viernes, 19 de junio de 2015

Ayotitlán refuerza acción legal contra Peña Colorada



Ejido ratifica amparo contra ferrosa; citaron en Procuraduría Agraria para conciliar con la empresa, pero los representantes de esta nunca llegaron

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Tras dos meses de sufrir acoso por parte de funcionarios de la minera Peña Colorada, en busca de que se desistieran del amparo 462/2013, los miembros del comisariado ejidal de Ayotitlán, en Cuautitlán (Costa Sur de Jalisco), decidieron ayer ratificar el asunto judicial, cuya consecuencia inmediata es que el aprovechamiento de hierro más grande del país se encuentra legalmente suspendido.

Con esta arma debidamente calibrada, los dirigentes nahuas -una vez que también ratificaron al frente de su representación legal a Pedro León Corrales y el grupo de abogados del Instituto de Derecho Ambiental (Idea)-, se dispusieron a negociar con el consorcio empresarial que lidera Grupo Ternium. La cita fue ayer a las once de la mañana en el salón de juntas de la delegación Jalisco de la Procuraduría Agraria., donde fueron recibidos amablemente por el delegado, Gonzalo Moreno Arévalo, pero los representantes de la empresa, que habían confirmado su asistencia en la víspera, no llegaron.

Moreno Arévalo exhortó a los líderes ejidales a que establecieran un proyecto de negociación frente a la empresa transnacional que tiene 42 años con la extracción ferrosa en tierras de la comunidad agraria; se comprometió a citar para reunión de conciliación a los empresarios, para el próximo lunes a las doce del día.

Los líderes ejidales, Ernestino Ciprian Ocaranza, Roberto Cobián Gutiérrez y Dionisio Elías de los Santos, se apersonaron temprano en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo para ratificar escrito del 12 de junio pasado, en el que asumen la defensa jurídica contenida en el amparo, en un principio establecido por diez campesinos bajo la figura de “representación sustituta”; de dichos ejidatarios, nueve se habían desistido días atrás del asunto.

“Nos están chantajeando; han suspendido ya la entrega de becas y apoyos y la remesa de dinero que se da como efecto de un convenio que tenemos firmado por el uso de 1200 hectáreas para vertedero de material estéril de la mina; incluso hace tres días le recogieron una camioneta que asignamos para servicios en Mameycito, sin olvidar que están amenazando a la gente que trabaja con ellos, de que podrían dejarlos sin empleo”, se quejaron ante el funcionario agrario.

Pedro León Corrales explicó los alcances de la ejecutoria de la “suspensión de plano” que tiene como obligación el juez. La autorización de impacto ambiental para la extracción y el beneficio de metal ya está suspendida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía no tiene registrado el convenio que estaba vigente, el cual entrega 22 millones de pesos por año a la comunidad por el depósito de material estéril, pero no ha suspendido los títulos de concesión; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe suspender los permisos de uso y descargas de agua. Es tarea del juez hacerlo cumplir.

“Una vez que se ejecute, se paraliza la mina, pero la voluntad de la asamblea no es perjudicar, es negociar en condiciones de equidad como duelos de la tierra, son ahora 1,200 hectáreas donde incluso tienen el molino y las oficinas, pero su plan de crecimiento afecta doce mil ha del ejido”, añadió.

La suspensión era “sumarísima” y debió aplicarse desde septiembre de 2014, pero mal que bien, han logrado aplicarla de forma gradual. “Los intereses de la empresa y del gobierno de Colima, que funge como su policía, han sido difíciles de enfrentar, pero el derecho está de nuestro lado”, dijo León Corrales.

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Otros datos

La comunidad agraria de Ayotitlán es anterior a la llegada de los españoles; recibió en la colonia títulos virreinales que fueron “extraviados” durante el proceso de titulación hace medio siglo, por lo que se revirtió a ejido

No obstante, la dotación de 50 mil hectáreas fue parcialmente realizada debido a los intereses mineros y madereros; en especial, el bloqueo de la entonces paraestatal Peña Colorada, hoy parte de una poderosa multinacional de capitales chino, indio y canadiense

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