Un Colegiado federal con sede en Coahuila resolvió que los gobiernos de Jalisco y Colima violaron los derechos del pasante, miembro del grupo ambientalista Idea
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La justicia federal ha hecho lo que los gobiernos locales de Jalisco y Colima evitaron por casi diez meses: la liberación del pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, un joven litigante que fue apresado por la Procuraduría Estatal de Colima el 23 de julio de 2015, cuando acudió con un grupo de dirigentes del ejido nahua de Ayotitlán a reclamar tierras de su dotación que explota la minera Peña Colorada, un litigio de medio siglo.
En los hechos, hubo una refriega, pues aunque los indígenas reclamaron la suspensión concedida en el marco del juicio de amparo 462/2013, el emporio transnacional argumentó invasión, despojo, daños en las cosas e intento de secuestro, y fue apoyado por el gobierno colimense. El procurador de justicia en funciones de esa entidad, Marcos Santana Montes, esta tarde aciaga, arrebató el papel que exhibía la medida cautelar al novel abogado, y lo obligó a subir a la tanqueta desde la cual dirigía el operativo, en calidad de detenido.
El pasado viernes 13 de mayo, después de la medianoche, Mosqueda Sánchez salió de la prisión estatal de Colima, donde estuvo recluido debido a los recursos interpuestos por los gobiernos de ambas entidades, no obstante que otros 33 detenidos, todos del ejido nahua, salieron libres pocos días después de los hechos, incluso con fianzas pagadas por el gobierno de Jalisco y desistimiento de acusaciones por el de Colima; la permanencia de Mosqueda Sánchez en reclusión es interpretada por la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, como dolo y afán de venganza de esos gobiernos, incómodos ante el trabajo de esa organización, que además de impulsar el juicio de restitución de las tierras otorgadas por el presidente Adolfo López Mateos a los nahuas, sostiene juicios contra proyectos de Jalisco en la región costera (Chalacatepec) y en la capital de la entidad (Macrolibramiento de Guadalajara).
"El jueves a las 22.30 de la noche firmamos el auto de libertad y salió físicamente entre 30 minutos y una hora del viernes 13 de mayo; arribamos a Guadalajara a las cinco de la mañana. Fue una sentencia dictada por el colegiado de Coahuila; otorgó y confirmó el amparo liso y llano para su inmediata liberación", explicó a MILENIO JALISCO la doctora en derecho.
Los delitos por los que lo juzgaba el gobierno de Colima son privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo, en el proceso penal 142/2015, en el Juzgado Primero de lo Penal de ese estado; mientras los 33 nahuas no fueron procesados pese a que se les imputaban los mismos cargos, la instrucción de los gobiernos fue inculpar a Mosqueda Sánchez, a quien se dictó formal prisión sin derecho a fianza.
El Idea reclamó el proceso arbitrario, tras demostrar las "pruebas prefabricadas" por el gobierno colimense (MILENIO JALISCO, "Nahuas secuestradores, o de cómo Colima prefabricó un delito", 27 de julio de 2015), y hubo que acudir a la justicia federal, que aunque había acordado ya la liberación del inculpado, las revisiones interpuestas por la procuraduría de Colima obligaron a llevar el proceso al Cuarto Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Saltillo, Coahuila, expediente 1190/2015, instancia que a la postre resolvió a favor del indiciado.
Gutiérrez Nájera criticó la posición del gobierno de Aristóteles Sandoval en el tema de los derechos humanos, y consideró que Mosqueda Sánchez ha sido víctima inocente de una "venganza gubernamental" que asegura, no los llevará a desistir en la defensa de los derechos de los indígenas.
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