo están convencidos de que enfrentar en esas condiciones a la empresa ha sido un error que ha puesto en riesgo a los indígenas.

Defensores de Nahuas denuncian calumnias de los gobiernos de Jalisco y Colima

Señalan la importancia de que intervenga el gobierno federal, dados los intereses inconfesables que ambas entidades federativas mantienen en la zona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Red Jalisciense de Derechos Humanos y Frente Regional ProManantlán y Cuenca del Río Marabasco y Cuencas Adyacentes, (Fremar) reclamaron hoy la violencia desplegada por el gobierno de Colima en el desalojo de cientos de indígenas Nahuas de Ayotitlán que reclamaban sus derechos a la minera Peña Colorada y consideraron aberrante el modo en que el gobierno de ese estado ha procedido históricamente en contra de los derechos de las comunidades indígenas de Cuautitlán, Jalisco.

La Red Jalisciense en específico señala que desde hace 46 años trabaja por la vigilancia y protección de los derechos humanos en la zona de conflicto minero con los poblados Nahuas de Ayotitlán y Plan de Méndez Jalisco, y ha realizado en esos años acciones relevantes a favor de esos poblados, en particular la gestión de la recomendación 122-95 a la cual se comprometieron cumplir los gobiernos de Jalisco  y Colima hace 20 años, pero no ha sucedido nada y se mantiene una política de discriminación, acoso y despojo de los derechos de los indígenas.

En conferencia de prensa realizada en la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios, que preside Cuauhtémoc Peña Cortés, el abogado Oscar González Garí, quien es miembro más antiguo de la red que ha trabajado en la región, destacó la falta de voluntad de las instituciones para dar justicia a los campesinos mientras se permiten abusos incontables de la empresa minera y se hace la fabricación de delitos como ha ocurrido en este momento con el tema del presunto secuestro consumado por parte de los indígenas.

Al respecto el presidente del Fremar, Jesús Hermenegildo García destacó que es mentira que los 14.8 millones de pesos que se hayan pagado por parte de la mina sean a cuenta del secuestro de tres funcionarios, dado que era un compromiso que ya tenía la mina por la renta de 800 hectáreas en la zona, un convenio que se firmó desde el año 2012.

También desautorizó a Gaudencio Mancilla Roblada como vocero de los Nahuas, dado que fue destituido del frente del consejo de ancianos de la comunidad de Ayotitlán y lo acusó de recibir prebendas de la mina Peña Colorada, para dividir a los Nahuas y prestarse a mantener el estado de cosas que favorecen la explotación de la mina sin dar mayores regalías a los dueños originales de la tierra que son los Nahuas.

Los presentes en la conferencia de prensa denunciaron la política activa de calumnias desplegadas por el gobierno de Colima y con el "aparentemente inexplicable" apoyo del gobierno de Jalisco, que busca ajustar cuentas con el grupo de promotores de derechos humanos que no solamente en el caso de la mina mantiene expedientes abiertos en contra de los intereses del gobierno local.

Destacaron que además de la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos está activo un expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a las violaciones sistemáticas por parte de los gobiernos locales y en particular Oscar González Garí señaló que debe ser el gobierno federal el que intervenga y ponga paz, dado los intereses inconfesables que sostienen los dos gobiernos estatales, que en esta ocasión parecen estar concertados para destruir la defensa legal de los ejidatarios de Ayotitlán por diversidad de intereses que están más allá del interés de los gobernados.

Piden a Peña intervenir a favor de nahuas detenidos

En palacio nacional, entregan carta en petición de que el presidente apoye liberación de 35 acusados “con delitos prefabricados”

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La defensa legal de los nahuas de Ayotitlán pidió ayer apoyo al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en busca de alcanzar la liberación de 34 indígenas nahuas y del abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, detenidos por la policía de Colima y acusados de secuestro consumado, con pruebas “montadas” por la minera Peña Colorada.

La carta está firmada por la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental AC (Idea) y defensora del poblado indígena, y recibida por la tarde en la oficialía de partes de palacio nacional, en la ciudad de México.

La también investigadora de la Universidad de Guadalajara y Premio al Mérito Ecológico 2009, le solicitó al mandatario “la liberación inmediata” de los detenidos; el abogado está recluido“en la cárcel de máxima seguridad del estado de Colima”, mientras los 34 indígenas están en el centro de reclusión estatal.

Relata: “el 22 de Julio del año en curso, más de 500 ejidatarios llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde se encuentra  la empresa  [minera] Peña Colorada […] la empresa, en complicidad con el gobierno del estado de Colima, instrumentó un operativo a cuyo frente iba en persona el procurador de Justicia del estado de Colima, quien expresó al abogado del Idea,pasante de derecho Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, que en ‘Colima los amparos no sirven’, usando un lenguaje poco propio de un procurador,  y aprehendió al abogado defensor que le estaba exhibiendo la suspensión del Juez de Distrito en el amparo 462/2013. De allí  en adelante golpearon ancianos, niños, mujeres y jóvenes y aprehendieron alrededor de 35 nahuas, entre ellos ancianos de casi 80 años de edad”, señala la misiva.

La sorpresa “fue la fabricación burda de delitos en contra de los nahuas y del abogado por ‘secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y  lesiones’, exhibiendo una transferencia que la empresa había hecho al ejido por  14 millones para que liberaran a 3 empleados de la empresa, supuestamente secuestrados”. Pero en realidad,“de la transferencia  anterior, se exhibió  un recibo firmado por la propia empresa en pago a adeudos  atrasados por la renta de la tierra”.

Respecto al despojo, aclara, “la propiedad de la tierra es del ejido de Ayotitlán y no despojaron a nadie de ningún derecho  de uso, ya que lo único que estaban haciendo era supervisar que se cumpliera la orden del Juez de Distrito y abrir puertas para un nuevo acuerdo con la empresa”.

 Robo, “¿qué robaron señor Presidente?, ¿acaso la tierra que llevaban en su cuerpo después de haber sido brutalmente golpeados?”.  Y daños, “sí, ¿todo el operativo de Colima represor [que] se fue sobre las personas nahuas?”.

Añade: “Quienes sufrieron lesiones de gravedad fueron  los indígenas nahuas, tal y como lo constató el Comisionado de la CNDH, quien se dio cuenta de las lesiones de que fueron objeto y las constató el jueves 23 de Julio del año en curso debido a la queja que interpusimos ante la CNDH”; por cierto,ese comisionado “ya no regresó al día siguiente”.

Ayotitlán “es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Así, fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria del área natural protegida en sus tierras” incluso con amplias porciones de las zonas núcleo. El problema con Peña Colorada es viejo, pero la propia empresa ha reconocido el traslape de propiedad y la necesidad de someterse al arbitrio de la justicia en el tema, puntualiza.

Gobierno estatal busca liberar detenidos de Ayotitlán

Esperan abogados de que las gestiones permitan la liberación de los indígenas nahuas esta misma tarde; hay molestias entre ejidatarios contra el gobierno de Colima y la minera Peña Colorada

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El gobierno de Jalisco se comprometió a liberar a los 34 ejidatarios y representantes de Ayotitlán que fueron detenidos tras la operación policiaca colimense contra campesinos que retomaron su territorio, enclavado en el aprovechamiento mineral de Peña Colorada, el pasado 22 de julio.

Tras reunirse con representantes de la autoridad ejidal del núcleo de origen nahua de la sierra de Manantlán, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, instruyó a un grupo de abogados de la dependencia a que se trasladaran a la capital de Colima para realizar gestiones en la Procuraduría de Justicia de ese estado; la misión de los representantes jurídicos del gobierno fue que los detenidos quedaran libres esta misma tarde.

Esa prioridad evitó que se entrará en los detalles de los sucesos que derivaron en la represión policiaca, pero López Lara había declarado a la prensa momentos antes de la cita que la razón estaba del lado de Colima y que los ejidatarios se habrían equivocado en la interpretación del amparo. Pedro León Corrales, asesor jurídico del ejido, mantuvo su postura de que la razón legal está del lado de los jaliscienses, y dijo que en los siguientes días, la asamblea de ejidatarios tomará decisiones tendientes a reforzar su postura de recuperar sus derechos territoriales y que la minera de hierro más importante del país pague por el mineral que extrae de su subsuelo.

En las inmediaciones de palacio de gobierno, diversos ejidatarios esperaban la realización de la reunión. Había irritación por los actos y las amenazas del gobierno de Colima, y calificaron como falsas y calumniosas las declaraciones de la empresa en torno a los hechos de esa tarde del martes pasado.

En estos momento, los abogados de la SGG se reúnen con el procurador de Colima, Marcos Santana Montes, en busca de acelerar el proceso de liberación de los detenidos y la atención de sus lesiones.

Golpes, calumnias y amenazas, afronta Ayotitlán

Gobierno colimense amenaza con penas de hasta 40 años de cárcel; defensa de los indígenas reclama suspensión de una suspensión judicial y abuso de poder de la procuraduría local. Gobierno de Jalisco no ha intervenido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

"En Colima esos amparos no sirven”, le dijo, furioso, el procurador de justicia de ese estado, Marcos Santana Montes, al joven abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), antes de forzarlo a subir –en calidad de detenido, in fraganti- a la tanqueta desde la que conducía la operación de desalojo de más de 500 ejidatarios nahuas que reclamaban la restitución de sus tierras en poder de la minera Peña Colorada, al anochecer del pasado 22 de julio.

La exhibición de la suspensión otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, en el marco del expediente de revisión 231/2013 del juicio de amparo 462/2013, que se lleva en el juzgado IV de distrito de Guadalajara, careció de interés para el funcionario, le confió Mosqueda a la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, su jefa en el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), tras pasar la noche en los separos judiciales de la capital de Colima, con la ropa desgarrada, y presto a dar testimonios del encarnizamiento de gendarmes contra campesinos sin distinción de condición: Mujeres, niños y viejos, desde hematomas hasta fracturas.

34 detenidos en total, reconoció la Procuraduría General de Justicia del estado, en una conferencia de prensa, en que acusó a los ejidatarios nahuas de “despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada”, al intentar ejecutar su amparo, cuya traducción legal sería: Que todas las actividades extractivas, de transformación, de vertidos y de administración que se hacen dentro de los terrenos ejidales, se detengan. Hay otro medio centenar de lesionados que se dispersaron por las localidades de la sierra. Los nahuas están temerosos de que la procuraduría ejecute diez órdenes de aprehensión más contra “líderes” de la comunidad. “La venganza contra el atrevimiento de reclamar lo que nos corresponde quieren hacerla ejemplar”, señalaba ayer por la noche un líder comunitario.

A la par del miedo, está la irritación por la andanada de invectivas que el gobierno vecino desató en medios de comunicación locales: “Esas personas pueden alcanzar una penalidad de hasta 40 años de prisión y no tienen derecho a fianza. Vamos a proceder con toda energía puesto que en Colima el estado de Derecho tiene que respetarse, cuando una persona comete un delito tiene que responder por las consecuencias legales que el mismo le implicó”, dijo el procurador colimense, y detalló “cuantiosos daños a patrullas y equipo táctico policial” así como diez policías presuntamente lesionados con piedras y palos. Por su parte, Arturo Tronco, director general de Peña Colorada, dijo que es inaceptable la exigencia de los ejidatarios de recibir pago por el hierro extraído, y negó que se estén extrayendo materiales de las tierras del ejido. Acusó a los ejidatarios de extorsión.

Gutiérrez Nájera respondió que la autoridad local se comportó como “parte” y no de forma imparcial, y recordó que el desacato a una orden judicial puede llevar a la destitución de los funcionarios colimenses, como lo es el propio procurador.

“Hemos estado aquí a la espera de tener acceso a los detenidos, están incomunicados y sabemos que fueron golpeados por los policías, que no les importó que muchos sean de la tercera edad, algunos con diabetes inclusive, otros con fracturas, estamos exigiendo que se nos permita ver, hay una cola de familiares de los detenidos afuera de la procuraduría, es un trato muy indigno”, señaló la catedrática de la UdeG.

Junto con ella, acudieron a la capital de Colima personal de la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya recibió queja por parte del ejido; el asunto fue denunciado también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, instancia que en el pasado ha hecho pública su preocupación por los abusos padecidos por la comunidad aborigen en su lucha desigual con la empresa transnacional.

Pedro León Corrales, también asesor ejidal, dijo que los hechos del martes son suficientemente graves como para generar un rompimiento con la minera en las pláticas de conciliación que se realizaban en la Procuraduría Agraria, y lamentó que el colimense sea solo “gobierno gendarme” al servicio de la empresa.

El meollo es que los ejidatarios tienen su plano definitivo de dotación inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Autlán desde los años 90, con su territorio que alcanza hasta el río Marabasco y las tierras que explota Peña Colorada; para contrarrestarlo, ésta recibió escrituras del gobierno de Colima, fruto de un proceso de expropiación que no afecta al ejido, sino a pequeñas propiedades, pero que están aparentemente traslapadas al polígono de dotación. No obstante, esas escrituras son de fecha posterior: Del año 2000. “El primero en tiempo es primero en derecho”, advierte la defensa del ejido.

Pero reconocer ese orden legal básico tiene costos extra que Colima no está dispuesto a afrontar: Reconocer la soberanía jalisciense en la zona. No importa que la dotación agraria de Ayotitlán la haya decretado en 1963 el presidente Adolfo López Mateos, y que en principio, un tema de límites entre dos estados no la condicione: Para Colima, los intereses de los aborígenes están entreverados con los de su vecino 16 veces mayor, y no se confía de su frecuente pasividad en el tema, refrendada ayer, una vez más.

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“ELLOS ROMPIERON EL DIÁLOGO”



Pedro Mendoza Pérez, indígena de Ayotitlán, relata a las afueras de la procuraduría de Colima, la jornada del 22 de julio en que intentaron retomar el control de sus tierras primordiales hoy en manos de la minera Peña Colorada.

“La realidad es muy distinta a la que aquí están contando los medios de comunicación; las fuerzas antimotines del gobierno de Colima llegaron con una actitud muy prepotente, agrediendo a señoras, señores, ancianos, niños, eso es lo que yo vi, golpeó a la gente de forma violenta, pero ellos dicen todo lo contrario […] primero, cuando llegamos, había un diálogo, no hubo provocación de nosotros; pero ellos verbalmente nos agredieron. La gente estaba tranquila, a punto de dormirse, y los policías nos sorprendieron de forma violenta, nos emboscaron, con actitud muy agresiva. Yo tengo tres familiares golpeados, con golpes graves, huesos rotos, estamos tratando que nos den permiso de verlos, porque a tantas horas no hemos podido”, señala molesto.

Los 34 detenidos no son todos. Hay en Telcruz al menos 24 lesionados que entregaron sus fotos testimoniales a MILENIO JALISCO. Y otra treintena, dispersa en pequeñas aldeas de la sierra, pues la “recuperación” del “territorio colimense” fue completa.



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CRONOLOGÍA

1903. Formalizan el descubrimiento de yacimientos ferrosos en Peña Colorada. En la zona, un juez de Colima ordena diligencias de apeo y deslinde que provoca un conflicto entre los estados.

1920. Matanza de Timbillos, en el río Marabasco. El hacendado colimense de El Cacao, Carlos Fernández, ordena a Juan Arias la muerte de trece indígenas de Ayotitlán, la quema de sus ranchos y de sus cosechas, por ser presuntos invasores. En 1926, los nahuas, incorporados a la lucha cristera, toman venganza en Tacamo contra las defensas de Minatitlán

1963. El presidente Adolfo López Mateos dota al ejido nahua de Ayotitlán, tras “extraviarse” sus títulos virreinales que le daban derechos sobre más de 400 mil hectáreas; en la dotación se ubica buena parte del mineral de hierro y los amplios bosques que desangran las madereras, y que serán el núcleo de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán

1967. Nace como paraestatal la minera Benito Juárez-Peña Colorada, que entrará en conflicto con la comunidad nahua a partir del comienzo de sus operaciones, en 1974. “Se estima que Peña Colorada aporta el 30% del mineral consumido en México usado para la industria siderúrgica que abastece a su vez a la industria automotriz, electrodomésticos y construcción, entre otras”. Genera 1,200 empleos directos y tres mil indirectos en la actualidad

1992. Se registra el plano definitivo y el decreto de dotación del ejido en el Registro Público de la Propiedad de Autlán

1995. Recomendación 122/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pide resolver conflicto de límites a Jalisco y Colima, lo que ambos estados aceptan. 20 años después no se ha resuleto

1998. Jalisco reclama ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus límites con Colima; en 2005, la jurisdicción del problema se pasa al Senado, que no resolvió; el asunto sigue en suspenso en 2015.

Amenazas de muerte en Ayotitlán

Denuncian a grupo cercano a la minera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Como presunto resultado de la presión legal para sacar adelante un acuerdo “histórico” a favor de la comunidad de Ayotitlán en su relación desigual con la minera de hierro más grande del país, Benito Juárez-Peña Colorada, en los últimos días se han dado amenazas “indirectas y directas” de grupos del ejido nahua que tendrían relación monetaria con la empresa, denunció ayer el representante legal del núcleo agrario, Pedro León Corrales.

El integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que asesora al ejido, señaló que todo brotó a raíz del resultado de la asamblea ordinaria de la comunidad nahua el pasado domingo 28 de junio, cuando “de forma aplastante” se dio una votación que respalda al comisariado ejidal en las negociaciones para obtener un acuerdo equitativo con la extractora que forma parte de grupo Ternium.

“Yo personalmente recibí amenazas de gente vinculada a la mina, lo cual ya hemos notificado al juzgado de distrito de forma verbal, y haremos constar de modo formal pronto”, puso en relieve León Corrales.

El ex diputado local explicó que los impugnadores del acuerdo de asamblea son minoritarios pero actúan “agresivamente”. Incluso los señaló de realizar actos de acoso contra miembros del comisariado y de la propia defensoría legal, y dijo que “se han vendido ante la opinión pública” como defensores de derechos humanos, pero “se trata de una gran mentira, tenemos pruebas de que reciben dinero de la mina y han sido desconocidos” por la propia comunidad. El lunes 6 de julio será la reunión en que Peña Colorada responderá a las demandas del ejido de cobrar 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro que se extrae.

Ayotitlán aprueba negociación con Peña Colorada

Asamblea ejidal respalda al comisaríado; en caso de que no llegue a un acuerdo, los campesinos nahuas suspenderán las operaciones de la ferrosa más grande del país.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una mayoría absoluta de la asamblea ordinaria del ejido Ayotitlán, en la región Costa Sur de Jalisco, aprobó este domingo los términos en que se ha comenzado a negociar la vieja deuda histórica que mantiene la minera Peña Colorada con la comunidad nahua de estas montañas, a la cual, a cambio de millones de toneladas de hierro de las entrañas de su suelo, hasta ahora sólo ha pagado con persecución y hostigamiento policiaco, control de la vida interna del ejido a través de corrupción de líderes y algunas migajas para el desarrollo social, según lo señalaron los propios ejidatarios reunidos en el poblado cabecera de sus dominios.

Reunidos más de medio millar de campesinos en la casa ejidal, se leyó y aprobó la propuesta de negociación inicial que se había dado a conocer dos días atrás, en la reunión que se realizó en las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) de Guadalajara, a los representantes del consorcio minero que forma parte de grupo Ternium (MILENIO JALISCO, 27 de junio de 2015), señala el acta manuscrita de la asamblea, con copias en poder de este diario.

Sin embargo, “en caso de que el 6 de julio de 2015 [cuando será la reunión donde la minera responderá a las peticiones del ejido, en la delegación de la PA en Guadalajara] no se llegue a ningún acuerdo con la empresa […] se procederá a hacer efectivo [sic] en su totalidad la suspensión de plano otorgada por el amparo 462/2013 […] en los terrenos pertenecientes al núcleo agrario de Ayotitlán…”.

Es decir, en alrededor de 1,201 hectáreas de superficie ejidal donde opera la mayor parte del proceso de extracción y beneficio de metales, se  deberá suspender cualquier actividad según lo establece el recurso concedido por la autoridad judicial, en tanto se juzga el fondo del asunto: la legítima propiedad de la comunidad sobre sus más de 60 mil ha de dotación y ampliación.

“[…] en caso de llegar a nuevos convenios satisfactorios con la empresa se llegará a aprobar por primera y segunda convocatoria, los nuevos convenios, y como segundo punto, el desistimiento parcial de la suspensión de amparo en los términos de los convenios ya aprobados…” (sic).

Ayotitlán exige el pago de 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro extraída de sus tierras, con un ajuste a los tres años que tiene de interpuesto el juicio de amparo, más apertura para negociar nuevos convenios de ocupación temporal de tierras para verter residuos inertes de la minería, y renta por instalaciones y zona de oficina de la empresa. En la reunión de Ayotitlán se reportaron algunos conatos de violencia interna que no pasaron a mayores, de acuerdo a la versión del asesor legal, Pedro León Corrales.

Sigue incumplida suspensión minera en Peña Colorada

El seguimiento del juicio de amparo interpuesto por moradores de Ayotitlán contra la concesionaria de hierro camina con lentitud.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La falta de respuesta satisfactoria de las instancias oficiales respecto al cumplimiento de la suspensión de plano de las concesiones mineras y de agua de Peña Colorada –empresa que aprovecha el yacimiento ferroso más grande del país-, generó que el juez IV de distrito en materias Administrativa y del Trabajo ya emita una segunda remesa de requerimientos a los superiores jerárquicos de los funcionarios omisos.

En el marco del expediente de amparo 462/2013, el titular del juzgado recibió respuestas de los encargados de impacto ambiental y derechos de agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). en ambos casos no se acreditó “fehacientemente” la suspensión, por lo que con fecha 26 de febrero, el juez emitió un auto para requerir a sus superiores: respectivamente, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Rafael Pacciano Alamán, y al director de la Conagua, David Korenfeld Federman.

Queda pendiente el caso de la Secretaría de Economía, de la que depende la coordinación de Minas que genera los títulos de concesión que también deben ser objeto de la suspensión. Las concesiones mineras reclamadas son Rincón II, título número 196668 y Ampliación Rincón II Título 2262253, y Los Juanes 227602.

“Visto el estado de autos, y por los motivos expuestos se hace efectivo el apercibimiento, requiérase a la autoridad, para que, en su carácter de superiores jerárquicos, respectivamente, obliguen a las autoridades responsables a efecto de que, sin demora alguna den cumplimiento a la suspensión de plano de que se trata, apercibidos de que, de no hacerlo, serán requeridos, a su vez, por conducto de sus superiores jerárquicos”, señala el acuerdo del viernes pasado.

“Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades, que en su carácter de superiores jerárquicos de las citadas autoridades responsables, incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento a la suspensión de plano concedida. No obstante lo anterior, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, remitan a este juzgado constancias fehacientes del cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano concedida por el Superior, en la resolución pronunciada el día diecinueve de septiembre del año dos mil catorce, apercibidas que de no hacerlo, se dará vista al Ministerio Público Federal”, añade.

El principal aprovechamiento de hierro del país, en los límites de Jalisco y Colima, aporta la tercera parte del material ferroso, que al menos en parte se extraen y procesan en 1,200 hectáreas propiedad de Ayotitlán, lo que ha significado un conflicto histórico por más de medio siglo.

La medida cautelar suspende efectos de las concesiones mineras, su inscripción, la emisión de permisos ambientales (indispensables para los aprovechamientos) tanto en el tema de la extracción mineral y del uso del agua, y los permisos de construcción y de operación de instalaciones mineras en la superficie en disputa, que forma parte del plano definitivo de la comunidad nahua.