En marcha, la consulta sobre proyecto Zafiro

Hotel de lujo en la bahía más protegida de Jalisco. El megadesarrollo en la región de Chamela pretende invertir 450 mdd. Perviven fantasmas de desarrollos frustrados de 2007

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Ya tiene más de diez días en marcha la consulta pública de la manifestación de impacto ambiental (MIA) para el megadesarrollo Zafiro, que prevé invertir 450 millones de dólares en la zona de la bahía de Chamela, Jalisco, y representa un segundo intento después del fracaso de tres proyectos en la zona, cuestionados por los ecologistas en 2007.

La Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicada el pasado 5 de febrero, señala abierto el procedimiento para que los diferentes ciudadanos conozcan el proyecto y lo critiquen.

La consulta se abre “a petición de un ciudadano de la comunidad en la que se pretende realizar el proyecto denominado “Zafiro”, con clave 14JA2009T0017 promovido por la empresa Operadora Chamela, S. de RL de CV”, por lo que “a partir del 19 de enero de 2010 esta DGIRA [Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Semarnat] determinó dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto mencionado, para lo cual se pone a su disposición el correo electrónico: dgira@semarnat.gob.mx. De igual manera recibiremos sus observaciones y propuestas mediante correo certificado en: Av. Revolución 1425, colonia Tlacopac, San Ángel, CP 01040, delegación Álvaro Obregón, México, DF”, señala la publicación oficial.

Las propuestas y críticas deben contener el nombre completo de la persona física o moral que las presente, domicilio, institución que representa y correo electrónico, “con la finalidad de consignar en la resolución que se emita respecto del proyecto, los resultados de las observaciones y propuestas formuladas durante el proceso de consulta pública”.

La gaceta, que se puede bajar en la liga http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Impa..., incluye un cuestionario que puede servir de guía para quien se decida a participar.

Zafiro, según la MIA en consulta, es un proyecto turístico de poco más de 910 hectáreas. El resumen ejecutivo se puede consultar en http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/jal/resumenes/2009/14J....

Dentro de su zonificación, incluye tres áreas como “reservas privadas” por 236 ha. Las áreas residenciales incluyen 41 manzanas con seis lotes en condominio, dos lotes en condominio aledaño al campo de gol, un lote residencial de lujo en condominios y 30 lotes residenciales.

El hotel incluye casa principal, habitaciones del spa, villas del hotel con vista al mar y a la montaña, restaurantes, bares y comercios, terrazas, albercas, estacionamiento y campos de juego.

El campo de golf será de 18 hoyos con lagunas incluidas, cancha de práctica, dos equipamientos y el área de mantenimiento. Habrá zona deportiva, club deportivo, cinco clubes de playa, club de laguna, restaurante de playa, hacienda y caballerizas, entre otros aspectos. La primera etapa culminaría en 2013, pero el plazo completo de ejecución se va hasta el año 2028. Los problemas de agua que tiene esta zona de escasa lluvia se resolverán con una planta desalinizadora.

Queda en manos de los ciudadanos, en particular, de los defensores de la región, que aglutina una reserva de la biosfera, un santuario de islas y un sitio Ramsar, manifestarse sobre el tema, como en 2007.

Guadalajara, sede mundial de conferencias sobre alimentación

Guadalajara será sede de dos encuentros relativos a los desafíos de la alimentación en el ámbito mundial. De hecho, se trata de conferencias “espejo”, pues una, de carácter oficial, analizará el potencial de los transgénicos como alternativa para afrontar el hambre, mientras la otra es fuertemente crítica de ese esquema de producción y negocios.

Del 1 al 4 de marzo se llevará a cabo la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), “como una forma de promoción de los transgénicos para paliar el hambre del mundo y enfrentar la crisis alimentaria”, señalan sus críticos, que, en respuesta, realizan el foro alternativo y festival cultural denominado Transgénicos: ni salud ni alimento para el mundo.

“Desde la sociedad organizada observamos que este planteamiento es sesgado y es evidente que no se permitirán voces discordantes con el discurso central. Por ello, consideramos prioritario fomentar el debate desde una visión alternativa de los puntos que tratará esta Conferencia”, señalan los promotores del encuentro alternativo.

Añaden: “Los transgénicos son organismos vivos genéticamente modificados [OGM]. Durante los últimos años, algunas empresas han desarrollado variedades de semillas que han sido diseñadas bajo el pretexto de asegurar alimento para el mundo. Irónicamente, dichos alimentos han demostrado tener efectos negativos en la salud de los consumidores. A pesar de esto, se encuentran ya en prácticamente todos los alimentos procesados que se puedan encontrar en el mercado: alimento para bebés, confituras, aceite, pan, frituras, entre muchos otros”.

Adicionalmente, “las empresas biotecnológicas encargadas de crear los OGM crean un aparato legal verdaderamente destructivo en el ámbito social en cada país donde se promueven. En México por ejemplo, antes de su liberación al campo, se creó una ley de semillas que prohíbe el intercambio de granos entre campesinos, hábito sumamente arraigado en las áreas rurales. Así, los campesinos que siguen la tradición se convierten en criminales ante el gobierno. Los posibles daños medioambientales de este tipo de organismos tampoco pasan desapercibidos”.

Más información del encuentro alternativo: http://transgenicosnogracias.blogspot.com.

Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 21 de febrero de 2010

Nace sin presupuesto área natural protegida

El gobernador decretó la Sierra del Águila “área estatal de protección hidrológica”. Reservas estatales, incluidos 13 sitios Ramsar, no tienen dinero en 2010. Es un paso intermedio, que requiere un esfuerzo permamente, afirman.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 19 de febrero de 2010

Sin un peso de presupuesto, sin programa de operación y manejo ni responsables directos de su gestión, acaba de nacer la segunda área natural protegida estatal de Jalisco: la sierra del Águila, enclavada al norte del valle de Ameca, con 20,853 hectáreas, nueva “área estatal de protección hidrológica”.

En la edición del pasado martes 16 de febrero, el periódico oficial El estado de Jalisco hizo público el decreto del gobernador que pone en vigor en el papel la protección del área, con la incertidumbre que en estos tiempos afecta a todas las reservas ecológicas de Jalisco, incluidos el parque estatal Bosques Mesófilos Nevado de Colima y los trece sitios Ramsar (humedales prioritarios internacionales), pues no existe partida financiera para que puedan cumplir sus objetivos.

“Se está manejando una propuesta para generar un fideicomiso, una bolsa que reciba recursos de varias partes, para de allí poder financiar las necesidades de las reservas del estado; por lo pronto, en sierra del Águila, tenemos garantizado que la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) se encargará de atender el problema de los incendios, y pronto constituiremos el consejo asesor para ir fortaleciendo institucionalmente la zona”, dijo el director de recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), Antonio Ordorica Hermosillo.

Lo que ayuda en el caso de sierra del Águila es que ya se constituyó una asociación civil con ex regidores e investigadores que participaron en la gestión de la zona, durante 2008 y 2009, lo cual allana el camino para constituir un consejo legitimado socialmente, el cual debe ser integrado por autoridades locales y estatales, comunidades y ejidos, añadió el funcionario.

Pese a esta severa dificultad de arranque, la secretaria del ramo, Martha Ruth del Toro Gaytán, no quiso dejar pasar la fecha, pues el decreto cristaliza un trabajo intenso con activa participación de las comunidades locales. Ayer, en compañía de Héctor Valdovinos, director de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), así como representantes de los ayuntamientos de Etzatlán, Ameca, Ahualulco del Mercado y San Juanito de Escobedo, anunció en el famoso paraje de Las Piedras Bola (que ya tiene una declaratoria municipal de protección) la formalización del decreto.

“Hoy se suman estas 20,853 hectáreas de protección bajo el carácter de protección hidrológica, toda vez que en esta conformación se encuentran incluidas dos importantes cuencas y cinco sub-cuencas, lo que hicieron natural que esta categoría se determinara”, dijo en su discurso a los concurrentes.

Destacó las “excelentes condiciones de conservación” de la zona, donde “casi un 60 por ciento de vegetación se encuentra todavía en condiciones naturales vírgenes, hay muy poco asentamiento humano, apenas 181 personas en toda esta gran superficie”.

De este modo, se ufanó, Jalisco cuenta con 18 áreas naturales protegidas, once de ellas de carácter federal, cinco municipales y dos estatales, lo que suma una superficie protegida de 852, 546 hectáreas, 10.3 por ciento del territorio estatal.

“Es una sierra de carácter único, proveedora de una gran cantidad de servicios ambientales, con bosques de encino, encino pino, una gran cantidad de selva de baja caducifolia y también una cantidad muy importante de bosque de galería [el que crece en las márgenes de los cuerpos de agua]”, añadió. Si se considera la reciente designación de la presa La Vega como sitio Ramsar, la región ya cuenta con un sistema importante de protección de ecosistemas que deberían garantizar la permanencia de sus servicios ambientales en el largo plazo.

Pero la conservación necesita que se le invierta, pues aunque las partes altas están casi íntegras, en la cercanía del valle se reporta la sobreexplotación de pozos profundos, los desmontes y la contaminación. Y eso preocupa porque el gran valle es corredor de la fauna que deambula de un monte a otro. Allí, entre cañaverales y potreros se suelen avistar pumas, pecaríes, venados y otros ejemplares de la vida silvestre.

Por eso, Héctor Valdovinos consideró a la declaratoria como un paso intermedio, que requiere de un esfuerzo permanente hacia el futuro. “Este es un proceso continuo, es un signo positivo de voluntad política y de respuesta clara y concreta a la responsabilidad inamovible del Estado de garantizar la preservación de los recursos naturales para las generaciones que nos habrán de preceder”.

Dijo que la nueva reserva tendrá viabilidad si involucra a la comunidad en general, con propietarios, agencias gubernamentales, académicos, grupos de sociedad civil y organizaciones internacionales.

“Debemos aprovechar este momento y poner a prueba nuestra capacidad creativa y hacer de las áreas protegidas espacios de aprovechamiento sustentable que contribuyan al desarrollo integral de la sociedad”.

Los alcaldes se comprometieron a no dejar la conservación en el papel. Para lo cual se requieren dineros, eso de los que ahora no tienen las áreas protegidas en Jalisco.

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CLAVES

Algunos datos

La superficie a proteger en la nueva reserva se divide en lo municipal del siguiente modo: Etzatlán, 13,693 hectáreas; Ameca, 6,816 ha; Ahualulco del Mercado, 5,025 ha, y San Juanito de Escobedo, 1,317 hectáreas.

Incluye entre sus ecosistemas los bosques de encino y los de pino, la selva baja caducifolia y el bosque de galería; se trata del principal aportador de agua para la recarga de mantos acuíferos y los caudales del río Ameca y de la presa de La Vega. Según el estudio justificativo, entre 60 y 70 por ciento de este polígono tiene condiciones naturales óptimas, “sin perturbaciones”.

En las partes bajas hay una intensiva explotación de agua de pozos profundos para diferentes usos, sobre todo el agrícola. La mayor parte de la superficie es ejidal, y existen pocos asentamientos humanos, escasos caminos. Los censos revelan apenas 181 personas viviendo al interior del entorno que se busca proteger.

En la Sierra del Águila sobreviven especies como el puma (Puma concolor), venado cola blanca (Odicoleus virginianus), pecarí de collar (Tayassu tajacu), jaguarundi (Herpailurus yaguaroundi) y tigrillo (Felis wiedii), éste último, “en peligro de extinción” según la Norma Oficial Mexicana 059.

Denuncian obras de “nuevo Temaca”

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 19 de febrero de 2010

La Comisión Estatal del Agua "ha cometido desacato”, pues una orden del Tribunal Administrativo le impedía cualquier acto relativo al nuevo plan de desarrollo urbano de Temacapulín, esto es, comenzar obras del nuevo asentamiento del pueblo, denunciaron ayer abogados de los moradores. El organismo negó tal exceso.

Guadalupe Espinoza Sauceda, del colectivo COA y representante de los vecinos que se oponen a la inundación de su pueblo por la presa El Zapotillo, dijo que en el marco del expediente 319/2009, que lleva la quinta sala unitaria del TAE, ya interpuso un recurso para reclamar que se sancione el desacato.

“El 15 de diciembre de 2009, se nos concedió la suspensión de las obras relativas al Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín […] hasta en tanto se dicte sentencia que cause estado, pero es el caso de que las autoridades demandadas, y contra quien surte efectos la medida cautelar concedida, ha hecho caso omiso y han continuado con las obras; entre ellas, seguir construyendo en el lugar conocido como nuevo Temacapulín, en el predio denominado Talicoyunque”.

Por tal razón, el lunes 15 “asistió a petición nuestra el C. Leoncio Vallejo Fernández, juez municipal de Cañadas de Obregón, a dar fe de los hechos de que continúan las obras por parte de la empresa constructora PVZ, misma que fue contratada por la CEA, según lo dicho por David Parvul Campos, jefe de los albañiles [...], y anexo copia certificada de dicha acta, así como ocho fotos…”.

La CEA negó los cargos: “Es verdad que, para proteger a los ciudadanos de Temacapulín y garantizarles el derecho a la vivienda, la CEA es responsable de la reubicación del centro de población, así como de las negociaciones de compraventa […] pero [...] no tenemos ningún contrato con la empresa constructora PVZ. Debemos resaltar que esta comisión no tiene facultad para realizar acciones de urbanización y/o construcción de vivienda”.

Ya no habrá manga ancha para industria y fraccionadores

Decreto de fragilidad ambiental en El Ahogado busca imponer fuertes condicionantes a quien quiera establecerse en la zona, como garantizar saneamiento. Organismo intermunicipal se encargará de operar nueva regulación. Fotos de Tonatiuh Figueroa y de Abraham Pérez

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La operación de la zona de alta fragilidad ambiental en la cuenca El Ahogado-Santiago, de 745.7 kilómetros cuadrados, obligará a condicionar fuertemente los permisos para fraccionamientos e instalaciones industriales, a sanear todas las aguas, a establecer un sistema de información de riesgos ambientales, a reubicar escuelas y a ampliar la cobertura y la investigación en salud.

Éstas son parte de las consideraciones que lleva el texto preliminar del decreto, que está ahora en análisis en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, con miras a ser publicada en unas seis semanas.

Los aspectos que contempla son un “golpe de timón” en la forma desordenada en que creció la zona. Se trata de sancionar a quien la viole, de que pague más quien contamina y de estimular las “emisiones cero” con incentivos fiscales, destaca el documento.

La garantía de que no quedará en buenas intenciones pasa también por la creación de un organismo intermunicipal que le dé seguimiento a todas las metas en materia de contaminación de agua, del aire y de la basura; en la creación de infraestructura y en el establecimiento de zonas protegidas naturales.

Acompañando este decreto, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) elaborará a lo largo de este año un paquete de reformas legislativas para mejorar el marco legal en el que operan los estudios de impacto ambiental y el trabajo de los consultores, con miras a fortalecer las 55 acciones planteadas.

La dependencia también tiene la tarea de instrumentar el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, con “recursos provenientes de las multas impuestas en la aplicación de la normatividad ambiental, por los pagos de derechos establecidos en la Ley de Ingresos y por aportaciones voluntarias”, según señala el texto del acuerdo para crear el “polígono de alta fragilidad”, del que Público posee copia.

Las reformas aludidas pretenden “que en los estudios ambientales se analicen los impactos globales y locales de la región y que en los planes parciales de desarrollo, autorizaciones, dictámenes y licencias se incluyan los estudios de impacto ambiental, y estudio del análisis de riesgo conforme a los criterios ambientales específicos de la zona”.

Esos estudios ambientales incluirán “una evaluación integral de todos los componentes que integran el ecosistema”, se deben basar “forzosamente” en los criterios establecidos en los ordenamientos ecológicos territoriales vigentes; deben evaluar y validar “la totalidad de los planos y proyectos ejecutivos propuestos por todas las instituciones”.

También tendrán que actualizar, clasificar y precisar “los diferentes tipos de evaluaciones ambientales, que se definan y reglamenten las necesarias para cada caso en particular”.

En los casos de modificaciones al uso de suelo “deberá incluirse la obligación de estudios técnicos justificativos a efecto de sustentar debidamente ese cambio”, puntualiza.

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CLAVES

Los candados en estudio

Algunos de los principales criterios ambientales que se aplicarán en la zona de alta fragilidad de la cuenca El Ahogado-río Santiago, según el documento preliminar de la Semades.

Las autoridades deberán condicionar las autorizaciones o renovaciones de giros comerciales, industriales o de servicios, a la instalación de tecnología para el tratamiento de las aguas residuales.

Los municipios deberán delimitar las áreas de amortiguamiento en las zonas establecidas como industriales de mediano y alto riesgo.

Las áreas responsables de protección civil deberán asegurarse de que se establezcan los programas de prevención y protección civil y deberán exigir la presentación de los estudios de riesgo aquellas industrias que manejen materiales y sustancias peligrosas.

Debe delimitarse el polígono industrial y deben establecerse las zonas intermedias de salvaguarda de manera coordinada entre la industria y las autoridades municipales y estatales; deben determinarse además los tipos de industrias que deban instalarse en razón de los servicios ambientales disponibles.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la mezcla de aguas residuales industriales con aguas residuales de origen urbano

Se presentará iniciativa de ley para el establecimiento de mecanismos, incentivos y estímulos fiscales a aquellas industrias y particulares que privilegien el principio de descarga cero, el tratamiento y la reutilización de sus aguas residuales, así como la captación de agua pluvial.

En todas las obras de infraestructura urbana, así como en la construcción de nuevos núcleos habitacionales, modificación de vivienda y edificios, se deberán condicionar los permisos de construcción y de sus propias obras, asegurando la captación de agua pluvial, tratamiento y reutilización de las aguas residuales y pozos de absorción.

Se deberá instalar una estación de monitoreo atmosférico en la zona. Habrá sistemas de información de fácil comprensión respecto de la calidad del aire.

Se implementará un sistema de alerta ambiental temprana, además de un plan para notificar oportunamente a la población de una probable contingencia y riesgos.

Se tomarán las medidas necesarias para evitar el uso de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes, fomentando, en sustitución, prácticas de agricultura sustentable.

Se buscará establecer áreas protegidas, humedales protegidos y culminar los ordenamientos ecológicos locales, así como la creación de observatorios ciudadanos.

La Secretaría de Salud realizará un estudio de exposición personal a contaminantes. Deberá establecer la infraestructura médica necesaria; además, operar un sistema de prevención y control de enfermedades, epidemias y pandemias que incluyen monitoreo permanente de toxicidad ambiental de naturaleza química, física y biológica.

Se promoverá la constitución del Consejo Local de Usuarios del Agua de la Cuenca.

En un plazo no mayor a 60 días, la Secretaría de Salud deberá realizar una campaña informativa sobre los síntomas y signos para identificar los casos de intoxicación aguda por los contaminantes.

Se creará un organismo de carácter intermunicipal donde participen los tres órdenes de gobierno, para operar el acuerdo.

No hay problema de tierras: Rasaland

Se defiende Ricardo Santa Cruz, ante críticas al “nuevo Cancún”. Problema interno del ejido, “causa” de las denuncias de propiedad, señala

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El empresario Ricardo Santa Cruz Dahoney, director del megaproyecto de Chalacatepec —o “nuevo Cancún”— y socio de Rasaland, asegura que los terrenos que se adquirieron en el predio Param-Chola no tienen problema jurídico de ningún tipo y además no hay relación con la compra que el gobierno federal hizo a la familia Arias García en 1994.

En entrevista con este diario, atribuye las inconformidades en “algunas personas” del núcleo agrario al problema añejo de las posesiones en pequeña propiedad que se tienen allí; hay un grupo de campesinos que recibieron pago de Rasaland por sus posesiones frente al mar, considerando que eran sólo posesionarios; otro grupo tiene parcelas contiguas pero no se les compraron sus predios y además tienen la precariedad de la posesión, lo que motiva sus quejas”, argumenta Santa Cruz.

“Si estuviéramos preocupados, pondríamos allí policías privados para impedir el paso, pero está todo libre porque sabemos que compramos bien; antes de decidirnos, estudiamos el asunto por más de seis meses, y es una inversión sólida”, enfatiza.

A su juicio, el amparo 2130/965, toca 2446/966, a favor de los propietarios, confirmado por la Suprema Corte en 1971, rinde efectos para toda la zona, aunque no supo explicar por qué si se amparan en la resolución terrenos por 592 hectáreas, resulta que el predio Param-Chola es de más de tres mil ha, de las cuales él posee ya 1,200 (Público, 15 de febrero de 2010). El predio de los Arias García que adquirió el gobierno es de 600 ha, lo que cubriría sobradamente la superficie señalada en el amparo. Parte de esa propiedad es la ubicación de la aeropista.

De ese total del proyecto Chalacatepec, mil ha fueron posesión del ejido Morelos y 200 fueron adquiridas de posesionarios del ejido Campo Acosta, donde también se da el problema de posesiones precarias sobre pequeña propiedad.

“Me parece correcto que se escuche a todas las partes, lo que ya no me parece es que se digan datos falsos, como eso de que se compraron terrenos con bosques y selvas […] es mentira, basta que visiten la costa, son sólo tierras agrícolas completamente desmontadas”, critica el estudio realizado por el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), difundido ayer en las páginas de este diario, donde se menciona ese dato.

También considera absurdo que Idea pretenda denunciar la violación de dos sitios Ramsar ante la convención internacional que las regula: “¿Qué van a denunciar, cómo van a acreditar un daño si no se ha intervenido la propiedad?”. Insiste en que la calidad ambiental y social del megaproyecto Chalacatepec será muy superior cuando se haga el proyecto. “Pero hay que asumir que debemos luchar contra el prejuicio de lo que se ha hecho antes en las zonas turísticas del país, donde hay abusos y desplazamientos de poblaciones”.

En riesgo, 3,357 ha del ejido Morelos

Acciones jurídicas podrían reducir a 9 mil hectáreas su superficie, incluido el lindero con las playas tortugueras, dice análisis del Idea; denuncian una simulación para empalmar predio privado en su dotación.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, denuncian que las acciones jurídicas en su contra ponen en riesgo alrededor de 3,357 hectáreas de su patrimonio, lo que reduciría su dotación a casi nueve mil ha, revela un estudio realizado por el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) durante 2009.

Mientras las autoridades les dicen que el “nuevo Cancún” representa la hora del desarrollo, los campesinos ven con angustia la llegada de inversionistas. “Han expresado su deseo de que se les tome como socios y no se les excluya de los beneficios que puede dar el desarrollo turístico […] es una de las actividades de las que pueden vivir ellos y sus familias”, señala el texto, denominado Diagnóstico socioambiental, José María Morelos, Tomatlán, cuya versión final fue redactada en diciembre de 2009.

El análisis, elaborado tras una minuciosa revisión de la carpeta básica y los archivos del nuevo centro de población ejidal, pero, sobre todo, con la información provista por los propios ejidatarios en diversos talleres participativos, da cuenta en el capítulo de Tenencia de la tierra y conflictos agrarios de los viejos líos con los detentadores de la propiedad de Param-Chola y el amparo que ganaron en 1971.

“Para obtener el fallo favorable […] los particulares realizaron una maniobra jurídica: alteraron la ubicación del predio, de tal manera que lo hicieron coincidir con la superficie del terreno ejidal que se ubica en los terrenos aledaños a la playa de Chalacatepec y las lagunas de Chalacatepec y Xola-Paramán, señalando que estos predios se encuentran fuera del polígono de la hacienda de La Nancy”.

Pero, “en realidad […] los terrenos son distintos a los predios que los particulares señalan, ya que, al revisar el plano de la hacienda de La Nancy [que data de 1913] , se aprecia que esos terrenos llegan al océano Pacífico y el río San Nicolás, coincidiendo con la descripción de los terrenos que comprende la resolución presidencial…”.

Por si fuera poco, “en el amparo 2130/965 [y el toca correspondiente 2446/966], el ejido no contó con la asesoría legal adecuada y por eso le concedieron el amparo a los particulares; durante muchos años, la ejecutoria [de ese juicio] se cumplió solo parcialmente, ya que, si bien la Secretaría de la Reforma Agraria [SRA] dejó insubsistentes los actos de ejecución de la resolución presidencial […] en el campo no se pudo restituir a los particulares, debido a que las medidas y colindancias del predio [Param-Chola] no se localizan realmente en el ejido de Morelos…”.

El documento recuerda que el propio ejido se defendió con otro amparo [1721/963, toca 862/965] para que se respetara el plano proyecto con que se les dotó la tierra, lo que contradijo el amparo de los pequeños propietarios.

“En estas condiciones, la SRA promovió la compra de los terrenos […] para cumplir el amparo concedido a los particulares de manera subsidiaria respetando las posesiones del ejido, para ello otorgó una ampliación de ejidos […] en resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario número 13 de Jalisco. Resolución que no se ejecutó tampoco por desacuerdo del ejido, alegando que los terrenos se ubican fuera de los que posee el ejido…”.

De hecho, tales compras han quedado aparentemente en el limbo, pues el inversionista Rasaland compró las tierras como propiedad privada (Público, 15 de febrero de 2010).

A partir de 2007, el dueño de Rasaland, Ricardo Santa Cruz Dahoney —promotor del megadesarrollo Chalacatepec o “nuevo Cancún”—, comenzó la adquisición de estas tierras, “presionando a los ejidatarios de José María Morelos y Campo Acosta […] para que les vendan los terrenos con el argumento de que de todos modos son de propiedad privada y, si no los venden, van a perderlos; de esta manera, y con un procedimiento ilegal, sin cumplir con los requisitos que marca la Ley Agraria, un solo inversionista ha comprado más de mil hectáreas de terrenos ejidales en parcelas ubicadas en selvas tropicales del ejido de Morelos”.

El análisis advierte que el derecho agrario mexicano tiene como característica su imprescriptibilidad: eso significa que las acciones de restitución no pueden prescribir si se combaten hechos viciados legalmente, como juzga que han sucedido con esas operaciones de compraventa para crear el proyecto en que el Instituto de Pensiones del estado ha aportado ya 89 millones de dólares.

Así, el ambicioso megadesarrollo parece estar prendido con alfileres.

LA EX HACIENDA LA NANCY Y LOS ENREDOS AGRARIOS DEL NUEVO CANCÚN

Tierra del “nuevo Cancún” la compró la SRA para ejidos

El predio Param-Chola dejó de ser pequeña propiedad en 1994. Según archivos agrarios, tras ganar amparo, los propietarios de Chalacatepec vendieron sus predios al gobierno federal, que las cedió a ejidatarios. Pero fueron vendidas hace poco como “pequeña propiedad”

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La historia del predio Param-Chola, asiento principal del megadesarrollo Chalacatepec o “nuevo Cancún”, no ha sido completamente contada: si bien, los pequeños propietarios ganaron un amparo para evitar la afectación ejidal sobre casi 600 hectáreas en el decenio de los sesenta, también hubo un proceso de compra de tierras por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que integró finalmente el terreno a los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, en 1994.

Es decir, según los documentos oficiales que hay en los archivos de la delegación Jalisco del Registro Agrario Nacional (RAN), los ejidatarios no eran meros posesionarios de los solares enclavados frente al mar, sino que ya tenían el título de dueños al legalizárseles su “posesión precaria” sobre 300 hectáreas, sumadas a otras 93 de otro propietario, que se les entregaron vía decreto presidencial, en el caso de Morelos. La adquisición completa de la SRA fue de 600 ha a la familia Arias García. El resto de la tierra habría sido entregada al ejido Campo Acosta, vecino de Morelos.

El archivo del RAN permite reconstruir las controversias judiciales que comenzaron poco después de que el presidente de la república, Adolfo López Mateos, dotara a Morelos con 12,400 hectáreas. Según la versión de los ejidatarios, al descubrirse el valor de la zona, “surgieron propietarios de papel” que en un caso lograron hacer valer sus derechos ante los tribunales federales.

Paradójicamente, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó los derechos del ejido a que no se modificara el plano donde se le otorgaban los terrenos de la disputa.

La resolución salomónica que tomó la SRA, tres décadas después, fue dar la razón a ambos y resolver “el problema social” comprando las tierras para integrarlas a los ejidos.

El grupo de propietarios vendió en 1994 Param-Chola, que pasó a ser parte de los núcleos agrarios. Luego, a partir de 2008, los predios fueron vendidos al desarrollador Rasaland… como pequeña propiedad.

La Nancy y Param
Hay que remontarse al año 1910, al 12 de noviembre, cuando Ramón Parras Romero hereda a su esposa Carmen García la hacienda La Nancy, de 53,227 hectáreas, más 1,290 ha de marismas, propiedad federal. El general Roberto Fierros Villalobos le compra íntegra la hacienda el 25 de octubre de 1941.

Con el paso de los años, según un informe fechado el 9 de abril de 1984, que elaboró el promotor Gustavo González Lozano, por orden de la sala regional occidente del Consejo Consultivo Agrario, el general hizo diversas ventas de fracciones, antes de poner la finca a disposición de la SRA para dotaciones agrarias diversas.

El informe encontró en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta evidencias de transferencias a 13 pequeños propietarios, aunque en algunos casos no hay ni siquiera una descripción de la propiedad cedida. Se trata de José de la Borbolla, José de Jesús Flores, Manuel Calixto Cañedo, Manuel Ignacio Ahedo, Luis Zúñiga Cruz, Alicia Arthur viuda de Díaz, Guillermo Garza, Salvador Luque, Guadalupe de la Borbolla, Manuel Zavala Puñón, Ignacio de la Borbolla, Enriqueta y Susana Ramírez, y Leopoldo Valencia Orozco.

La investigación acredita 1,369 hectáreas cedidas como fruto de estas operaciones, que se llevan a cabo entre 1952 y 1960, año en que se emite la resolución presidencial dotatoria del ejido Morelos.

La historia de Param-Chola es diferente. Según la revisión del amparo 2130/965 (toca 2446/966), no tiene nada que ver con la hacienda La Nancy: una fracción la vende la Unión de Cuale y Socios, el 1 de septiembre de 1910, a Apolinar González, José María Merino y Guadalupe Michel; la otra fracción la obtiene el propio Apolinar González de Francisca Gil viuda de Merino, el 15 de agosto de 1913, quién la había recibido como herencia de su esposo José María Merino.

En 1917 lo heredan Isaura María Isabel, Hermelinda y Esperanza González, que lo pierden “en rebeldía” ante la delegación de Hacienda de Tomatlán el 11 de noviembre de 1958, y esta la adjudica a José María Castañeda. El 3 de octubre de 1961 (cuando ya el ejido estaba en posesión de las tierras), Castañeda le vende Param-Chola a Dolores Gutiérrez de Castañeda, quien a su vez la subdivide y vende a Carlos Jimeno Serrano, Cecilia Gutiérrez de Albatchen, Francisco García Rodríguez, José Louis Arias García, Carmen Mercado de Gutiérrez, Manuel Ignacio Arias García y Carlos Felipe Arias García, quedándose ella con una fracción. Será este grupo el que pedirá el amparo en 1965, sobreseído por el juez segundo de distrito de Guadalajara, pero ganado en la revisión ante la Sala Auxiliar de la SCJN, el 23 de julio de 1971. La sentencia señala claramente que se trata de 592 ha que no debieron ser afectadas.

Esta disputa legal entre propietarios y ejido se dio fundamentalmente en papeles. Porque desde que se ejecutó la resolución presidencial de Morelos, en agosto de 1961, el descampado ha sido completamente de los ejidatarios. “Se debe dejar bien claro que durante la práctica de los trabajos topográficos sobre los terrenos perfectamente identificados y que conformaban la ex hacienda La Nancy, no se encontró ninguna acción de dominio que determine posesión alguna de parte de las personas que interesan”, destaca el promotor González Lozano en su informe de 1984.

El ejido
Las presuntas ventas de fracciones de La Nancy y la existencia de Param-Chola no fueron acreditadas durante la investigación que a partir de 1958 realizaron los promotores del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que tomaron las 53,227 ha para dotar a los ejidos: José María Morelos, Campo Acosta y su anexo Los Ángeles, Emiliano Zapata de Yautepec, Lázaro Cárdenas, El Gacho y Emiliano Zapata de Tecomán.

A los campesinos de Morelos les entregaron 12,400 ha, y su posesión sería tranquila, pública y pacífica por cuatro años, pues en 1965, los copropietarios de Param-Chola (buena parte de ellos, adquirientes de la propiedad en ese mismo año) interponen el amparo, aludiendo no haber sido notificados para ser oídos y vencidos, como lo marca la Constitución mexicana.

Fue el único juicio de garantías presentado contra la posesión otorgada al núcleo agrario, y atendiendo el “principio de relatividad de una sentencia de amparo”, no tenía por qué afectarse el resto de la posesión ejidal. Pero otros presuntos propietarios que no acudieron a esa instancia legal pugnaron desde el principio porque se modificara el plano proyecto con que se hizo la ejecución de la resolución presidencial, lo que derivó en un amparo del núcleo agrario contra ello.

La comunidad campesina ganó esa lucha legal (amparo 1721/963, toca en revisión 862/965) ante la SCJN, que los protegió contra el intento de volver a deslindar el ejido con un nuevo plano proyecto. Esto dejó en situación “de empate” la disputa legal por los terrenos.

“Existen dos ejecutorias […] que no obstante ser contradictorias, deben acatarse”, reconocía el Cuerpo Consultivo Agrario en el acta SR 3-II NCPE, de 1984. Sin embargo, el peso de los intereses era distinto, y de ello se quejó el presidente del comisariado ejidal, José Adán Frías, el 5 de diciembre de 1997, en carta al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez: “Al principio de la entrega [de la tierra] pensamos que habíamos sido muy afortunados, ya que este ejido cuenta con doce kilómetros de playas marítimas, pero tal parece que fue todo lo contrario, porque dichas playas se convirtieron en una gran codicia […] inventaron un sinnúmero de supuestas pequeñas propiedades para quitárnoslas…”.

Ya habían pasado tres años del acuerdo agrario para confirmarles las tierras como ejidales, previa compra (ver recuadro anexo), pero el líder campesino no mentía. Trece años después, el peso de los intereses privados continúa ganando disputas.

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Los predios adquiridos

En 1992, cuando se declaran oficialmente cerradas la dotaciones agrarias en el país, y se busca abatir el rezago, la delegación Jalisco de la SRA se topó con el caso José María Morelos, ejido que no la había pasado bien apenas un año antes, en que derrotó al gobierno de Jalisco en su tentativa de hacer una aeropista en sus tierras.

La nueva Administración estatal de Carlos Rivera Aceves dio facilidades para resolver concertadamente el conflicto entre los propietarios de Param-Chola y el ejido. El delegado de la SRA, Alejandro Díaz Guzmán, abrió un expediente de compra de tierras. Un dato sorprendente es que esa propiedad, que en la sentencia de amparo favorable que emitió la SCJN en 1971, sólo contaba con 592 hectáreas, ya tenía 717 ha en seis fracciones, todas propiedad de la familia Arias García, por transacciones con los otros copropietarios de 1965. Finalmente, vendieron unas 600 ha José Luis, Carlos Felipe y Manuel Ignacio Arias García, quedando fuera de la operación María Luisa y José Arturo, de los mismos apellidos (información del oficio 5448 de la SRA, 26 de octubre de 1993).

El expediente de la SRA fue llamado de “posesión precaria” y derivó en un acto público, “convenio de finiquito agrario”, el 27 de junio de 1994, donde el gobernador del estado, y los líderes de los parvifundistas, Aldo Bugarín, y de los cenecistas del PRI, Eliazer Ayala, atestiguaron el final del conflicto y la entrega de 300 ha. Si a esta superficie se suma 93 ha que el presidente cedió al ejido un año antes, se suponía que sus posesiones estaban ya libres de impugnación. Pero llegó el año 2009, y a los ejidatarios los convencieron de que en realidad no eran los dueños. Y vendieron como posesionarios a Rasaland para integrar los terrenos del “nuevo Cancún”.

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CLAVES

Las tierras en disputa

El predio Param-Chola, enclavado en las inmediaciones del mar y de las lagunas costeras Chalacatepec y Xola-Paramán, es la parte fundamental de los terrenos adquiridos para el megadesarrollo Chalacatepec (1,200 ha) o “nuevo Cancún”, como le llamó el gobernador Emilio González Márquez, que pretenden establecer la empresa Rasaland y el Instituto de Pensiones del Estado, así como de la aeropista que edifica el gobierno de Jalisco en la zona

En las negociaciones de los últimos dos años, a los ejidatarios de Morelos sólo se les dio estatus de posesionarios, cuando hay antecedentes legales que revelan su derecho de propietarios

La defensa legal del ejido tenderá a reclamar la propiedad del ejido en esas tierras, que es imprescriptible en el derecho mexicano

Los enredos legales de medio siglo en la costa de Tomatlán no serán aclarados por el gobierno estatal, que aludió a Público que el tema de las tierras de Chalacatepec son “asunto privado” y prohibió a su Dirección de Asuntos Agrarios entregar información sobre el tema

Semarnat aceptó reducción de Mismaloya desde 1999

En la UdeG discutirán propuesta para integrar Chalacatepec al santuario; Roca Negra es el límite sur, según el POET del Instituto Ecológico de Xalapa

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La controversia sobre las dimensiones del santuario tortuguero de Mismaloya llega con once años de retraso. El documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) que a nivel de la región costa de Jalisco elaboró el Instituto Ecológico de Xalapa, contratado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), para realizar uno de los ordenamientos pioneros en el país, ya deja descubierta la playa de Chalacatepec y pone el límite sur en Roca Negra.

Los planos de ese POET (que se puede consultar en http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/ordenamiento...) ya establecen la exclusión de los doce kilómetros de Chalacatepec, no obstante que desde antes se había establecido allí un campamento tortuguero y que, en los hechos, la modificación no significó cambio alguno en el carácter protegido que la población daba al entorno.

La preocupación ahora es que esa situación de facto, que fue descuidada por la autoridad federal, podría tener efectos con la ejecución del megaproyecto turístico de Chalacatepec, pues los inversionistas pretenderían establecer una marina en la playa, y realizar actividades durante la temporada de anidación (Público, 27 de enero y 5 de febrero de 2010).

Jurídicamente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que de forma exclusiva la Presidencia de la República tiene la facultad de aclarar el embrollo, pues fue en ese ámbito institucional donde se generó el decreto original de 1986. Otro camino es una controversia judicial de resultado incierto.

Es en ese contexto que el próximo lunes 5 de febrero, a las 17:00 horas, se reunirán los miembros de la red universitaria para la protección de las tortugas marinas, en la sala de ex rectores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, para analizar las implicaciones del megaproyecto Chalacatepec y el papel de la propia casa de estudios como validadora técnica del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán.

La cita fue convocada por el rector del centro, Juan Taylor Preciado, entre los miembros de la red, involucrados institucionalmente en el propio CUCBA, el Centro Universitario de la Costa (CUC-Vallarta), el Centro Universitario de la Costa Sur (Cucsur), y la preparatoria de Puerto Vallarta.

Entre los asistentes estarán los académicos América Loza, Armando Soltero Macías, Enrique Solórzano Carrillo, Francisco de Asís Silva Bátiz, Ignacio Avelino Rubio, Javier Orozco Alvarado, Jorge Téllez López, José Antonio Trejo Robles, Luis Fernando González Guevara, Melchor Orozco Bravo, Rodrigo Castellanos y Rosa Estela Carretero Montes. De esta reunión se espera integrar una postura única en torno al proceso y definir si hay apoyo o no al trabajo técnico para el cual un organismo del Cucsur fue contratado.

La UdeG pinta su raya frente al “nuevo Cancún”

Ante polémicas, se desmarca: decisiones del ordenamiento “corresponden al gobierno”. Intenso debate interno del papel de la casa de estudios en torno al megadesarrollo

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El papel de la Universidad de Guadalajara en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán (POEL) fue como instancia técnica, pero la toma de decisiones se dio por consenso entre los representantes de los sectores convocados, y con la validación y responsabilidad legal de los gobiernos municipal, estatal y federal, destaca, en un documento que circula vía Internet entre la comunidad universitaria, el rector del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Solórzano Carrillo.

“En el texto, de manera sucinta, se les describe metodología, objetivos, papel y nivel de responsabilidad del grupo técnico, así como los compromisos ecológicos y de sustentabilidad de todo el municipio. Cabe aclarar y resaltar que, con respecto al proyecto de desarrollo turístico [llamado] Nuevo Cancún, no hay opinión por no contar con el plan maestro ni la manifestación de impacto ambiental del mismo. Espero que esta información les sea útil y les permita tener una perspectiva adecuada con respecto al trabajo académico realizado por un grupo de investigadores adscritos al CUCSur”, señala el funcionario. Entre los destinatarios destaca el consejo de rectores de centro, algunos de ellos críticos agudos del “nuevo Cancún”, como Roberto Castelán, del Centro Universitario de Lagos.

Esta respuesta la elaboró el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, instancia del CUCSur que fue contratada por el Instituto Nacional de Ecología para elaborar el ordenamiento local citado.

En primer lugar, tanto la secretaría federal como la estatal de Medio Ambiente seleccionaron a la institución “para la elaboración de tres programas de ordenamiento ecológico territorial de los municipios de La Huerta, Cihuatlán y Tomatlán. Las dos propuestas técnicas de los POEL de los dos últimos municipios mencionados ya fueron concluidas y entregadas a satisfacción de los tres órdenes de gobierno en noviembre de 2009”, señala el documento.

Aclara: “El POEL es un instrumento de política ambiental considerado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y en la ley ambiental de Jalisco, el cual tiene como objetivo la regulación de los usos del suelo del municipio y la protección de los recursos naturales y ecosistemas, propiciando con lo anterior el desarrollo sustentable de la zona […] la elaboración del POEL consta de cuatro etapas: las dos primeras incluyen la caracterización y diagnóstico ambiental, social y económico del territorio, así como la determinación de los principales actores locales y la identificación de la aptitud [vocación] del territorio para ser usado por cada uno de los sectores productivos y de conservación; en la tercera etapa se analizan las tendencias de cada uno de estos aspectos y sectores con el fin de generar distintos escenarios y pronóstico, para concluir en la cuarta etapa con una propuesta de zonificación del territorio en Unidades de Gestión Ambiental (UGA), en las cuales se definen los usos predominantes, los compatibles, los condicionados y los incompatibles para cada una de las UGA, y se determinan los criterios de regulación ecológica que regirán en cada una […]”.

La entrega de la propuesta técnica del POEL “a las autoridades ambientales federales y estatales y al Ayuntamiento de Tomatlán marcó el final del contrato o convenio, y concluyó también la participación de la UdeG. Las decisiones y modificaciones que posteriormente se tomen […] corresponden a los tres órdenes de gobierno, así como la aprobación final del mismo”.

Ecologistas, expectantes ante nuevo proyecto en Chamela

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Los defensores de la región de Chamela, asiento de tres áreas naturales protegidas de importancia mundial, esperarán a que se presenten proyectos para poder valorar el impacto que tendría la realización del megadesarrollo Zafiro en estas playas del municipio de La Huerta, señaló ayer el apoderado legal del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, Alberto Székely Sánchez.

Entrevistado vía telefónica, el abogado destacó que “no podemos juzgar sin tener los elementos” sobre el desarrollo de más de 900 hectáreas que dio a conocer recientemente el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Alberto Elton Benhumea.

“Es un consorcio fuerte [el desarrollador], pero lo que sí sabemos es que se trata de inversionistas que se retiraron en proyectos anteriores que no progresaron, como La Tambora, IEL La Huerta y Rancho Don Andrés, quienes se están conjuntando para un desarrollo único en esa zona”, afirmó el funcionario, en entrevista con La Jornada aparecida en su edición de ayer.

Para Székely Sánchez, ya significa un avance considerable que no se dé un “madruguete” como ocurrió a finales de 2007, un mes después de que la región fuera elevada a categoría de reserva mundial de la biosfera. Fueron autorizaciones de impacto ambiental que firmó el entonces titular de impacto y riesgo ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ricardo Juárez Castillo, quien, tras el escándalo suscitado y una intensa campaña de medios justamente del Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, dejó el cargo y se echaron abajo las MIA.

Insistió en que se formarán primero una opinión con base en lo datos del proyecto y después la darán conocer: “Veremos si impacta a las áreas protegidas o si, por el contrario, se adapta a las condiciones del área y respeta”, dijo en breve diálogo con Público.

La zona de Chamela alberga la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, el santuario de las islas de Chamela y el sitio Ramsar en los humedales de la propia reserva. La UNAM ha estado presente en el área desde los años sesenta, con su estación de biología; se han documentado más de 1,200 especies de plantas y 422 de vertebrados, buena parte, organismos endémicos (exclusivos) del país.

Profepa investiga causas de incendio intencional en Nixticuil

Guadalajara, 10 de febrero de 2010. La empresa constructora del proyecto MiraSierra recibió citatorio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la indagatoria para resolver la presunta responsabilidad por el incendio intencional que se padeció en el bosque, en el predio propiedad de la empresa, lo cual fue saludado como una sana ocasión para disipar dudas, según la responsable de relaciones públicas, Nelly Solorio.
"El pasado 5 de febrero la empresa desarrolladora del proyecto de comunidad sustentable MiraSierra recibió en sus oficinas un citatorio por parte de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, para desahogar una visita de inspección a los terrenos del predio La Roblera, donde el 27 de enero se suscitó un incendio. Sabemos que el Comité SalvaBosque El Tigre II está preocupado por este acontecimiento y que ha señalado a MiraSierra como responsable del mismo; aseveración alejada de la realidad puesto que igual de sorprendidos y preocupados estamos en el equipo de este importante proyecto por acontecimientos como el mencionado", señaló en un comunicado.
Agregó: "En MiraSierra nos parece muy positivo que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente investigue qué sucedió y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Reiteramos que en MiraSierra negamos categóricamente que personas de nuestra empresa hayan provocado el incendio. Justamente por lo que marca la Ley que cita el comunicado que dio a conocer hace un par de semanas el Comité Salva Bosque El Tigre II, no lo haríamos. Iríamos en contra de nuestros propios intereses".
La vocera recordó que "el incendio comenzó por causas desconocidas alrededor de las 14 horas, del miércoles 27 de enero de 2010. Cerca de la zona donde se presentó el evento MiraSierra tiene vigilancia y gracias a eso se pidió ayuda a las 14:32 horas al teléfono de emergencias 066. A las 14:47 se insistió porque no llegaba ninguna autoridad a apoyar el esfuerzo que estaban haciendo los trabajadores de MiraSierra y gente que vive o trabaja en la área".
Así, "fue hasta las 15:45, casi dos horas después de iniciado, que llegó la patrulla 2751Z de la policía de Zapopan. No hicieron nada, Un tiempo después llegaron personas que dijeron ser de Protección al Medio Ambiente de la comunidad de La Guayabera, sin que lo acreditaran. Su vehículo era una pick up Ford color blanco, placas JGU7444. Tampoco hicieron nada por apagar el fuego, que, por lo demás, ya era imposible hacerlo. De cualquier forma se había procedido a hacer guardarayas para evitar su propagación. El área que se vio afectada por el fuego es de unas diez hectáreas que están junto al Río Blanco. En su mayor parte es considerada una zona de pastizales".

Agustín del Castillo / www.publico.com.mx

Declaratoria nacional a favor de Temacapulín

En el VII Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y Represas en México y en Defensa de los Ríos (Mapder) realizado en la comunidad Paso de la Reina, municipio de Jamiltepec, Oaxaca, los días 5, 6 y 7 de febrero de 2010, los asistentes expresaron su respaldo a la lucha del poblado Temacapulín para evitar ser inundado por las aguas de la presa El Zapotillo, que se edifica en el área, informó Marco Von Borstel, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

La declaración de dicho encuentro, según texto enviado por Von Borstel, destaca: “En el encuentro celebramos la suspensión temporal de la construcción de las presas Arcediano y La Parota, aunque eso no significa dejar de luchar por la cancelación definitiva de los proyectos [...] ratificamos que la construcción de las presas es sinónimo de despojo histórico y sistemático de los recursos naturales, tradiciones y formas de vida de las comunidades indígenas, campesinas y de los pueblos originarios en el país”.

Así, “rechazamos enérgicamente la construcción de los proyectos Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, en Oaxaca; El Zapotillo, en Jalisco; y el proyecto Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo, en la laguna de Cuyutlán, Colima”.

Esta fue la reunión previa al III Encuentro Internacional contra las presas en Temacapulín, Jalisco, Los ojos del mundo están puestos en Temaca, del 1 al 7 de octubre de 2010; y a la conferencia de las Partes, reunión 16 contra el cambio climático, a fines de año en Cancún.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 11 de febrero de 2010

SIAPA recibió 63 mdp de la CNA

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 11 de febrero de 2010

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) recibió ayer más de 63 millones de pesos (mdp) por diversos conceptos, por parte de la dirección del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. Fundamentalmente, se regresa el dinero que el SIAPA aportó por los derechos en el uso de aguas nacionales y la descarga de residuos.

José Luis Hernández Amaya, director del SIAPA, dijo que ese dinero servirá para ponerse al corriente en pagos a diversos contratistas, sobre todo en el caso del programa Todos con agua, cuya inversión en este año se espera de alrededor de 700 mdp. Reconoció que difícilmente se logrará en este año que tengan el servicio en su domicilio las 100 colonias donde la infraestructura quedó a medias, pero confía que a más tardar en 2011 se logre.

Hernández Amaya también se refirió al conflicto que se ha ocasionado con las obras del acuaférico en la zona del Periférico y el entronque a San Isidro, y dijo que la responsabilidad de cuatro empresas que avanzan lentamente, so pretexto de falta de pago, será analizada, y si no responden pronto, se les rescindirá el contrato.

La devolución de derechos no solamente beneficia al SIAPA. En conjunto, los organismos operadores de Jalisco beneficiados recibieron ayer 80 mdp, señaló por su parte el director del organismo de cuenca, Raúl Antonio Iglesias Benítez.

“Este dinero corresponde a los pagos que los organismos operadores hicieron a la Secretaría de Hacienda por concepto de derechos de aguas nacionales, y sólo los podrán utilizar en acciones propias del sector hidráulico para que un mayor número de habitantes tengan agua y servicios en sus colonias”, aclaró el funcionario.

Recordó que el Programa de Devolución de Derechos, “tiene como objetivo apoyar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación de recursos a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales”.

De los 80 mdp entregados, 30 son para el SIAPA; 34 para la Comisión Estatal del Agua, que a su vez le entregará 33 millones más al SIAPA; 1.5 millones para el organismo operador de Vallarta, y 14.2 para otros 52 prestadores del servicio, donde se encuentran ayuntamientos y organismos descentralizados.

En fecha próxima habrá la tercera y última entrega de recursos correspondientes a 2009. La suma final rebasará 190 millones de pesos.

Idea denunciará ante la ONU desarrollo en Chalacatepec

Asegura que “nuevo Cancún” es una amenaza a sitios Ramsar de la costa. Burócratas harán “megamarcha” contra participación de Pensiones

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 10 de febrero de 2010

El Instituto de Derecho Ambiental (Idea) anunció ayer que se denunciará ante la secretaría técnica de la Convención Ramsar de las Naciones Unidas —de humedales prioritarios mundiales— “el incumplimiento de la convención” en el caso de las lagunas de Chalacatepec y Xola-Paramán, integradas a la red en 2007, para favorecer proyectos privados, “y solicitará una comisión técnica para que se analice y evalúe” la situación.

En un documento de prensa firmado por la presidente del Idea, Raquel Gutiérrez Nájera; el director general, Pedro León Corrales, y el director ejecutivo, Valentín Veyna Martínez, la organización no gubernamental destaca “riesgos” ambientales y sociales del proyecto conocido popularmente como “nuevo Cancún”, que se ejecutará sobre 1,200 hectáreas de la zona.

“Hacemos pública nuestra oposición a que mediante un programa de ordenamiento ecológico municipal deficientemente implementado se excluya a las comunidades locales de su desarrollo, con recursos públicos que en este caso concreto son de los trabajadores del estado [vía Instituto de Pensiones]”, subraya el documento difundido ayer.

El Idea pide “se realice una auditoría por un equipo externo a todo el proceso del ordenamiento ecológico de Tomatlán […], se analice la congruencia de políticas y sus criterios, ya que al parecer sólo se quiere beneficiar al turismo, cuando éste ha sido el principal detonador de deterioro de las costas mexicanas”.

También pide que se analice la congruencia de ese ordenamiento con las políticas nacionales de ordenamiento territorial, el programa de cambio climático federal, los compromisos asumidos ante la comunidad internacional en los sitios Ramsar y la preservación de especies en peligro de extinción, como los mangles de los esteros y las tortugas marinas.

Marcha contra uso de pensiones
En más del tema, ayer también se anunció una megamarcha contra la inversión de fondos del Instituto de Pensiones en el megaproyecto.

Miembros de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios exigirán que se modifique la Ley de Pensiones para que no se arriesgue el ahorro de los burócratas, según el secretario de la organización, Cuauhtémoc Peña Cortés.

“Vamos a llenar la Plaza Liberación para señalarle al gobierno del estado que o cambia de rumbo o vamos a tener que parar el estado en todas las dependencias públicas”, dijo, respondiendo al líder de la federación mayoritaria, reconocida por el gobierno, Juan Pelayo, quien elogió el sistema de inversión que ha seguido Pensiones.

Se espera que la marcha sea respaldada por trabajadores de los Hospitales Civiles, del Consejo Estatal del Deporte, del Sistecozome y Siteur, así como los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. La fecha de la megamarcha no está definida.

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Conferencia de Lagos vivos

Será el lago de Chapala, miembro de la red mundial de Lagos Vivos y sitio Ramsar como humedal prioritario internacional, la sede de la 13 conferencia de Living Lakes, 20 al 23 de marzo de 2010. La temática del encuentro es Manejo de lagos, desafíos en un mundo cambiante.

Estos encuentros se realizan cada dos años en distintos lugares del mundo donde hay socios de la organización no gubernamental. La idea es abordar en catorce mesas “temas como la cantidad de agua, la calidad de agua, las energías alternas que están, los humedales, las políticas, el turismo, la economía y una serie de temas”, dijo el investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro consejero de Living Lakes, Antonio Gómez Reyna, en una conferencia de prensa convocada en conjunto por la casa de estudios y la fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago.

El foro internacional analizará la gestión adecuada de los lagos y humedales de Ramsar, la convención internacional de humedales que se firmó en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, y a la que México y Australia han sumado la mayor cantidad de embalses naturales o artificiales del planeta.

“Chalacatepec es parte del santuario”

Varios académicos de la red de tortugueros de la UdeG objetan el ordenamiento de Tomatlán. Rodrigo Castellanos difiere del criterio del POEL sobre la playa tortuguera

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 9 de febrero de 2010

Diversos investigadores universitarios difieren del criterio con que definió los linderos del santuario federal de la tortuga marina del playón de Mismaloya el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, de la UdeG, entidad que elaboró el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Tomatlán, dejando fuera del polígono de protección federal a la playa de Chalacatepec.

Esto lo aseguró ayer Rodrigo Castellanos, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la propia casa de estudios. Mencionó a la bióloga Alicia Loeza y al ingeniero Miguel Magaña como otros críticos del proceso, del cual tuvieron conocimiento y participaron, pero sus opiniones “no fueron consideradas”.

“Conocimos el programa cuando estaba en consulta; ateniéndonos a las formas de la Semades [Secretaría de Medio Ambiente, estatal], les dimos a conocer la opinión técnica respecto a los límites del santuario; también en la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] hablé con Alberto Elton [director regional]”, quien coincidió en las objeciones a la decisión DE no considerar Chalacatepec, en cuyas inmediaciones se pretende construir ahora un megaproyecto que ya es conocido como el “nuevo Cancún”.

“Como todo se hacía en el portal de Internet de la Semades [www.semades.jalisco.gob.mx], allí se pusieron comentarios de todos; por ejemplo, el subdirector regional de la Conanp, Martín de la Rosa, hizo aclaraciones sobre los límites del santuario, pero fueron ignorados”, explicó.

—¿Cuál es el argumento contra lo que señala el POEL?

—Los límites del santuario deben ser los establecidos en la coordenados geográficas […] los puntos caen en el mar, es cierto, pero eso se debe a que cuando se hicieron los proyecto de creación de refugios de tortuga, fue a mediados de la década de los setenta, y se llevó diez años el proceso, hasta 1986, cuando se publican los decretos; en esos tiempos no había la precisión de los instrumentos de hoy y las extensiones máximas que marcan las coordenadas pueden caer en mar o tierra, y no ha habido nuevo decreto que haga correcciones”.

Añadió que, sin embargo, los propios decretos son flexibles, pues “si lees en ellos, se declaran refugios donde anida tortuga las playas adyacentes a los sitios marcados […] lo que se hace es proyectar el punto terrestre en línea recta más cercano, y de allí parte el límite del santuario, por eso consideramos que debe integrarse Chalacatepec al santuario”.

Rodrigo Castellanos no cree que el ordenamiento proteja de forma suficiente la playa. “Chalacatepec es parte del santuario. Si lo dejan fuera, indudablemente se va a deteriorar”, pues la presión de los usos económicos será fuerte.

“Por ejemplo, hablan de hacer una marina, pero eso no se permite en ninguna playa protegida, cuatro o cinco millas náuticas frente al santuario”, puso en relieve. El académico dijo que la postura del Departamento de Zonas Costeras, como consultor del POEL, no es la de la Universidad, pues muchos grupos de universitarios se oponen a ese proyecto.

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GPPA y Vera, Carvajal & Sosa opinaron sobre playa protegida

69 kilómetros del decreto están protegidos, aseguran consultores

La Conanp ni aceptó ni rechazó las conclusiones de los despachos.

La polémica en torno al polígono protegido para desove de tortuga marina en el playón de Mismaloya, el santuario de quelonios más largo de México, fue alimentada por el trabajo de un par de consultores que contrató, durante el proceso del ordenamiento ecológico local, el Ayuntamiento de Tomatlán, así como las ambigüedades de la autoridad federal.

La conclusión de los consultores es que entre Roca Negra al sur, e Ipala al norte, la distancia es de 69 kilómetros, tal y como lo establece el decreto de 1986, lo que ampararía toda la longitud del santuario federal, separando del mismo la playa de Chalacatepec, de doce kilómetros de longitud, tradicionalmente integrada al trabajo de protección y que alberga incluso un campamento para proteger a los reptiles en vías de extinción.

Esto lleva a fuertes diferencias con investigadores de la UdeG, que defienden la inclusión de Chalacatepec en el santuario (ver nota contigua), aunque la misma Universidad, por medio del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, responsable del ordenamiento local, estableció los límites del santuario al norte de Chalacatepec (Público, 8 de febrero de 2010).

El documento es de los consultores GPPA, Consultores en Gestión, Política y Planificación Ambiental (www.gppa.com.mx), y de VC&S, Vera, Carvajal & Sosa, Derecho, Ambiente y Sociedad (www.vc.com.mx).

¿Qué concluyeron? Que “el sitio conocido como Punta Ipala corresponde al punto [sic] ubicado en las coordenadas 20°13’15” de latitud norte y 105°32’48” de longitud oeste”, es el norte del santuario.

“El sitio conocido como Punta Roca Negra [Peñitas], corresponde al punto ubicado en las coordenadas 19°46’ 01.18” de latitud norte y 105° 19’ 46.85” de latitud oeste”, es el lindero sur.

Esto, porque “la distancia entre estos dos sitios es del orden de los 69 kilómetros lineales […] la zona descrita como Santuario de la Tortuga Marina Playa de Mismaloya, decretada por la Secretaría de Pesca, el 29 de octubre de 1986, se encuentra ubicada entre las zonas antes mencionadas”.

El documento fue entregado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que emitió una respuesta en el oficio F00.DROPC.1557, la cual ni acepta ni rechaza la información.

“…En cuanto a los límites del polígono, se consideraron las referencias geográficas cercanas más importantes verificadas en elementos cartográficos, en este caso, Ipala y Roca Negra […] las atribuciones para la administración, manejo e inspección y vigilancia de las zonas costeras del país, incluida la zona federal marítimo-terrestre, corresponden a la federación […] además del decreto, existe veda permanente a nivel nacional, del 31 de mayo de 1990, cuya finalidad ha sido la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina…”.

Ningún sí o no. Hasta que salió el ordenamiento. Y reclamaron.

Controversia por presunto recorte al santuario de tortugas

En la zona fronteriza con los terrenos del megadesarrollo conocido como “nuevo Cancún”. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas denuncia que en el ordenamiento “se comieron” doce kilómetros del Santuario; la UdeG lo niega y dice que se respetó lo marcado en las normas.

Guadalajara. Sergio Hernández / Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 8 de febrero de 2010

El nuevo ordenamiento ecológico territorial del municipio de Tomatlán, publicado en la Gaceta Municipal en diciembre del 2009, no considera como zona de conservación doce kilómetros de playa en el extremo sur del Santuario Playa de Mismaloya, el área de desove de tortuga marina más largo del país, de 69 kilómetros, decretado como tal el 29 de octubre de 1986 por el Presidente Miguel de la Madrid.

Esta omisión fue denunciada por el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Alberto Elton Benhumea, y casualmente se da en la zona costera donde se edificará el “nuevo Cancún” jalisciense, un megaproyecto en el área de Chalacatepec que fue tempranamente bautizado por el gobernador Emilio González Márquez, proyecto en el que invierten recursos tanto el Instituto de Pensiones del Estado como la empresa privada Rasaland.

La Conanp, prepara la defensa del Santuario y solicitará oficialmente, tanto al Ayuntamiento de Tomatlán como a la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco (Semades), que corrijan la situación.

Elton Benhumea aceptó que desde su creación el Santuario Playa de Mismaloya tiene problemas de ubicación, ya que las coordenadas que aparecen en el Diario Oficial de la Federación caen en el mar, pero argumenta que el espíritu del decreto es la protección de la zona de desove de tortuga marina, que por razones obvias es el área de playa, que además es propiedad de la federación.

“Vamos a mandar un escrito con el plano oficial del Santuario. De hecho nosotros mandamos antes de esto una opinión al municipio de Tomatlán diciéndole que interpretar textualmente el Decreto no es válido. Geográficamente si ubicas los puntos caen en el mar y toponímicamente hay muchas discrepancias y entonces realmente se va uno al espíritu del Decreto que es proteger la playa de anidación, de tal punto a tal punto, que es lo que se ha hecho”, señaló el funcionario.

“Entonces sí se están comiendo doce kilómetros de Santuario con el nuevo ordenamiento, están recortándole a la longitud en la zona sur, lo que es punta Chalacatepec”.

El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto Enkerlin Hoeflich, no ocultó su preocupación por el proyecto que impulsa el gobierno del estado en Costalegre.

“Nosotros estamos por enviar un comunicado al gobierno estatal para que se tome en cuenta el polígono del Santuario, no sólo como polígono sino también por las posibles afectaciones a una distancia que pudiese haber, y creo que hay que esperar, ahorita me parece que hay mucha especulación”, dijo en entrevista.

“Lo que sí te puedo decir es que en el pasado hemos tenido una buena respuesta en cuanto se han emitido condicionamientos o cuando en algún caso incluso se han prohibido cierto tipo de actividades en áreas protegidas, entonces hay que ser optimistas de que el sistema va a funcionar como ha venido funcionando recientemente”.

Agregó que hay una inercia en la percepción social de que no hay respeto alguno por las áreas protegidas.

“Desgraciadamente en algunas partes del país tal vez hace diez, doce o quince años que las áreas protegidas nadie las respetaba, y dejaron todavía una inercia de desconfianza. No conozco el proyecto al detalle, en cuanto conozca el proyecto al detalle emitiré una opinión al respecto pero como quiera la Conanp en tanto son peras o manzanas estamos preparando un comunicado para que tengan conciencia que hay un Santuario que es un patrimonio también de los jaliscienses, no sólo del país y que cualquier desarrollo sea respetuoso de estos”.

Señaló que la zona de playa donde desovan las tortugas no debe ser concesionada para fines particulares.

“Si ellos para otras partes quisieran una concesión de la zona federal que la soliciten, pero para el Santuario se quedará a favor de la conservación. En dado caso que haya un desarrollo turístico, será un activo el asegurar a perpetuidad que ahí se va a mantener ese Santuario. Hay que recordar que los desarrollos turísticos que hoy en día en el mundo están teniendo éxito son los que están garantizando que el ambiente se conserve en el largo plazo. Desarrollos que no tienen esa visión de largo plazo son como flor de un rato, tienen de repente un despegue, alguien vende terrenos y hace mucho dinero y luego se desploman y eso no es lo que queremos en México”, puntualizó.

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La Conanp no ha sido diligente en aclarar el tema: investigador

“Se respetó el ordenamiento de 1999”, responde la UdeG

Los problemas de linderos del Santuario de Mismaloya emanan del propio decreto que protegió la zona en 1986. Pero el ordenamiento ecológico recién aprobado en Tomatlán no empeoró esa situación: respetó lo que marcaba el ordenamiento regional de la costa, de 1999, justamente 69 kilómetros de protección entre Roca Negra o Peñitas, al sur, e Ipala, al norte, advierte el jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara, Francisco de Asís Silva Bátiz.

Este departamento universitario fue el que elaboró el ordenamiento municipal, en su momento aprobado por los sectores sociales y productivos, con la autorización de las secretarías federal y estatal de medio ambiente –Semarnat y Semades, respectivamente-.

“Dada la situación de incertidumbre con relación a los límites del Santuario Playa de Mismaloya, las autoridades ambientales responsables de la aprobación y autorización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán, en acuerdo con el ayuntamiento, decidieron tomar el límite sur del Santuario el punto que se indica el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Alegre, que entró en vigencia en 1999, es decir Punta Roca Negra. En este sentido, la Universidad de Guadalajara, que elaboró el documento técnico del POEL, se limitó a seguir las instrucciones de las autoridades”, señala en un texto aclaratorio elaborado a solicitud de Público.

“La controversia acerca de los límites del Santuario proviene desde el decreto presidencial, en el cual se mencionan unas coordenadas geográficas que se ubican en el mar territorial, unos doce kilómetros al sur de la referencia geográfica mencionada en el decreto, es decir, Roca Negra [...] este problema también se presenta en el límite norte del Santuario, en el cual las coordenadas geográficas también se ubican en el mar territorial, y la referencia geográfica es el poblado conocido como Ipala, Cabo Corrientes”.

Estas dificultades obligaron a tomar decisiones pragmáticas desde el ordenamiento regional del decenio de los años noventa.

“En la ventana prioritaria del POET-Regional vigente desde 1999, se señala a Punta Roca Negra (Peñitas) como el límite sur del Santuario Playa de Mismaloya, y así queda indicada en la ventana prioritaria con escala 1:50,000, indicando que el uso predominante es conservación (Área Natural Protegida –ANP-). Al sur de Punta Roca Negra, el POET-Regional indica que se trata de unidades de gestión ambiental (UGA) con uso predominante turístico. Es importante mencionar que en el POEL se respeta lo que menciona el POET-Regional en cuanto a los usos de estas UGA, es decir, en los terrenos contiguos al Santuario el uso predominante es conservación, y al sur del Santuario el uso predominante es turismo”.

Así, “lo que hizo el POEL en estas UGA turísticas fue limitar el aprovechamiento a través de criterios ecológicos que no existían en el POET-Regional. Parece ser que ante la incertidumbre de las coordenadas geográficas del decreto, y considerando que el POET-Regional ha estado en uso por los habitantes locales y propietarios de terrenos contiguos a la zona federal marítimo terrestre, se optó por tomar este mismo límite para el POEL de Tomatlán”.

Es decir, el último ordenamiento no modificó la situación ni mucho menos generó riesgos mayores para el santuario tortuguero, enfatiza Silva Bátiz.

No conforme con esto, el Ayuntamiento de Tomatlán “en un gran esfuerzo por aclarar con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) los límites sur y norte del Santuario, dado que se estaba elaborando el POEL del municipio y se consideraba importante tener certeza sobre los mismos; encargó a una consultoría externa la elaboración de un estudio técnico jurídico mismo que remitió a la Conanp para su evaluación y respuesta”. Dicho análisis parte de tres aspectos: la longitud de 69 kilómetros del santuario, los paralelos de Ipala y Roca Negra y las coordenadas geográficas que marca el decreto.

“Después de haber analizado técnicamente la congruencia entre estos tres indicadores […] se procedió a realizar el levantamiento topográfico en campo, mismo que se entregó a la Conanp, arrojando como conclusión que si se toman las referencias geográficas de los sitios mencionados en el decreto, la longitud de la playa, siguiendo la línea de costa y con el levantamiento topográfico en campo, es de 69 km, tal y como lo señala el decreto presidencial. Los resultados de este estudio fue otro de los elementos considerados para la toma de las decisiones de lo límites del Santuario en el POEL de Tomatlán”.

La respuesta de la Conanp, añade el investigador, fue ambigua y no permitió concluir la incertidumbre.

No obstante, insiste que el POEL crea un marco de protección a los sitio de anidación incluso en zonas donde no está vigente en santuario (Público, 1 de febrero de 2010). Además, es sólo un primer filtro, pues la autoridad ambiental debe revisar proyectos específicos a través de las manifestaciones de impacto ambiental, lo cual crea un marco de certidumbre para sostener el santuario y su principal objetivo: salvar de la extinción a cuatro especies de tortuga marina.

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Buenos ojos

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, no ve con malos ojos el proyecto turístico sobre mil 200 hectáreas en la costa de Tomatlán, y pide mesura a los comentarios que pudieran surgir sobre el mismo.

“Una cosa es la adquisición de tierras y otra cosa es el proyecto, porque si bien es cierto que adquirieron tierras donde está el polígono (de protección de la tortuga marina), también puede ser cierto que esa zona la puedan dejar para conservación, aunque sea de su propiedad. Entonces en tanto no se tenga un proyecto definido no podemos dar una opinión en contra de, y creo esa parte debemos tenerla claro”, indicó el funcionario.

“Hay un interés y hay una intención más sin embargo no es un proyecto definido y el proyecto que propongan pudiera estar considerando todos estos elementos (de la existencia del Santuario), y lo que sí, es importante señalarlos desde ahorita para que en el planteamiento que se haga lo tomen en consideración”.

El nuevo Proárbol busca atender todos los municipios

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 8 de febrero de 2010

Jalisco, un estado de vocación forestal aunque con escasa aportación del sector a la economía nacional, será objetivo de hasta 26 programas distintos que existen en el marco del ProÁrbol, con énfasis en reducir la extracción ilegal de madera, aumentar su producción en esquemas sustentables, fortalecer la silvicultura comunitaria y los mercados de servicios ambientales.

Para el efecto, quedó abierta la convocatoria 2010 desde el pasado 4 de enero. Un total de cinco millones 644,592 hectáreas, poco más de 70 por ciento de la superficie de la entidad, es considerada “área de elegibilidad”, con lo que todas las zonas forestales de Jalisco están consideradas para al menos un concepto de los 26 que ofrece ProÁrbol, informó la gerencia de la región VIII, Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Al menos como posibilidad, productores de los 125 municipios de la entidad pueden acceder a esos apoyos.

El presupuesto nacional de la Conafor es de 5,500 millones de pesos, “el cual tiene como principal objetivo el mejorar los mecanismos para orientar la oferta institucional y los recursos disponibles a áreas de elegibilidad, con criterios técnicos, ambientales y sociales, utilizando información georreferida a fuentes oficiales, institucionales, académicas y de investigación, así como en el conocimiento y experiencia locales”, añadió la dependencia.

Este año, ProÁrbol reduce sus categorías de apoyo. A través de las reglas de operación se atenderán tres grandes categorías: desarrollo forestal, conservación y restauración, y competitividad; también se darán apoyos para estufas ahorradoras de leña, tratamientos fitosanitarios, proyectos de turismo de naturaleza y capacitación y transferencia de tecnología.

La focalización de los apoyos busca respaldar proyectos integrales y mejorar zonas compactas, para que el beneficio sea mayor. Los interesados deben presentar sus solicitudes antes del 25 de febrero para los conceptos de reforestación y suelos; antes del 16 de marzo para la categoría de servicios ambientales y antes del 30 de marzo para las categorías de desarrollo forestal y competitividad.

Las ventanillas receptoras de solicitudes son la propia Gerencia Regional. Ubicada en Vallarta 6503, plaza Concentro, o en las promotorías forestales de Colotlán, Tomatlán, Ciudad Guzmán, Mascota o El Grullo. Más informes en el teléfono 01 (800) 737 0000.

SOBRE EL FINAL DE LA DÉCADA

La cuenta de los años II

Defensor del lector

Juan Carlos Núñez Bustillo
2010-02-07• PÚBLICO-MILENIO

Agustín del Castillo, reportero de Público, me envió su opinión en torno a la columna que publiqué hace tres semanas. En ese texto presenté un correo del lector Francisco Arvizu a propósito del uso de la palabra “década” en una serie que apareció el 27 de diciembre pasado. “No son personajes de una década, terminará en 2010. Para colmos, ahora se viene otra vez eso de llamar década a año terminado en número 9, cuando el sentido común, y la Real Academia Española (RAE) prescriben el terminado en cero, con inicio en año en 1”.

En ese texto presenté los argumentos de la RAE, del Libro de estilo de El País y de José G. Moreno de Alba, que los llevan a coincidir en que las décadas de cada siglo comienzan en un año acabado en 1 y terminan en un año acabado en 0, aunque Moreno advierte: “Todo depende del año en que queramos comenzar a contar”.

Del Castillo opina: “La versión de que los siglos y las décadas comienzan en los años ‘uno’ no es algo universalmente aceptado, aun si la RAE define así las cosas —empecemos por destacar que esa entidad no es ni academia de ciencias ni de matemáticas, y sabemos que las lenguas son históricas, y por ende, relativas—.

“Los remito a la lectura del libro Milenio, de Stephen Jay Gould. Este excelente divulgador científico aborda el debate de si el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2000 o el 1 de enero de 2001, y para nuestro cuento, tiene plena validez: ‘me complace informar que debemos nuestras dificultades infernales [...] a un monje llamado Dionysius Exiguus o (literalmente) Dionisio el Bajo. Habiéndose ordenado preparar una cronología para el papa san Juan I, el Pequeño Dionisio decidió empezar los años contables con la fundación de Roma. Pero, equilibrando pulcramente sus lealtades seglar y sagrada, Dionisio volvió a dividir el tiempo en el momento de la aparición de Cristo. Computó el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, hacia el final del año 753 a.u.c (ab urbe condita, o ‘desde la fundación de la ciudad’, es decir, Roma). A continuación, Dionisio hizo que el tiempo empezase de nuevo unos pocos días después, el 1 de enero de 754 a.u.c (no el nacimiento de Cristo, sino la Fiesta de la Circuncisión en su octavo día de vida, y asimismo, y no fortuitamente, el día del Año Nuevo en los calendarios romano y cristiano latino).

“Sigue: ‘El legado de Dionisio no ha hecho otra cosa que proporcionar problemas. En primer lugar, ni siquiera acertó en la fecha, porque Herodes murió en el año 750 a.u.c. Por tanto, si Jesús y Herodes coincidieron en el tiempo (y habría que revisar drásticamente los evangelios si no fue así), entonces Jesús debió nacer el año 4 aC, o antes... ¡lo que le confiere al propietario del título del tiempo algunos años de vida con anterioridad a su propia era! (a mí, en todo caso, me gusta el oxímoron: Jesús nació al menos cuatro años antes de Cristo...).

“Más adelante: ‘Pero el error de Dionisio en la fecha del nacimiento de Jesús es sólo un mero pecadillo si se compara con las consecuencias de su segunda decisión equivocada. Hizo que el tiempo comenzase el 1 de enero de 754 a.u.c. y llamó a esa fecha 1 de enero del año 1 aD (anno Domini o año del Señor)... no el año cero —lo que, visto desde el presente, nos hubiera ahorrado muchísimos problemas. En resumen, Dionisio olvidó empezar el tiempo por el año cero, con lo que dio al traste con todas nuestras nociones usuales de cálculo. Durante el año en el que Jesús tenía un año de edad, el sistema de tiempo que supuestamente empezó con su nacimiento tenía dos años de edad (los niños tienen cero años hasta su primer aniversario; el tiempo moderno ya tenía un año de edad en su mismo inicio)...’. Hasta aquí la cita.

“Una de las explicaciones que da el ilustre científico sobre la omisión del año 0 es que en el siglo VI esa noción no existía en los monasterios, pues los árabes y los hindúes la empezaron a usar hasta el siglo VIII.

“Es decir, si el calendario hubiera empezado en año 0, como lo dictan las matemáticas elementales, lo natural es que celebráramos la década, el fin de siglo y de milenio con año en 0. Pero la realidad es que hay dos posturas: la de quienes se ciñen a un error de cálculo que se convirtió en verdad histórica —y por ende, asumiendo su relatividad—, y dicen que la década empieza en 1, o a quienes se ciñen a la lógica matemática y empiezan las décadas en 0.

“Finalmente, cito otro pasaje del libro de Stephen Jay Gould: ‘¿Me pregunta el lector de qué lado estoy? Bien, desde luego públicamente no tomo ninguna posición porque, como acabo de afirmar, la cuestión es irresoluble: cada bando posee un razonamiento absolutamente consistente dentro de confines de sistemas diferentes, pero igualmente defendibles. Pero en privado, sólo entre el lector y yo, bien, permítaseme plantearlo de esta manera: conozco a un joven con graves limitaciones cognitivas como resultado de discapacidades mentales de nacimiento, pero que resulta ser un prodigio en el cálculo de fechas (puede, de manera instantánea, decir el día de la semana para cualquier fecha, situada a miles de años en el pasado o en el futuro). Está perfectamente al tanto del gran debate del siglo, pues nada podría interesarle más. Recientemente le pregunté si el milenio llega el 2000 o el 2001, y me contestó sin dudarlo: el 2000 la primera década sólo tuvo nueve años”.

Creo que la conclusión ha sido expuesta ya por Moreno (“todo depende del año en que queramos comenzar a contar”), Stephen Jay Gould (la cuestión es irresoluble: cada bando posee un razonamiento absolutamente consistente) y Del Castillo (“Hay dos posturas: la de quienes se ciñen a un error de cálculo que se convirtió en verdad histórica […] o a quienes se ciñen a la lógica matemática”).

Me parece que el periódico debe definir y explicitar cuál criterio hace suyo; el lógico matemático que sostiene la Real Academia Española y que utiliza El País o el que asume el “error de cálculo” y la “década” de nueve años.

defensor.gdl@milenio.com