Hay graves irregularidades en la cancelación de los pagarés a Corey, señalan demandantes; a este daño al erario se agregan los riesgos ambientales muy altos para la Zona Metropolitana.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Fiscalía Central del Estado (FGE) de Jalisco recibió el pasado Día Mundial del Ambiente (5 de junio) una “denuncia de hechos” por el presunto desvío de alrededor de 700 millones de pesos que se utilizaron para edificar la Villa Panamericana en la zona de El Bajío, en busca además de evitar que las autoridades municipales y estatales le den “habitabilidad” al inmueble, que “muerde” un pedazo del bosque protegido de La Primavera.
“Estamos denunciando la posibilidad de que habiliten la villa nuevamente para hospital, oficina o vivienda, y el desvío de recursos por 700 millones de pesos; lo probamos con la copia de la convocatoria para la construcción de la villa, que salió en octubre de 2009, luego está una parte de la propuesta de Francisco Cornejo [el empresario constructor del complejo], en donde pide una serie de condiciones especiales para el proyecto, por ejemplo, que el gobierno del estado pague los servicios, que se encargue de tramitar todo, incluso violando los reglamentos, y que les acepten las áreas de donación dentro del área natural protegida o que el gobierno del estado o el municipio las condonen”, explicó a MILENIO JALISCO el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.
Otras condiciones privilegiadas es “que les acerquen la electricidad desde la carretera a Nogales, 1,500 metros hasta la Villa Panamericana, y que el gobierno del estado lo absorba, así como todas las vialidades que se tengan que construir, además del pago del derecho de vía […] esas condiciones por principio no las tuvo ningún constructor, pese a ser un negocio privado, y presentamos también una carta que firmó el gobernador del estado, que entonces era Emilio González Márquez, en la cual se compromete a cumplir con esas condiciones”.
Posteriormente se firma otro documento, “que es un fideicomiso que se constituye en el año 2012, cuando ya estaba suspendida la villa por mandato de juez, y había la posibilidad de hacer trasmisión de dominio; el fideicomiso es una trasmisión de dominio, en ese fideicomiso hay un acta de un consejo de vigilancia y de seguimiento, donde le condonan 700 millones de pesos al Iprovipe [Inmobiliaria y Promotora de Interés Público del Estado], que tenían dados en pagarés, y les regresan esos pagarés; todas estas irregularidades nosotros no queremos que queden en la impunidad, por eso estamos presentando la denuncia penal”.
Cárdenas Ochoa destaca que el grupo de organizaciones sociales demandantes esperaba que el gobierno del estado que encabeza Aristóteles Sandoval, “llevara a cabo las acciones, ya lo habíamos manifestado también al contralor estatal, pero vemos que no ha habido ninguna acción de esta naturaleza, que no se persigue los infractores pese al grave daño para el erario de Jalisco, además del tema ambiental y urbano, que es muy delicado”.
La denuncia está firmada por personalidades de diversos colectivos, además del propio presidente del Parlamento de Colonias: Sergio Peraza Segovia, Manuel Gómez Chavira, Jorge Enrique Murillo Hernández, Manuel Villagómez Rodríguez, Jaime Eloy Ruiz Barajas, Salvador Cosío Gaona, Jaime Hernández Ortiz, Sergio Alberto Padilla, Ignacio Medina Núñez y Eduardo Morfín López, entre otros.
De los documentos probatorios se anexa la convocatoria para construir la villa, fechada el 8 de septiembre de 2009; una fracción del documento elaborado por Corey Integra, con fecha del 22 de septiembre del mismo año, donde en el capítulo de “condicionantes complementarias” se exige que las áreas de cesión correspondan a la zona “identificada como de amortiguamiento”, esto es, la fracción que se mete al polígono protegido de La Primavera, donde los derechos de desarrollo estaban de antemano cancelados, así como el otorgamiento de todos los permisos, factibilidades de agua y eléctrica, infraestructura vial e incluso el pago de “costos derivados de incumplimientos”.
La “carta-compromiso” entre el gobierno del estado y Corey Integra SA de CV, es firmada por el gobernador, por su secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, por su secretario de Finanzas, José Luis de Alba, y por su secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba, y en la misma se establece el respaldo a la propuesta del desarrollador y “procurar el cumplimiento de las condiciones complementarias”. Está firmado el 27 de abril de 2010.
En cuanto al fideicomiso aludido, data del 12 de diciembre de 2012, según escritura pública 21,695 del notario público 69 de Guadalajara, Víctor Hugo Uribe Vázquez, y en el cual firman Héctor Francisco Cornejo Reynoso, como administrador de Corey Integra SA de CV y de Inmobiliaria Cornejo Barragán, así como el director de la Iprovipe, Jorge Valencia Rodríguez.
El fideicomiso, apuntan los denunciantes, contraviene la suspensión otorgada por la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado “que prohibía la transmisión de bienes del proyecto inmobiliario Villa Panamericana”. En ese documento se cancelaron los pagarés por más de 700 millones de pesos que había suscrito Corey a Iprovipe como garantía del dinero que se le prestó; además, se designó presidente del fideicomiso al representante de Corey Integra, lo cual es una “grave irregularidad” dado que “un fideicomiso en el que intervengan o aporten recursos públicos de ninguna manera un particular puede presidirlo”.
Estos elementos ya están en manos de la Fiscalía Central, que deberá abrir la averiguación criminal correspondiente.
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Lo que está en juego
Una inversión pública de casi 1,500 millones de pesos, de los cuales 700 millones eran dinero del Iprovipe, y más de 300 millones provenientes del Instituto de Pensiones del estado<
La cancelación de pagarés redujo el riesgo para el inversionista privado, luego de que Zapopan y el TAE se negaran a habilitar el inmueble de la villa para su venta en departamentos
Los ecologistas y grupos sociales advierten que permitir que en la villa funcionen oficinas u hospital, va a consumar el daño a la zona de El Bajío, y detonará el riesgo urbano de que se ocupen las 1,200 hectáreas de esta planicie donde se recarga parte del agua subterránea de la ciudad
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