Asamblea ejidal respalda al comisaríado; en caso de que no llegue a un acuerdo, los campesinos nahuas suspenderán las operaciones de la ferrosa más grande del país.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Una mayoría absoluta de la asamblea ordinaria del ejido Ayotitlán, en la región Costa Sur de Jalisco, aprobó este domingo los términos en que se ha comenzado a negociar la vieja deuda histórica que mantiene la minera Peña Colorada con la comunidad nahua de estas montañas, a la cual, a cambio de millones de toneladas de hierro de las entrañas de su suelo, hasta ahora sólo ha pagado con persecución y hostigamiento policiaco, control de la vida interna del ejido a través de corrupción de líderes y algunas migajas para el desarrollo social, según lo señalaron los propios ejidatarios reunidos en el poblado cabecera de sus dominios.
Reunidos más de medio millar de campesinos en la casa ejidal, se leyó y aprobó la propuesta de negociación inicial que se había dado a conocer dos días atrás, en la reunión que se realizó en las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) de Guadalajara, a los representantes del consorcio minero que forma parte de grupo Ternium (MILENIO JALISCO, 27 de junio de 2015), señala el acta manuscrita de la asamblea, con copias en poder de este diario.
Sin embargo, “en caso de que el 6 de julio de 2015 [cuando será la reunión donde la minera responderá a las peticiones del ejido, en la delegación de la PA en Guadalajara] no se llegue a ningún acuerdo con la empresa […] se procederá a hacer efectivo [sic] en su totalidad la suspensión de plano otorgada por el amparo 462/2013 […] en los terrenos pertenecientes al núcleo agrario de Ayotitlán…”.
Es decir, en alrededor de 1,201 hectáreas de superficie ejidal donde opera la mayor parte del proceso de extracción y beneficio de metales, se deberá suspender cualquier actividad según lo establece el recurso concedido por la autoridad judicial, en tanto se juzga el fondo del asunto: la legítima propiedad de la comunidad sobre sus más de 60 mil ha de dotación y ampliación.
“[…] en caso de llegar a nuevos convenios satisfactorios con la empresa se llegará a aprobar por primera y segunda convocatoria, los nuevos convenios, y como segundo punto, el desistimiento parcial de la suspensión de amparo en los términos de los convenios ya aprobados…” (sic).
Ayotitlán exige el pago de 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro extraída de sus tierras, con un ajuste a los tres años que tiene de interpuesto el juicio de amparo, más apertura para negociar nuevos convenios de ocupación temporal de tierras para verter residuos inertes de la minería, y renta por instalaciones y zona de oficina de la empresa. En la reunión de Ayotitlán se reportaron algunos conatos de violencia interna que no pasaron a mayores, de acuerdo a la versión del asesor legal, Pedro León Corrales.
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