Reunión de conciliación en la Procuraduría Agraria, pero los apoderados de la mina niegan un conflicto con la comunidad nahua. La respuesta por la minera se dará el 6 de julio. En la foto, la extracción minera
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El ejido Ayotitlán pretende un viraje de fondo en sus relaciones históricas con la minera hoy transnacional Benito Juárez-Peña Colorada, que explota un yacimiento ferroso en los límites conflictivos de Jalisco y Colima que da más de cuatro millones de toneladas al año: ayer reclamó 20 por ciento del valor pagado por cada tonelada, nuevos contratos de ocupación temporal de tiraderos de material inerte y respeto a la libertad de tránsito de los nahuas en sus propios territorios.
En una reunión encabezada por el delegado de la Procuraduría Agraria en Jalisco, Gonzalo Moreno Arévalo, y con la asistencia de los representantes de la empresa, Kandice Fajardo Flores –apoderada legal- y Carlos Flores Valadez López; el representante del ejido, Pedro León Corrales, leyó la propuesta que hace el núcleo nahua para resolver el litigio que enfrenta a ambas entidades, y que por ahora, significa una “suspensión de plano” que evita ejercer las concesiones mineras en el territorio del pueblo de la sierra de Manantlán.
El representante, acompañado por los miembros del comisariado ejidal de Ayotitlán y de diversos ejidatarios, destacó que la condición previa indispensable para el arreglo es que “se cumplimente la ejecutoria del 19 de septiembre de 2014, que suspende las concesiones mineras, las concesiones de aguas y descargas y el permiso ambiental en una superficie inicial de 1,201 hectáreas, incluyendo el respeto al libre acceso a los terrenos del ejido”, en el contexto del juicio de amparo 462/2013.
En segundo lugar, “pago por la extracción de material minero [sic] en los terrenos del ejido, con un porcentaje de 20 por ciento por tonelada sobre el precio del fierro”, lo que debería aplicar a partir de la interposición del juicio, en 2013, con la idea de negociar al menos lo que se ha explotado desde 1975. Un tercer aspecto es que les paguen renta por los terrenos donde se ubican las oficinas del consorcio y el terreno donde se ubica el molino, dado que son parte de la dotación de Ayotitlán.
Un cuarto aspecto es que les paguen el uso del terreno para la concesión del agua y las descargas; un quinto aspecto es que la empresa comparta las concesiones mineras para desarrollo futuro del ejido a partes iguales con el ejido. Son nueve tantos el terreno hasta ahora ocupado por la industria: doce mil ha.
Finalmente, desconoce los convenios de renta de terrenos de material inerte y pide se hagan nuevos, pues no fueron aprobados por la asamblea general de ejidatarios.
Los enviados de la minera recibieron la propuesta pero desconocieron el conflicto legal. “No creo que sea el momento ni la plataforma para enfrentarse y discutir cuestiones de fondo y de naturaleza técnica y legal; nuestra postura es venir y escuchar, determinar de qué estamos hablando, la postura de la empresa, es que nosotros no tenemos un conflicto con el ejido”, dijo la apoderada legal, lo que ocasionó irritación entre las autoridades ejidales.
“Atendemos esto por respeto a la institución y a todos ustedes, y nuestra respuesta, la única que podemos dar en este momento, es llevar esta información a la empresa”, reiteró. La cita de respuesta fue fijada el lunes 6 de julio. Los ejidatarios se reunirán a discutir el tema mañana en su comunidad.
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