La opción del mercado de Carbono

La Primavera almacena miles de toneladas de dióxido de carbono en tiempos de cambio climático, lo cual abre opciones para generar recursos por ello

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Durante los últimos años, se integró un proyecto de medición de los servicios ambientales del bosque La Primavera y se ideó un modelo de mercado en el caso específico del carbono que se captura en sus árboles.

Este trabajo fue liderado por el investigador del Iteso y de la Universidad de Twente, Arturo Balderas Torres, con apoyo de la Iniciativa Darwin y de la entonces dirección ejecutiva del bosque.

La oportunidad de abrir un mercado de captura de dióxido de carbono (CO2) va más allá de un mecanismo local; los clientes se pueden buscar en todo el planeta para financiar la conservación hasta 120 mil hectáreas que conforman el sistema natural proveedor de servicios ambientales, y proyectar a la ciudad como destino sustentable y abrir las puertas para sus productos agrícolas, industriales y manufacturados en los mercados más exigentes y mejor cotizados del mundo, según la explicación que dio el científico a MILENIO JALISCO (edición del 24 de julio de 2011).

“Este es un caso particular de programas de servicios ambientales orientado a servicios de mitigación del cambio climático –almacenamiento y captura de carbono–; empresas o ciudadanos que desean remover el dióxido de carbono que generan por sus operaciones o estilo de vida pueden pagar por cada tonelada de CO2 que los árboles y bosques remueven de la atmósfera”; bajo esa ida seminal se establece un modelo de compensación voluntaria “para conservar y restaurar en el bosque La Primavera y sus corredores de fauna”.

En su escenario más amplio, se plantean aportaciones de 72 grandes empresas o de 212 mil ciudadanos para juntar una bolsa de 180 a 255 millones de pesos por año, que serviría para pagar a los propietarios de 120 mil hectáreas de ecosistemas naturales que conforman La Primavera, sus corredores biológicos y los bosques y selvas vecinos, a una tarifa de 1,500 pesos por hectárea cada año (que ya se paga por el Fideicomiso Monarca en el estado de México) –lo que requiere de 180 millones de pesos–, y además, financiar la operación de la dirección del área protegida, el monitoreo y la restauración de sus ecosistemas.

También se establecen escenarios medio y bajo, para financiar el modelo en menos superficie –60 mil hectáreas (ha) o 30,500 ha, la superficie que ampara el decreto de área natural protegida– o con menos dinero, y además, revisa las opciones de usar los mecanismos institucionales ya existentes: el Programa de Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que sólo garantiza hasta 450 pesos por hectárea y a cinco años, o los fondos concurrentes, que son mixtos —públicos y privados— y dependen, en el lado público, del vaivén presupuestal de cada año.

La premisa básica es que mientras existan emisiones antropogénicas de CO2 habrá potencial para contar con una demanda de servicios de compensación de las mismas en los bosques, apuntaba el académico.