Avanzan acuerdos Ayotitlán-Peña Colorada

Disputa por tierras en zona limítrofe Jalisco-Colima. Los ejidatarios han ratificado al Idea como responsable del amparo 462/2013, pero la negociación la encabeza el comisariado ejidal

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los ejidatarios de Ayotitlán, los gobiernos de Jalisco y Colima y la empresa minera Benito Juárez-Peña Colorada, de grupo Ternium, no encontraron evidencias de problemas con la renta de 801 hectáreas de la comunidad agraria a la mayor ferrosa del país, que le pretende dar uso para depositar material inerte; por ende, y sólo en relación con ese asunto, se ha determinado que la asamblea ejidal reciba la petición de desistirse del amparo 462/2013. Pero sólo en lo que atañe a ese predio.

El comisariado, que encabeza Ernestino Ciprián Ocaranza, ha recibido la advertencia de los responsables del gobierno de Jalisco de que el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que preside Raquel Gutiérrez Nájera y que ha asignado como asesor del ejido al ex legislador perredista Pedro León Corrales, quede al margen de la mesa de negociaciones. Los dirigentes campesinos, si bien aceptan encabezar personalmente el trabajo de conciliación, notificaron al gobierno que León Corrales mantendrá el trabajo de gestión del amparo, si bien, las mesas determinarán los alcances del mismo.

De este modo, queda pendiente entrar al análisis de 401 hectáreas restantes, materia de la ejecutoria de la suspensión de plano que concedió el juez IV de distrito de Guadalajara contra la aplicación de concesiones mineras, ambientales y de aguas emitidas por el gobierno federal a la poderosa empresa transnacional.
La controversia se sintetiza en los siguientes elementos: la defensa del ejido asegura que las 401 ha propiedad de Ayotitlán son justamente donde se asienta la extracción de mineral, el beneficio del metal y los vertidos de desechos, es decir, las actividades sustantivas de la empresa. Por su parte, esta señala que no hay tal, sino que son terrenos distintos.

El ejercicio, que se pretende culminar el próximo 24 de agosto, demanda poner en plano tanto la superficie ejidal de dotación, que data de 1963 pero se ejecutó en 1977, como las escrituras privadas que el gobierno de Colima entregó a Peña Colorada, las cuales estarían fechadas en 2000, tras un procedimiento expropiatorio

Si se demostrara la trasposición de planos, se tendría que demostrar a quién corresponde el mejor derecho: si a un ejido dotado por el presidente de la república hace poco más de medio siglo, o a la minera cuya escrituración es un proceso más reciente.

Las controversias culminaron el pasado 22 de julio con una trifulca frente a las instalaciones mineras, y 34 detenidos. Jalisco pagó la fianza de 33, y permanece detenido el litigante Eduardo Mosqueda Sánchez, a quien ya se califica en las redes como chivo expiatorio del conflicto entre la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y el despacho del Idea.