Gobierno estatal y Conagua, omisos con Acasico

El Observatorio del Agua emite recomendación debido a presuntas violaciones a las garantías de los moradores del poblado que se inundaría por la presa El Zapotillo, y establece dudas sobre el proceso de reasentamiento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El proceso de reubicación de Acasico, que era orgullo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Fundación México Sustentable AC, ha sido cuestionado por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, que destacó en una recomendación emitida ayer, las presuntas violaciones de derechos, en particular el engaño con que se han conducido, a su juicio, esas entidades pública y privada para convencer a los moradores de dejar sus casas.

"La Conagua y el gobierno de Jalisco omiten su responsabilidad pública sobre la atención a los habitantes de Acasico, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco, pueblo en riesgo de ser inundado por El Zapotillo [...] se recomienda al gobernador que respete y asuma el compromiso asumido [sic] por el entonces gobernador constitucional del estado de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, el 24 de Mayo del 2005, en el sentido que cualquier presa que se construya para el aprovechamiento de las aguas del río Verde, debe realizarse bajo las dos condiciones expresadas por el referido mandatario: a) "que no se afecte ningún núcleo de población y b) que no se afecten grandes superficies agrícolas de alta rentabilidad…”, y que en consecuencia lleve a cabo todas las acciones que procedan para evitar la inundación de los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

También se recomienda al gobernador y a los presidentes municipales de la zona, en particular Mexticacán y Cañadas de Obregón, así como al organismo federal, "por la construcción y operación de la presa El Zapotillo y su acueducto, que realicen todas las gestiones que se requieran para dar cumplimiento a la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco", y además, "que atiendan en forma inmediata, integral y propositiva, la problemática surgida con los pobladores de Acasico ante el supuesto reasentamiento de los mismos con motivo de la construcción de la presa, a fin de determinar si en todo tiempo se han respetado todos los derechos humanos concernientes con dichos pobladores, particularmente su derecho a la consulta, a la información veraz y oportuna y a la participación, en el marco de las mejores prácticas nacionales e internacionales de resolución de conflictos y cultura de paz".

Se recomienda que la CEDHJ, en el marco de sus atribuciones, "informe a este Observatorio y a sociedad en general, sobre el cumplimiento que se le ha dado a la RECOMENDACIÓN 35/2009 acompañando las constancias correspondientes que acrediten los avances en el cumplimiento o incumplimiento de la misma".

En particular, el gobernador deberá revisar "todos los trabajos efectuados por el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Conagua, y las empresas contratistas correspondientes, particularmente la Fundación para el Desarrollo Sustentable A.C. y/o Fundación México Sustentable, relacionados con el supuesto reasentamiento del poblado de Acasico, a fin de determinar si se han respetado plenamente los derechos humanos concernientes con dichos pobladores, particularmente su derecho a la consulta, a la información veraz y oportuna y a la participación, en el marco de las mejores prácticas nacionales e internacionales de resolución de conflictos y cultura de paz".

Ello, sin que se omita "que dirijan un extrañamiento al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua y a la Fundación para el Desarrollo Sustentable A.C. y/o Fundación México Sustentable, por la forma en que han actuado en relación con el supuesto reasentamiento del poblado de Acasico, toda vez que se advierte que no se han respetado plenamente los derechos humanos concernientes con dichos pobladores, particularmente su derecho a la consulta, a la información veraz y oportuna y a la participación, en el marco de las mejores prácticas nacionales e internacionales de resolución de conflictos y cultura de paz".

Finalmente, "se recomienda que tanto el gobierno federal como el estatal de Jalisco atiendan los protocolos nacionales e internacionales en materia de consulta y participación pública, recomendados por organismos internacionales y nacionales como la ONU, el Banco Mundial y el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", lo que lleva a "la elaboración de una política pública eficaz con un alto grado de lucidez, oficio político, técnica administrativa y razón de estado para que la argumentación pública sea clara a la ciudadanía, que se socialice mediante un lenguaje accesible a la población, para que ésta le quede claro qué afectación y/o beneficios tendrían".