Hoy amanecieron en sus aldeas de la sierra de Manantlán; no se acreditó “secuestro consumado”, el eje de la acción de la procuraduría local.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Un total de 33 ejidatarios nahuas del ejido Ayotitlán, detenidos tras la trifulca del pasado 22 de julio en la zona de producción de la minera Peña Colorada, fueron dejados libres por el Juez I de lo penal del primer partido judicial del estado de Colima, quien no encontró elementos para consignarlos por secuestro consumado, robo calificado o daños, pero sí les dictó formal prisión por despojo, con lo cual salieron libres tras el pago de una fianza de monto no precisado por parte del gobierno de Jalisco, ayer, alrededor de las diez de la noche.
En el marco de la causa 142/2015 S3, fuentes del juicio aseguraron a MILENIO JALISCO que a los campesinos no los salvó el “perdón” del gobierno de Colima –aunque policías antimotines retiraron cargos y el gobierno decidió no reclamar daños a diez camionetas-; lo fundamental fue la precariedad con que la Procuraduría de Justicia de ese estado integró la investigación, con datos falsos como el supuesto pago de un rescate por secuestro, que se demostró era el pago de una deuda por renta de superficie ejidal por parte del consorcio (ver edición de este diario del 27 de julio de 2014).
La salida de los ejidatarios comenzó alrededor de las 21:45 horas. Un camión pagado por el gobierno jalisciense los esperaba a las afueras, con la misión de trasladarlos inmediatamente a sus comunidades, enclavadas en territorio de Jalisco, a partir del poblado de La Astilla hacia Telcruz y Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán. Sus representantes en el juicio fueron la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien preside el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y el abogado Carlos Valentín Veyna, apoyados por la defensoría de oficio del poder judicial de Colima.
Los campesinos liberados son Senorio Flores Hernández, Francisco Monroy Elías, Rodolfo Pulgarín Cobián, César Orduñez Ciprián, Jovany González Olivares, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Fidencio Aguilar Ramos, J. Santos Ciprián Jacobo, Juan Aguilar Díaz, Pedro Ramos Monroy, Mateo Ciprián de Jesús, Francisco Cobián Gómez, Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Virginio Flores Pulgarín, José Luis Monroy Pulgarín, Víctor Contreras Alonso, Eliseo Nava Justo, Rubén Rodríguez Martínez, Eulogio Flores Aguilar, Pedro Gutiérrez Fernández, Luis de los Santos Rosales, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Flores Gerardo, Salvador Flores Contreras, Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz, Santos Ruiz Elías, Pedro Gerardo Deniz y Fulgencio Díaz de los Santos. Todos ellos firmaron los alegatos que sustanciaron la determinación de sólo procesarlos por despojo, aunque sus defensores combatirán legalmente el auto de formal prisión.
En contraste, al pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, integrante del Idea, no ha sido liberado. Habiendo sido el primer detenido en los hechos, se le ha retenido por robo calificado y privación ilegal de la libertad, lo que sorprendió fuertemente a su abogada defensora. En este hecho –que en la tarde ya había sido adelantado por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara- se evidencia la ruptura entre ese organismo no gubernamental que representa a los nahuas en su disputa con la gigantesca minera, y el gobierno de Jalisco: un aparente cobro de facturas por las acciones legales exitosas del Idea contra proyectos de infraestructura multimillonarios en Jalisco, como el Macrolibramiento de Guadalajara, la ampliación del aeropuerto de la ciudad, la urbanización del cerro del Tesoro y el proyecto turístico de Chalacatepec o “nuevo Cancún”, en la costa del estado.
Cada fianza costó 1,200 pesos al erario de Jalisco. Lo más importante: la disputa por el control de Ayotitlán, el gigantesco y marginado ejido de la sierra de Cuautitlán, ha comenzado.
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