4 juicios de garantías que le derivaron, obligan al máximo tribunal a pronunciarse sobre derechos que no se habían ejercido en la historia judicial mexicana.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El plazo se cumple dentro de los tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: a casi año y medio de estar las obras de la presa El Zapotillo completamente paralizadas, y poco más de diez meses en que atrajo el primer amparo para determinarlo (29 de septiembre de 2014), el máximo tribunal del país ha establecido, dentro de seis días, la primera audiencia para desahogar el uno de los cuatro juicios que definen el destino de la megaestructura de ingeniería que pretende represar el río Verde para entregar sus aguas en la ciudad de León, Guanajuato.
Un proyecto que con todas sus derivaciones rebasa una inversión de diez mil millones de pesos, y cuyas licitaciones están completas, está así, de forma especial en la historia del desarrollo mexicano, en el banquillo de los acusados, debido a sus daños colaterales en lo ambiental, lo social y lo económico tanto para tres pueblos que inundaría directamente, como toda una región densamente poblada y muy productiva: Los Altos de Jalisco.
Lo que se analizará el próximo 12 de agosto es el recurso de inconformidad 302/2015 de Aurora Jáuregui Becerra. Sus representantes jurídicos, Claudia Gómez Godoy y Guadalupe Espinoza, de Colectivo de Abogados, reclamaron como fundamento la determinación de la propia SCJN de declarar inválido el convenio que modificó la altura de la cortina de 80 a 105 metros de altura, en la controversia constitucional 93/2012 del Congreso de Jalisco contra el gobernador, “esa determinación obliga a las autoridades responsables a respetar el poblado de Temacapulín y, por consiguiente, la propiedad de la quejosa”, para resolver “si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla”.
Según el Tercer Tribunal Colegiado de Guadalajara, “el asunto reviste un interés superlativo por la gravedad del tema a analizar y por sus implicaciones sociales, ya que sin prejuzgar sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de no construirse la presa conforme a lo establecido en la controversia constitucional no sólo se afectaría a la quejosa […] por tanto, es conveniente que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se pronuncie sobre la resolución materia del presente recurso de inconformidad, pues es la máxima autoridad con facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar en su caso, qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y así evitar la emisión de una resolución que pueda resultar contradictoria con lo determinado en la controversia constitucional 93/2012”.
El 19 de agosto, apenas siete días después, la Segunda Sala de la SCJN también entrará en conocimiento de la ponencia de la ministro Margarita Luna Ramos (también ponente en el primer asunto) sobre el expediente 97/2015, de Lauro Jáuregui Jáuregui, el primer asunto que fue atraído por la corte, derivador del amparo 2246/2008.
Lo que reclama el quejoso es que “la construcción de la presa de almacenamiento lesiona derechos fundamentales porque el Río Verde pasa por el poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, e inundará el inmueble de su propiedad. Se viola el derecho fundamental a un medio ambiente sano, ya que la construcción de la presa [a 105 metros de altura] no cuenta con la manifestación de impacto ambiental, ni la respectiva autorización de impacto ambiental. Se transgrede el derecho a la vivienda previsto por artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativo a la vivienda digna y decorosa, ya que ante las inundaciones que aquejarán su inmueble, se le obliga a desplazarse forzadamente de su morada” .
Hay reclamos del derecho de audiencia y defensa, de propiedad, de libertad de cultos –se destruirá un santuario centenario-, de desarrollo económico, de consulta y participación.
“Se autorizó la ampliación del proyecto bajo la estimación de que no se requería una nueva manifestación de impacto ambiental, sin tomar en cuenta que con el nuevo diseño de la presa inundaría el poblado de Temacapulín, lo que no estaba previsto en el proyecto original”.
Agostó será de este modo un mes decisivo tanto para los promotores de la obra como para los defensores de los pueblos amenazados. Al tiempo, avanza el trabajo contratado por el gobierno de Jalisco para que la agencia de gestión de proyectos para el desarrollo de la ONU (Unops, por sus siglas en inglés) elabore un dictamen, el cual está entrampado entre sospechas de la sociedad civil.
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Claves:
Lo que está en juego
- El tema de El Zapotillo “reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema a analizar, pues para verificar la legalidad de la resolución recurrida, se tiene que ponderar todos los aspectos de los derechos de medio ambiente sano, los aspectos socio culturales descritos y la afectación de la obra en los distintos poblados, así como los alcances que pueda tener lo decidido previamente en la controversia constitucional aludida…”
- Estos temas “se estima, involucran la reforma Constitucional que ponderó la aplicación de los tratados internacionales en materia de derecho ambiental y, en otro aspecto, el que no pueda soslayarse que al resolver sobre los conceptos de violación se analizarían los alcances de lo resuelto en la señalada controversia constitucional que, se estima, es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la citada atribución no se ha delegado a los Tribunales Colegiados de Circuito a través de los supuestos de los acuerdos generales 5/2001 ni 5/2013 en vigor”
- Además, “es trascendente, por tratarse de un tema excepcional y novedoso, como lo es la legalidad de la construcción de una presa, bajo un entorno tan discutido y con tantas implicaciones sociales, ambientales y culturales, pues no existen tesis jurisprudenciales o aisladas al respecto, ni se advierte algún asunto de características similares que se haya resuelto por la SCJN”
- La materia del recurso, “involucra el análisis de cuestiones de legalidad de permisología del proyecto, determinación de la legalidad del proyecto y su desarrollo, constitucionalidad de los acuerdos y convenios en las distintas esferas de gobierno, bajo el orden constitucional y ordinario que los rige, sino también, particularmente, aquellas normativas y acuerdos de los que México es parte y que atañen a las tendencias mundiales en la construcción de represas que marcan ciertos organismos como la Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto Ambiental (IAIA por sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Hidroelectricidad (IHA por sus siglas en inglés) o diferentes iniciativas promovidas por la ONU, para dilucidar si la Conagua debió considerar los principios de justicia socioambiental y metodologías participativas e incluyentes que reconozcan diferentes tipos de conocimientos y la importancia de representar diferentes puntos de vista sin importar el estatus económico y político de los mismos”
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Fuente: petición de atracción del juicio de amparo de Lauro Jáuregui Jáuregui por parte del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de Guadalajara, 2014.
Numeralia:
- 80 metros de altura de la cortina es el proyecto original de la presa El Zapotillo, pero fue modificado en 2007 a105 metros por el gobierno de Emilio González Márquez, sin consultar al Congreso, lo que le valió la controversia constitucional 93/2012 que perdió
- 2/2015 y 3/2015 son los otros dos amparos que revisará la corte; se trata de recursos de revisión en incidente de suspensión y todavía no tienen ministro ponente ni fecha de audiencia
- 800 mil habitantes serán afectados con los trasvases de agua del río Verde que patrocina la Conagua con inversionistas locales y extranjeros
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