La legisladora Elena de Anda señala que diputados y alcaldes deben hacer frente común contra el envío de agua a León
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Congreso de Jalisco debe tener un papel más activo en la defensa de los intereses de los ciudadanos en torno al agua, en especial, en el caso de la cuenca del río Verde y ante la amenaza que constituye el trasvase de aguas a la ciudad de León, Guanajuato, dijo la diputada Elena de Anda, representante popular del III distrito.
“Estoy representando a una parte del Congreso; aquí no es político, no es para hablar ni de políticas ni de partidos, quiero comprometerme con mi región, Los Altos, y tenemos que defender lo que es nuestro; hace mes y medio se llevó a cabo en Tepatitlán una reunión con los presidentes de la región Los Altos Sur, de los cuales asistieron 12, porque es verdad que algunos se sienten atemorizados, espero que no estén amenazados por su partido, pero la mayoría se está comprometiendo a no dar el permiso al cambio de uso de suelo, es decir, que no van a permitir que la tubería del acueducto pase por sus tierras, jamás lo vamos a permitir”, dijo ante un grupo de manifestantes de la Alianza Cívica Alteña por la Defensa del Agua, que se presentó en sociedad con una marcha en San Juan de los Lagos, el pasado miércoles 18 de mayo.
“Desde el Congreso, ya se firmó un convenio de los diputados, donde los siete coordinadores, de todos los partidos, están haciendo un consejo para defender el agua (…) quiero decirles que vamos a defender el agua de Jalisco para Jalisco, el agua de Los Altos para Los Altos; sabemos que Guadalajara necesita, y necesita mucho, pero aquí necesitamos más, nuestras tierras son áridas, que sean productivas es gracias al trabajo duro de todos nosotros, somos gente trabajadora, gente que no estamos esperando que el gobierno nos mantenga”.
En ese mismo sentido, “no vamos a permitir que el gobierno nos pisotee, todos nosotros tenemos que empezar a defender lo que es nuestro, y es bueno empezar con el agua”, enfatizó.
También se comprometió a dar seguimiento al caso de la inversión de más de 600 millones de pesos que el Instituto de Pensiones de Jalisco –contra los intereses políticos de los jaliscienses, reconoció- aportó a la empresa transnacional Abengoa, los cuales podrían pender de un hilo ante el posible quebranto que ronda a la empresa andaluza. El Congreso va a pedir cuentas de ese negocio, puso en relieve.
Sobre el mismo tema, el presidente del Observatorio del Agua de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, pidió a los presidentes municipales de la meseta que se adhieran al reclamo de que se respeten las recomendaciones –que son vinculantes- de ese órgano colegiado.
“Vamos a hacer entrega a todos los municipios de estas 56 recomendaciones, para que las adopten los cabildos, que se apeguen a estas recomendaciones; de entre estas hay una que es básica, la quinta recomendación, que es la que señala que no hay las condiciones para que se realice un trasvase por los daños irreversibles que sufriría la región; los presidentes y ayuntamientos pueden ampararse completamente en esta para negar los permisos de construcción o los cambios de uso de suelo, porque están obligados a atender una recomendación del observatorio, es un instrumento que vamos a poner en servicio de las administraciones municipales, y obviamente esto va a tener un peso y un impacto muy importante para los intereses de los gobernados”, puso en relieve.
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