Tratan de “quitarnos de en medio” en casos como el conflicto de Ayotitlán, advierte la presidente de la organización. Colima buscaría aprehensión de dirigentes
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Instituto de Derecho Ambiental denunció ayer persecución política por las instituciones del ejecutivo de los estados de Jalisco y Colima, debido a los intereses afectados por la defensa que ha hecho de derechos de ciudadanos jaliscienses, pero advirtió que no dejarán la responsabilidad asumida ante sus representados en conflictos como el de Ayotitlán frente a la minera Peña Colorada.
“No vamos a abandonar nuestras responsabilidades, es muy fuerte la presión y el uso a nuestro juicio sectario de las instituciones para proteger intereses privados; en particular nos preocupa que el gobierno de Jalisco está en armonía con intereses ajenos a nuestra entidad, es decir, quién nos representa entonces”, destacó la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, quien preside el organismo no gubernamental.
Añadió que ha sido necesario acudir al Poder Judicial Federal para obtener una defensa de sus garantías básicas, ante las evidencias de que la Procuraduría de Justicia de Colima habría obtenido del poder judicial local, órdenes de aprehensión contra los liderazgos de la comunidad nahua que habían propiciado la continuidad del juicio de amparo 462/2013, el arma legal que en la actualidad preocupa a la minera de grupo Ternium, dados los efectos de la suspensión de plano concedida al ejido, sobre las actividades extractivas de la empresa, principal productora de hierro del país. También hay un largo historial de desencuentros entre el propio Idea y el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz en asuntos tan espinosos como el proyecto de Chalacatepec, la ampliación del aeropuerto de Guadalajara y el Macrolibramiento de Guadalajara.
La abogada, integrada actualmente a la consejería sobre cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) del gobierno federal, aseguró que están en proceso de presentar recursos a favor del pasante en derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, único detenido por los hechos del pasado 22 de julio, tras la liberación de 33 nahuas; todos tenían una acusación de “secuestro consumado” prefabricada por la procuraduría de Colima (MILENIO JALISCO, 27 de julio de 2015), la cual no fue sustentada ante el juez de turno.
Sin embargo, mientras al resto de los detenidos se les retiró cargos, al pasante se le adjudican delitos como privación ilegal de la libertad y robo calificado, lo cual “es un claro mensaje de que pretenden criminalizarnos”, advirtió la ganadora del Premio al Mérito Ecológico 2009.
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