Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
En la controversia por los derechos sobre la propiedad del cerro de El Gachupín o del Tesoro, en la zona limítrofe de Zapopan y Tlaquepaque, la suspensión de plano otorgada a favor de los solicitantes de la titulación de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan no tiene por efecto parar las obras que allí se realizan para un fraccionamiento nuevo, advirtió el vocero de la parte empresarial, Mauricio Virues Carrera.
El abogado se refirió al expediente 208/2013 ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, que emitió el pasado 13 de marzo de 2013 dar un suspensión de plano a los demandantes a efecto de “que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, por ende, no sea privado de manera temporal o definitiva de la propiedad, posesión y disfrute de las 136.42 hectáreas de terreno del cerro del Gachupín, o del Tesoro…”.
Además, “para que no se impida el libre acceso a las hectáreas de terreno antes mencionadas a la comunidad quejosa, ni tampoco se les impida realizar los actos espirituales, ceremoniales, tradicionales y de conservación a la comunidad indígena de hecho, considerada por estos como zona sagrada. Tampoco se realicen inscripciones o movimientos catastrales en el Registro Público de la Propiedad de las citadas superficies de terreno comunal”, añade el documento.
No obstante, el profesional del derecho advirtió que esa concesión tiene sus condiciones. El documento lo señala: “Es preciso enfatizar, que la suspensión que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en el caso de que los actos reclamados se hubieren consumado, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. También, no surte efectos si los actos provienen de autoridades y motivos distintos a los señalados en la demanda”, señala el juez de distrito.
Y hace una segunda acotación: “de igual manera, no surtirá efectos la presente suspensión, si la superficie de terreno descrita o cualquier fracción se encuentra en posesión de algún particular”, como es el caso, asegura el vocero.
La superficie en litigio está en manos de los propietarios desde hace décadas y es custodiada por policías auxiliares. Una fracción del cerro fue otorgada al arzobispado de Guadalajara para edificar el Santuario de los Mártires, que lo tiene en posesión. Una fracción de la restante la tiene en modificación un consorcio inmobiliario que edifica un fraccionamiento. “Sabemos que los amparos otorgan de cajón la suspensión, pero esas consideraciones que menciona el propio juez cancela la posibilidad de aplicarla, es muy contundente”, destacó Virues Carrera.
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