La CCA de América del Norte ayer presentó el “expediente de hechos” Chapala II, con un importante recuento de la negación de información de entes públicos. Sin inspectores suficientes y sin un monitoreo constante, las cuencas en torno al lago siguen gravemente degradadas por las ciudades y la industria, concluye la CCAAN en su expediente de hechos
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Informe por informe, solicitud por solicitud, oficio por oficio, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte debió construir, con esos niveles de paciencia, su expediente de hechos Chapala II, marcado por la reticencia de muchas instituciones mexicanas, reacias a entregar información pública, e incluso una que otra advertencia sobre el carácter “confidencial” de ciertos datos.
Ayer, en el paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG, la directora ejecutiva del organismo emanado del Tratado de Libre Comercio de la región, Irasema Coronado, y el oficial jurídico de la unidad de peticiones de la CCA, Paolo Solano, presentaron el extenso documento de casi 300 páginas, anexos incluidos, y destacaron la gran cantidad de enseñanzas que les dejan sus diez años de gestación.
La petición original partió de la Fundación Cuenca Lago de Chapala Santiago, en 2003, y fue engrosada con trabajo del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que preside Raquel Gutiérrez Nájera; su aceptación demoró al año 2005, y la determinación del consejo del secretariado del organismo trinacional se tomó hasta 2008; fue cuando de verdad se pusieron las manos a la obra sobre el expediente.
El 12 de septiembre de 2008, el Secretariado envió solicitudes de información a diversas entidades gubernamentales en México, incluida la CEA Jalisco, la cual fue objeto de diversas peticiones. El 17 de noviembre de 2008, se realizó una reunión pública en Chapala, con el fin de recopilar información. “Asimismo, se invitó a asistir a la reunión a autoridades del gobierno de México, quienes en algunos casos estuvieron presentes”.
Sin embargo, el 1 de diciembre de 2008, “México respondió a la solicitud de información del Secretariado y notificó que la información presentada debía ‘excluirse del expediente de hechos’ debido a su carácter confidencial. En atención a una nueva solicitud del Secretariado, México presentó un resumen de su comunicado del 1 de diciembre de 2008 para divulgación pública”, e insistió en excluir informaciones “por estar comprendidas en los procedimientos administrativos y judiciales en curso, relativos a la evaluación en materia de impacto ambiental del proyecto presa Arcediano, así como por tratarse de la aplicación de instrumentos legislativos cuyo tema principal es la distribución del agua”.
Además, “no proporcionó mayor información sobre la aplicación de la legislación ambiental” y remitió a respuestas emitidas cuando el expediente de hechos estaba apenas en fase de aprobación previa.
De este modo, “hubo que acudir a sistemas de solicitud de información federal y del estado de Jalisco [Infomex-Federal e InfomexJalisco, respectivamente], un consultor contratado por el Secretariado solicitó información que sirvió para la elaboración de este expediente”.
Hubo además reuniones personales del oficial jurídico del Secretariado realizó a diversos funcionarios de Jalisco, incluso el director de la CEA, César Coll, viajó a Montreal, Canadá, sede de la CCA, a entregar información, mientras que los representantes federales (Profepa y Comisión Nacional del Agua) se negaron a recibirlo.
Así, “la información se obtuvo a partir de los sitios web de Infomex; del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos [consulta realizada el 17 de mayo de 2012], y del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Jalisco [el mismo día]”.
La resistencia no era para menos: el expediente de hechos Lago de Chapala II, acredita la escasa inversión pública para afrontar el deterioro de la calidad del agua, las omisiones al aplicar la ley a industrias altamente contaminadoras, la casi inexistente plantilla de inspectores y el intermitente monitoreo de la calidad del agua de la región, según lo informó ayer el propio Solano (ver recuadro anexo).
Los datos de la contaminación no vienen completos, de hecho, porque el gobierno mexicano se negaba a entregar una información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que acredita las decenas o cientos de veces que las industrias violan los límites máximos de descarga que les son asignados; “ya no lo pude incorporar en el expediente de hechos, los números son escandalosos, la información ahí está y no la pudimos incorporar, se hizo pública hasta después que habíamos dado a conocer esto, pero básicamente nos confirmó que no estábamos mal, con los datos y los diagnósticos de calidad del agua que habíamos obtenido coinciden mucho con ese dato”, subrayó.
—Si hay tantas evidencias, ¿qué es lo que determina que no haya una recomendación?
—Lo que determina que no exista una recomendación es el acuerdo, el tratado internacional; únicamente nos autoriza para elaborar un expediente de hechos.
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Claves
Los datos
- El expediente ilustra la lentitud y las omisiones de autoridades federales para reconocer datos objetivos sobre el pésimo estado de la calidad del agua regional y la escasa inversión que se destina
- Casos: el monitoreo de la calidad del agua en la región es escaso y fragmentado, que la industria tequilera contamina gravemente la zona, que las granjas porcícolas del río Verde arrojan toxicidad elevada, y que sólo 4 inspectores de 78 en todo el país, tienen a su cargo 13% del territorio nacional: la cuenca Lerma-Santiago, con nueve estados y más de 20 mil km2
- Aparte, hay 26 inspectores adscritos a la Gerencia de Inspección y Vigilancia y laboratorio de la CEA, pero sin facultades para inspección y vigilancia en cuerpos de agua nacionales; de 18 granjas porcícolas del río Verde, cinco presentaron descargas de “toxicidad elevada” y once “de toxicidad significativa”
- Siete descargas de la industria tequilera de la zona representan el agua cruda de una ciudad de 70 mil habitantes; hay 37 estaciones de monitoreo de calidad del agua en la región estudiada, pero sólo 8% del total de estaciones del país son operadas de forma regular
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Compensará la ZMG al lago por el agua que le entrega
El gobierno de Jalisco pretende establecer un esquema de compensaciones que permita al lago de Chapala recibir proyectos y recursos para la conservación y el desarrollo, a cambio de los 190 millones de metros cúbicos de agua que el embalse natural entrega al año para la zona metropolitana de Guadalajara.
“Estamos listos para hacer un análisis de cómo hacia adentro de la propia ciudad se puede consumir el agua de forma diferente, y cómo generamos pagos por servicios ambientales, o mecanismos de corresponsabilidad, ver los demás mecanismos de manejo de cuenca, el ordenamiento territorial, la vigencia real de la declaratoria Ramsar”, explicó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.
Está en camino también la declaratoria del Cerro Viejo como área natural protegida, incluidas las sierras del norte de Chapala; “estaremos buscando que los mecanismos de corresponsabilidad vayan funcionando, estas tareas estoy segura que no van a ser fáciles, requieren de una agenda muy consistente, permanente, con mucha capacidad de gestión, el acompañamiento es indispensable, pero no solamente se va a poder defender desde el gobierno, con los municipios como actores; hay que estar directamente ligados con los sectores productivos, con la academia, con las organizaciones civiles”, explicó durante su intervención en la presentación del expediente de hechos Chapala II, en el Paraninfo de la UdeG.
La sostenibilidad, añadió, sólo será posible con las organizaciones civiles que “han propiciado que esa movilidad del sistema llegue; hay que seguir trabajando, el acompañamiento y el seguimiento, la evaluación y participación directa, de todos nosotros, es indispensable para lograr la sustentabilidad”, subrayó.
Hoy, el expediente de hechos Chapala II de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte será presentado en la Ciudad de México, en la Facultad de Derecho de la UNAM.
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