Los vecinos hicieron hoy una jornada de limpieza en el estero, alterado por un bordo artificial; envían carta al procurador Haro Velchez, ante 18 meses de lenta respuesta.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los vecinos de San Francisco o San Pancho, en Riviera Nayarit, realizaron hoy una jornada de limpieza intensiva de su estero, alterado y contaminado por intereses inmobiliarios locales, ante la falta de acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ha demorado año y medio en obligar a fraccionadores a regresar el cuerpo de agua a su cauce original.
La jornada estuvo marcada, además, por la urgencia que implica la vecindad del temporal, pues hay registros históricos de desbordamiento de la corriente, que es alimentada por diversos arroyos de la selva de Vallejo, el último, apenas en 2010; “cuando venga otra lluvia tan fuerte como la de 2010, véngase a esta orilla, aquí en mi casa, a comer un pescado dorado, y le aseguro que juntos veremos pasar casas flotando sobre el río”, les dice Natalio, un invasor de la zona federal del arroyo El Izote, a los lugareños, ante la imposibilidad material que ha resultado en mover el bordo construido a finales de 2014 por la Inmobiliaria San Pancho, no obstante numerosas irregularidades documentadas.
En ese sentido, los pobladores entregaron el pasado 19 de mayo al titular de la Profepa, Guillermo Haro Velchez, una carta en la que destacan que “ya han pasado 18 meses desde que el 12 de diciembre de 2014 la delegación en el estado de Nayarit realizó una visita de inspección para verificar que la obra ilegal fuera acorde a la normatividad ambiental aplicable y no detuvieron el daño; el 19 de ese mismo mes usted tuvo a bien pararse sobre la obra ilegal en proceso al visitar nuestro estado para arrancar el programa ‘Playa en Regla’, desafortunadamente se retiraron asegurando que lo atenderían pero se permitió que avanzara el relleno del humedal otras dos semanas, al ser mal asesorado por su personal de esta delegación. Fue hasta el 25 de diciembre que apenas anunciaban realizarían inspección al sitio afectado aún cuando ya habíamos denunciado semanas antes”.
Hoy “han pasado 17 meses desde aquel 3 de enero de 2015 que el pueblo valiente y decidido de San Pancho tuvo que actuar en su legítima defensa deteniendo la obra criminal que afectó nuestro humedal y que aún pone en riesgo el patrimonio, la salud y la vida de nuestros hijos […] ya hace 16 meses que la Profepa clausuró la obra y dictó las medidas de urgente aplicación el 5 de febrero de 2015, mismas que no se cumplieron a cabalidad y la obra sigue impidiendo el flujo hidrológico del humedal y el libre paso del arroyo los izotes, que de ocurrir una avenida importante podría inundar el pueblo”, según dictámenes de Protección Civil del municipio de Bahía de Banderas.
“Desde el 10 de abril de 2015, la Profepa ordenó el retiro total de las obras y la restauración del humedal, lo que celebramos ampliamente aún cuando se le impuso una multa en extremo pequeña al infractor y por alguna razón se omitió dar parte a la PGR de este delito ambiental. Los pobladores hemos sido respetuosos de la ley y su largo proceso incluso ante el incómodo amparo interpuesto por el ejido de Sayulita quien argumentaba que lo hacía en defensa de nosotros los pobladores y los ejidatarios de este anexo San Pancho de su ejido Sayulita; afortunadamente y aún que nos fue costoso en tiempo, talento y recursos logramos superar esa inmovilización y desde hace meses el bordo se pudo haber retirado, ¿por qué no se ha obligado a la empresa infractora a hacerlo?”.
A su juicio, se trata de llana impunidad. “Aun con un amparo interpuesto y con la obra clausurada la empresa infractora, apoyados por la dirección en Nayarit de la Comisión Nacional del Agua siguieron impactando haciendo rellenos al humedal lo que les hizo acreedores a otra clausura por parte de ustedes el 30 de Julio de 2015 […] no retiran el bordo ilegal en franco desacato a la autoridad que ustedes representan y en total desprecio a nuestro bienestar como pobladores y a nuestro derecho constitucional por un medio ambiente sano”.
Por si fuera poco, el 17 de Marzo de 2015 “una lluvia atípica desbordó el río Ameca en este municipio afectando a cientos de campesinos, anunciando un año tormentoso mismo que durante la temporada de huracanes se manifestó de nuevo amenazando nuestros poblados; el aviso del megahuracán Patricia en verdad a muchos de nosotros nos puso a rezar, nada más podíamos hacer […] afortunadamente acá sólo recibimos una leve fracción e incluso así los ríos Ameca y Mascota volvieron a desbordarse; el potencial catastrófico del huracán nos llevó de nuevo a preguntarnos: ¿qué hace falta una tragedia en San Pancho para que retiren el bordo ilegal?”.
Los quejosos lamentan deber insistir, “en verdad ya nos apena tocar el tema no sólo ante ustedes por teléfono o medios electrónicos si no ante nuestros familiares y vecinos, porque su percepción es que ya hemos hecho muchas juntas, gestiones y protestas y la única constante en estos 18 meses es que no se ve claro que Profepa tenga un real compromiso con la restauración del estero y con el bienestar de nuestro pueblo; algunos vecinos creen que esto demuestra que ‘el que paga manda’ y por ende, ‘el gringo tiene más dinero y poder que todos nosotros juntos’ razón por la que ‘nos están jugando el dedo en la boca’; y aunque las posiciones se polarizan, seguimos creyendo que la justicia ambiental no puede ser moneda de cambio”.
El comienzo de la temporada de huracanes 2016 renueva los interrogantes. “Nos han dicho en oficinas centrales que no es que no les importemos o nos estén ignorando pero que el caso Tajamar en Cancún los ha tenido muy ocupados, ¿será que necesitamos escalar el conflicto ambiental a conflicto social para que este finalmente se solucione? Los argumentos de la dirección de impacto ambiental y zonas federales marítimos terrestres de oficinas centrales que dicen que ‘el caso va caminando, lento pero avanzando’; en verdad no nos alivian ni dan ninguna señal de que en el corto plazo se logre ejecutar la sentencia emitida por ustedes mismos”.
Piden no se les obligue a volver a molestar al presidente de la república, quien en enero de 2015 recibió más de mil firmas en demanda de su intervención.
“Ojalá esta leve relatoría le apoye a ayudarnos a que el proceso de procuración de justicia ambiental sea más rápida y expedita, resguardando, en este caso, nuestro derecho a un medio ambiente sano…”. Firman Erik Saracho, Guillermo Lage, Renata Montante, Ramón García, Abraham Vivas Castellón, Gabriela Loreto y Ramiro González, habitantes del poblado nayarita.
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