Agua, medio ambiente, privatización y derechos humanos, temas que forman los ejes del debate por un recurso cuya presencia hoy se celebra en el mundo.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El agua, dicen los científicos, es aproximadamente la misma desde que se formó la atmósfera de la Tierra y el mal uso que hacen los seres humanos no va a terminar su ubicua presencia: más de dos tercios de la superficie terrestre y 70 por ciento de lo que compone a cada ser vivo.
No obstante, hay una crisis real propiciada por el agotamiento de fuentes de agua dulce que por siglos han sustentado las economías humanas; por su contaminación o por la mayor presión debido al incremento de la población y de la producción en las últimas décadas. El escenario se agrava con el fenómeno ambiental más importante de nuestro tiempo: el cambio climático derivado de la emisión masiva de gases de efecto invernadero, el cual está ocasionando cambio en los patrones del clima, con eventos ciclónicos probablemente más extremos, y sequías más intensas y amplias de las que se afrontaban en el pasado, y sobre mayores territorios.
Ese marco vive Jalisco: sectores sociales y académicos enfrentados con intereses empresariales y la propia autoridad en la materia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por asuntos medulares como la construcción de la presa El Zapotillo y la realización de un trasvase de casi 120 millones de m3 de agua anual a León; el rescate del lago de Chapala; la contaminación del río Santiago por las aguas negras de la ciudad y las grises de la industria de la capital de Jalisco; y el propio desarrollo de la ciudad, que actualmente destruye las zonas de recarga de su acuífero, con pérdida de su principal recurso propio y aumento de riesgo de desastres en las zonas bajas de la urbe.
En el ámbito nacional, con conflictos similares en todos los estados, se genera un proceso de cuestionamiento a la nueva Ley General de Aguas que ha propuesto la Conagua que dirige David Korenfeld Federman, llamada por ello la “Ley Korenfeld”.
El día de hoy, tanto en Guadalajara como en otras capitales estatales y la propia Ciudad de México, se realizarán manifestaciones para pugnar por derribar los aspectos considerados violatorios de derechos de la propuesta gubernamental, que se resumen.
Uno, “tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía [sic], y ejecutarlas con la fuerza pública. La Conagua definiría las obras a ejecutar y a qué corporaciones asignarlas; a quiénes inspeccionar, sancionar y condonar, sin participación o revisión pública, excepto consultas a los concesionarios. Los presidentes municipales, el jefe de gobierno y las empresas concesionarias seguirían controlando los sistemas de agua y saneamiento. La autoridad del agua podría solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones”, destaca un documento divulgado en el portal aguaparatodos.org.mx.sans-serif;
Dos, “privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales. Concesionaría megaobras hidráulicas en torno a grandes ciudades: Monterrey VI, Acueducto Independencia, Zapotillo-León, Cutzamala IV, Paso Ancho-Oaxaca, Chapultepec-Acapulco; se harían pozos ultraprofundos, desalinizadores, y se promoverá la privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento”
Tres, “sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinos para dar agua a grandes corporaciones. Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas a la discreción de la Conagua, prorrogables, heredables y sujetas a dinámicas de compra-venta, en violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros […] los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados. La Conagua manejaría ‘bancos de agua’ para proyectos estratégicos”.
Cuatro, “definir el derecho humano al agua como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día, exclusivamente”.
Cinco , “garantizar la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas de presión social […] los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas cobradas a poblaciones vulnerables”.
Seis, “asegurar agua para el uso minero y el fracking”.
Siete, “seguir ofreciendo impunidad a contaminadores con auditorías voluntarias”.
Ocho, “evadir responsabilidades por la mala calidad del agua potable”.
Nueve, “desentenderse frente a desastres. En caso de emergencias hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el autocuidado y autoprotección”.
Y diez, “prohibir el estudio de la situación real del agua. La realización de obras de exploración, estudio, monitoreo y remediación sin contar con el permiso de la Conagua será considerada falta grave, con sanción de 1000 a 50,000 días de salario mínimo”.
El marco en Jalisco
Sectores sociales y académicos enfrentados con intereses empresariales y la propia autoridad en la materia:
El Zapotillo y la realización de un trasvase de casi 120 millones de m3de agua anual a León
La contaminación del río Santiago
La contaminación del río Santiago
Desarrollo de la ciudad que destruye las zonas de recarga acuífera
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