Arranca campaña entre sus socios de distintos países para pedir al presidente de la república y los gobernadores de Jalisco y Colima, la liberación del joven litigante.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Alianza Mundial por el Derecho Ambiental solicitó al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y a los gobernadores de Jalisco y Colima, Aristóteles Sandoval y Mario Anguiano, la pronta liberación del joven litigante Eduardo Mosqueda Sánchez, detenido por delitos “prefabricados” por la procuraduría colimense, desde el pasado 22 de julio.
La institución (ELAW por sus siglas en inglés) exhorta a sus miembros de todo el mundo a enviar cartas personales a los mandatarios en busca de reparar la “grave injusticia” de que ha sido víctima el integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).
La campaña se denomina “Free Eduardo Mosqueda!”, y el comunicado alusivo señala: “Una terrible injusticia se está desarrollando en México. Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, un joven abogado de derechos humanos y del medio ambiente, fue encarcelado sin fianza el 22 de julio mientras trabajaba para defender al pueblo Nahua en el estado de Jalisco. Eduardo se encuentra detenido en una celda de alta seguridad en el Centro de Detención de Colima. Instamos a escribir al presidente Peña Nieto y los gobernadores de Jalisco y Colima, pidiendo la liberación inmediata de Eduardo”.
Eduardo “trabaja para la organización socia de ELAW, Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), una organización de base en Guadalajara, fundada por la galardonada abogada Raquel Gutiérrez Nájera. El arresto de Eduardo está ligado al trabajo de IDEA en una larga disputa de tierras que los pueblos nahuas, en Ayotitlán, Cuautitlán, tienen con una empresa minera de hierro (Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA)”.
En 2013, “la comunidad presentó una petición constitucional conocida como un amparo pidiendo a la corte para reconocer los derechos de la comunidad sobre la tierra. Un juez administrativo y laboral del cuarto Distrito emitió una orden judicial, una suspensión que da el acceso libre de miembros de la comunidad a todas las tierras [que detenta la minera transnacional] y que suspende el uso de las tierras [y las concesiones que hay sobe ellas en términos de extracción mineral, agua y suelo] de la empresa minera hasta que se resuelva el caso”.
El 22 de julio, “Eduardo y cientos de miembros de la comunidad recorrieron las tierras en disputa. Algunos miembros de la comunidad, entre ellos mujeres y niños, fueron agredidos, y 33 miembros de la comunidad y Eduardo fueron detenidos. Los miembros de la comunidad han sido puestos en libertad, pero Eduardo permanece encarcelado bajo cargos penales falsos” (MILENIO JALICO, 23 a 31 de julio de 2015).
ELAW convoca a sus socios de todo el mundo que “hacen frente a los poderosos intereses que tratan de ganar a costa de contaminar y destruir los recursos naturales. ELAW de Estados Unidos se mueve rápidamente cuando uno de nuestros socios está en peligro. ELAW e IDEA han contactado con el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. Ahora pedimos su ayuda. Por favor envié un mensaje al presidente Peña Nieto, y los gobernadores de Jalisco y Colima, pidiendo la liberación inmediata de Eduardo”, puntualiza el comunicado.
La propuesta es que se entreguen correos electrónicos a los mails oficiales de los funcionarios, con el propósito de elevar la presión sobre los políticos. En redes sociales ya existe una campaña bajo el hashtag#NosFaltaEl34 en busca de presionar que el caso se resuelva a favor de la justicia.
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