En Chalacatepec hay presiones contra el secretario del ejido Morelos y el presidente del consejo de vigilancia, denuncia León Corrales
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Una firma presuntamente falsificada del secretario del ejido José María Morelos, de Tomatlán, Bartolo Camarena Contreras, y atentados y amenazas contra el presidente del consejo de vigilancia, José Guadalupe Valadez Parra, marcan la asamblea que hoy se pretende realizar en ese núcleo agrario para desistirse de un amparo que obstruye el megaproyecto Chalacatepec o “Nuevo Cancún”, denunció el presidente del Movimiento de Comunidades, Ejidos y Pueblos Plan de Ayala, Pedro León Corrales.
“Hay amenaza de muerte y la presión, utilizando el aparato agrario del gobierno federal y del estado, para apoyar la gestión de la empresa para el desistimiento del amparo que se promovió, por parte de Guadalupe Valadez Parra, en representación sustituta del ejido; Bartolo Camarena no está de acuerdo en sumarse a la iniciativa de la empresa, para lograr el desistimiento, falsificaron su firma con la anuencia de la Dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, la Procuraduría Agraria, funcionarios de la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, federal], y personal de la empresa Rasaland; lanzaron al convocatoria pero la firma del secretario es falsa, y ahora la consigna de ellos es a como dé lugar que tiene que firmar, lo están presionando por teléfono, y ya hay el antecedente de amenazas de muerte contra Guadalupe Valadez y contra un servidor”, aseguró el ex legislador local del PRD.
Por ello, añadió, “vamos a presentar el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la del estado, y hacemos responsable a la empresa y las dependencias aludidas de cualquier cosa que le pase a estas personas”.
Dicho juicio de garantías (711/2013) derivó en una suspensión concedida por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, tendiente a dejar las cosas “en el estado que se encuentran” a fin de no afectar bienes del ejido reclamados, entre ellos, más de mil hectáreas que fueron incorporadas al proyecto, en el litoral de Jalisco.
El juicio fue interpuesto antes de que entraran en vigor las reformas a la Ley de Amparo promovidas por la Administración de Enrique Peña Nieto, establece al ser admitido “conceder la suspensión de plano con la finalidad de evitar la afectación en los bienes del ejido impetrante de amparo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, salvo si es consumado, es decir, si los bienes se encuentran en posesión de terceras personas mediante cualquier acto jurídico o si ya existió un decreto expropiatorio”, esto, en tanto se resuelve “el fondo del asunto”.
El reclamo es por “el incumplimiento de la resolución presidencial del 12 de abril de 1960 [publicada el 23 de mayo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación] relativa a la dotación de ejidos”, pues no se habría consumado su ejecución en todos los terrenos previstos por la resolución.
Además, “las consecuencias relativas a la privación de la propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios del quejoso, así como la sustracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción del libre acceso a los terrenos, en una superficie aproximada de seis mil hectáreas y en otro predio de 136 ha y una superficie de 40 ha de un terreno de uso común del ejido”, destaca la resolución judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario