Preocupa en Jalisco y Colima la decisión de la SCJN en el caso de un poblado indígena de Guerrero.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENOO JALISCO.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) lamentó ayer el fallo del 25 de mayo, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión de la comunidad de San Miguel Progreso, municipio de Malinaltepec, comunidad Mè´phàà de la montaña de Guerrero, en el que revoca la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en Guerrero y además sobresee el asunto por unanimidad de los cuatro Ministros presentes, por considerarlo una agresión a los derechos del pueblo en lucha contra las empresas mineras que hollan su territorio.
Hay alerta por la decisión, dado que Jalisco y el occidente mexicanos también enfrentan los embates de mineras nacionales y extranjeras, y se ha apelado al Estado de derecho para hacerles frente, como sucede en Ayotitlán, Jalisco, y en Zacualpan, Colima.
“Es sumamente preocupante que para los afectados por leyes retrogradas y violadoras de derechos siga prevaleciendo la impunidad, a pesar de haber realizado todo lo que la comunidad tiene a su alcance para buscar una justicia pronta y expedita. Si bien es cierto en el amparo se combatían las concesiones mineras a favor de la minera Hochschild México, otorgadas sin consulta y sin consentimiento previo, libre e informado por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, también este mismo buscó se revisara la Ley Minera, en sus artículos 6, 10, 15 y 19 fracción IV publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1992, la cual creemos y sostenemos por lo menos en estos artículos es inconstitucional”, señala el comunicado, emitido ayer por la tarde.
La inconstitucionalidad, siguen, es “porque viola derechos protegidos por el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, como son el derecho a la consulta, el derecho al territorio y el derecho a decidir sobre su desarrollo y recursos naturales y la entrega de las concesiones a privados carece de utilidad e interés público y la extracción no puede estar como uso preferencial por encima de los pueblos, el patrimonio histórico material e inmaterial y por sobre la biodiversidad”.
Con esta decisión, “la Corte deja ir una primer oportunidad de pronunciarse a favor de los derechos humanos y en este caso a favor de los derechos humanos colectivos tal como de ellos son parte los pueblos indígenas entre ellos el pueblo Mè´phàà de San Miguel Progreso, así mismo se debilita e invisibiliza la perspectiva de la lucha pacífica, organizada y legal de los pueblos y comunidades que se encuentran en resistencia contra el modelo extractivo minero en este país”.
Se preguntan: ¿por qué tenerle miedo a una sentencia del Juzgado de Origen o una modificación que establezca criterios nuevos y avanzados en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México? “Como acaba de suceder en la nación colombiana, en donde son los pueblos y los municipios quienes definen si quieren o no minería y no están subyugados bajo una ley impositiva e incoherente como lo es la ley minera mexicana. No declarar la inconstitucionalidad de los artículos que el pueblo Mè´phàà interpuso deja un muy amargo sabor de boca”.
Añaden: “es de todos conocidos que el gobierno mexicano y latinoamericanos están alineados al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los pueblos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas. Ya nos han mostrado en múltiples ocasiones que el Poder Legislativo Federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación y de interés y utilidad pública para enriquecer intereses privados mineros y de muchas otras actividades económicas extractivistas”.
Por ello, los pueblos acudieron “al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vislumbraban alguna posibilidad que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, y sin embargo hoy se vuelve a cerrar el Estado, mostrando que hay una seria ruptura entre los políticos y la sociedad que ha hecho pedazos el pacto social nacido durante la gesta revolucionaria, con lo que ni la Suprema Corte de Justicia la Nación ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos”.
La red “felicita al pueblo Mè´phàà por su ardua lucha en busca de la procuración de justicia, sabemos seguirán protegiendo su territorio al igual que miles de comunidades ya lo están haciendo dejando un mensaje claro al gobierno en el cual no permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales ni de nacionales, ni extranjeros, ni trasnacionales. Seguiremos luchando por nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten”, advierte la Rema.
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