Son 34 los detenidos, reconoce la procuraduría de ese estado; defensa de los indígenas reclama violencia y violación de un amparo federal.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, confirmó que son en total 34 los detenidos del ejido Ayotitlán, Jalisco, tras la refriega de ayer frente a las oficinas de la minera Peña Colorada, y que pretende juzgarlos por los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del consorcio minero “Benito Juárez-Peña Colorada”; en contraste, los defensores de los indígenas reclaman abuso de poder del gobierno colimense y violación flagrante de un mandato de la justicia federal.
Para la institución, que dio esta mañana una conferencia de prensa encabezada por el procurador Marcos Santana, los detenidos “podrían alcanzar una pena de hasta 40 años de prisión sin derecho a fianza"; pero la abogada Raquel Gutiérrez Nájera, dijo esta tarde, por vía telefónica, que la autoridad se comportó como “parte” y no de forma imparcial; que los detenidos han sido golpeados, algunos de forma severa, y que el desacato a una orden judicial puede llevar a la destitución de los funcionarios colimenses, como lo es el propio procurador.
“Hemos estado aquí a la espera de tener acceso a los detenidos, están incomunicados y sabemos que fueron golpeados por los policías, que no les importó que muchos sean de la tercera edad, algunos con diabetes inclusive, otros con fracturas, estamos exigiendo que se nos permita ver, hay una cola de familiares de los detenidos afuera de la procuraduría, es un trato muy indigno”, señaló la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Ideal), consejera nacional de Cambio Climático y ganadora del Premio al Mérito Ecológico del gobierno de la república.
Junto con ella, acudieron a la capital de Colima un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya recibió queja por parte de la defensa del ejido, y el asunto fue denunciado también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, instancia que ya en el pasado ha
“Esas personas pueden alcanzar una penalidad de hasta 40 años de prisión y no tienen derecho a fianza. Vamos a proceder con toda energía puesto que en Colima el estado de Derecho tiene que respetarse, cuando una persona comete un delito tiene que responder por las consecuencias legales que el mismo le implicó”, dijo por su parte el procurador colimense, quien amenazó con detener a diez líderes más de Ayotitlán a los que vincula con la comisión de delitos.
Detalló “cuantiosos daños a patrullas y equipo táctico policial” así como diez policías presuntamente lesionados con piedras y palos. Arturo Tronco, director general de Peña Colorada, dijo que es inaceptable la exigencia de los ejidatarios de recibir pago por el hierro extraído, y negó que se estén extrayendo materiales de las tierras del ejido. Acusó a los ejidatarios de extorsionadores.
Por su parte, el representante legal del ejido, Pedro León Corrales, dijo que los hechos del martes son suficientemente graves como para generar un rompimiento con la minera en las pláticas de conciliación que se realizaban en la Procuraduría Agraria. Lamentó que el colimense sea simple “gobierno gendarme” al servicio de la empresa, mientras que el de Jalisco ni siquiera ha llamado para preguntar por la suerte de sus ciudadanos.
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