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FOTO: LALIS JIMÉNEZENTREVISTA con Pedro Arrojo Agudo, experto en temas de agua de la Universidad de Zaragoza
La privatización de un servicio que es un "monopolio natural" ha sido uno de los errores más grandes de los gobiernos de México, advierte el ganador del premio Goldman 2003, crítico de las gestiones del agua en muchas naciones del mundo.
Por Agustín del Castillo. REVISTA MAGIS, ITESO. Diciembre de 2009
El servicio de agua potable es un “monopolio natural” que aspira a la atención universal de una población, en el marco de sus derechos humanos y ciudadanos.
Estas condiciones, aunque imprescindibles para que los servicios públicos existan, impiden que funcionen bien si son privatizados, reflexiona el español Pedro Arrojo Agudo, premio Goldman 2003, pues el mercado busca clientes, discrimina en favor del que tiene capacidad de compra y sólo desarrolla sus mejores posibilidades de precio y calidad en un contexto de “libre competencia” en el que el consumidor tiene opciones para escoger.
Al hablar de “los límites del mercado” y explicar por qué un esquema así no puede funcionar en la prestación de servicios básicos, este nativo de Madrid, pero asentado en Zaragoza, no cae en la tentación del fácil expediente que condena la privatización a priori: se permite detallar las razones por las que, en algunas cosas, el mercado puede ser operativo y generar grandes beneficios, mientras en otras produce un perjuicio grave a los derechos de las mayorías: no todo puede ser negocio.
Arrojo también acepta el reto de plantear una estructura que permita a los organismos operadores tener sustentabilidad financiera y ser garantes de los derechos colectivos. Esto pasa por el análisis de tres clases de prestación del servicio: como derecho humano, debe ser gratuito; como derecho ciudadano, debe pagarse para absorver los costos de producción y distribución; y como negocio, en el que el agua ha de asumir el valor de una materia prima que genera riqueza y que al cobrarse sostiene las dos primeras clases de la prestación del servicio (véase recuadro anexo).
Pedro Arrojo Agudo confiesa sentirse a gusto en México, aunque sus declaraciones a la prensa y sus intervenciones en debates públicos sean “baldazos de agua fría” contra los gestores de la privatización (muchos de ellos, sus anfitriones). No olvida el modo en que dejó sin respuesta a los responsables de Aguas de Saltillo, prestadora privada del servicio de agua en la capital de Coahuila, cuando le explicaron lo comunes que son los “tandeos” o cortes de suministro en las ciudades mexicanas. “Si cortan el agua, entonces no están ofreciendo agua potable”, les dijo, tajante.
Tampoco gustan sus apreciaciones sobre los megaproyectos de infraestructura, como las presas de Arcediano y de El Zapotillo, en Jalisco. Dice que desplazar poblaciones e inundar poblados sólo lo hacen gobiernos autoritarios, como China. “Y México es otro”, dice con un leve dejo de ironía.
Las tres crisis del agua
Los problemas mexicanos con el agua son fiel reflejo de una crisis mundial: “Lo que hoy se califica como la crisis de la gestión del agua en el mundo es en realidad la convergencia de tres grandes fallas o crisis: la insustentabilidad de los ecosistemas acuáticos; la inequidad con pobreza, y la crisis de gobernabilidad democrática de los servicios básicos […] Se dan en todos los países del mundo con sus matices y peculiaridades”.Arrojo explica que el modelo dominante que se impone prácticamente en casi todo el mundo es el “estructuralismo hidráulico”, un sistema que construye grandes obras de ingeniería para represar los ríos y canalizarlos, y que está “basado en el paradigma de dominación de la naturaleza”.
- Un paradigma realmente antiguo…
- Sí, viene desde muy atrás: en este caso, la idea de dominar los ríos para ponerlos al servicio del desarrollo económico y social; es fruto de una época que emerge con fuerza en la medida que se generan los medios técnicos para dominar grandes masas de agua. En el siglo XVIII se plantan estas bases con la Ilustración francesa y sus grandes canales, a finales del XIX y principios del XX, con las grandes presas, y ya a mediados del siglo XX con el hormigón armado y la posibilidad de dominar ríos de gran envergadura: lo que se aplica como gran política del agua es la construcción de grandes presas, de grandes trasvases para dominar los ríos. Y claro, eso produce sus beneficios y sus impactos. Así se generan las bases de la crisis hidrológica del siglo XX, que es la quiebra generalizada de los ecosistemas acuáticos, no sólo como resultado de las infraestructuras sino de todo lo que conlleva: extracciones abusivas de agua, contaminación sistemática y masiva con vertidos de todo tipo: urbanos, tóxicos, de industrias, de minería a cielo abierto. Esto no nos lleva a que se acabe el agua, como dicen desde hace años —no hay menos agua, el planeta es azul, es de agua—; el problema es que antes podías beber con cierta tranquilidad y, en este momento, o te envenenas o te enfermas. Hemos quebrado la salud de los ríos.
Primero han muerto ranas y peces; luego se han enfermado y muerto las comunidades más pobres y, dentro de ellas, los niños, que son los más susceptibles de enfermar y morir. Tenemos 5,000 muertes diarias; 1,100 millones de personas sin acceso al agua potable. Y no es por falta de agua, sino por falta de agua potable.
Ante la realidad de saberla cada vez más escasa, y por otro lado imprescindible para vivir, se presenta la tentación de transformarla en un negocio. Las políticas del Banco Mundial, que es una institución pública, y las presiones de los grandes grupos internacionales para la gestión de aguas van un poco en la línea de decir: “Hasta ahora hemos considerado al agua pública, pero esa gestión pública es ineficiente, es corrupta; hagamos intervenir a los mercados, transformemos el servicio público en un mercado y esa libertad de mercado nos llevará a un uso eficiente y competitivo de recursos cada vez más escasos”. Es un gran error: luego viene la crisis de gobernanza, que transforma a los ciudadanos en clientes…
- ¿Esta tendencia implica la miopía de los gobiernos?
- Sin duda alguna. Otra cosa es que el negocio sea miope; el mercado siempre funciona en el corto plazo, lo que ocurra después será problema de otro. En este sentido, los mercados son una mala herramienta para gobernar los principios del recurso sustentable, porque el mercado no se responsabiliza de lo que ocurra con las generaciones siguientes. El problema es que cuando privatizan el servicio de agua y saneamiento o la enseñanza pública, es decir, servicios vinculados a derechos humanos o derechos ciudadanos que deben ser de acceso universal, el mercado es una mala herramienta, porque no ofrece servicios de acceso universal sino servicios a quien paga, a sus clientes.
No se trata de que el mercado sea malo, sino que es inapropiado. El agua que llega por tu red urbana no tienes opción de tomarla o no tomarla. Te ponen un contador y tienes que pagarla. No hay competencia. Quien asuma ese negocio va a hacer siempre un buen negocio.
-¿No hay una premisa en el sector gubernamental para hacer a un lado su responsabilidad y transferirla a los privados?
- Me decían hace unos días, no recuerdo en qué estado: “Vamos a tener que privatizar, porque si no todo es una ruina, y si usted dice lo contrario como alcalde o gobernador, pues fuera, es usted un incompetente”. Les dije: “Si ante un monopolio natural usted dice que no se puede mantener, pues usted es un perfecto incompetente. Váyase y deje trabajar a otros”.
Hay situaciones generales que están llevando a que un alcalde de buena voluntad, pero de no muy buena formación o buen criterio, empuje para privatizar los servicios de agua y saneamiento. Pero también hay alcaldes con fuerza política, bien concientes, que han estructurado la política como negocio. Tras las presiones del Banco Mundial y del modelo de globalización que hoy está en una crisis financiera, viene a teorizarse que el agua, al ser un bien escaso, útil y además imprescindible, se puede administrar a través de mercados. Y así se desencadena todo el proceso.
Fue la gran discusión en el Parlamento Europeo: si [el agua] es un servicio económico —como la telefonía, la aviación civil, o la venta de autos— o un servicio básico de interés general, un servicio público. En el primer caso, si quieres tener un automóvil y me lo pagas, yo te doy ese automóvil. Eso el mercado lo sabe hacer muy bien, y si lo abrimos a la libre competencia y vigilamos que se haga bien, para que haya precios más eficientes y calidad, es bueno. Pero en el caso del agua lo que tenemos es un servicio de interés general, que pretendemos que sea de acceso universal porque es un derecho humano o de ciudadanía, donde yo tengo que dar un servicio y tengo que organizarlo para que aquel que no pueda pagar lo reciba igual que quien tiene más dinero.
Visto al revés, sería como vender un coche por derecho de ciudadanía: quiero un Mercedes Benz, y como es un derecho universal, el Estado paga los Mercedes Benz. ¿No tiene lógica, verdad?
Parece que se quisiera desprestigiar todo lo público para justificar que se privatice…Así es. No porque la enseñanza sea pública es mala. Se puede hacer todo lo pertinente para que esa educación sea peor y te tengas que ir a un colegio privado (y si no tienes dinero pues peor para ti). Los municipios en todo el mundo han tenido una situación de cada vez menos recursos para lo básico y fundamental. En esta situación de anorexia financiera, te llaman a la puerta y aparece Aguas de Barcelona, o una de las grandes empresas multinacionales de agua y te ofrece comprar el servicio. Con el dinero que el municipio hacía dos parques puede terminar cuatro calles, y gana las siguientes elecciones. Incluso ese modelo con alcaldes bien intencionados —suponiendo que no haya corrupción y que parte de ese dinero no termine en el bolsillo de alguien— significa estrechar las capacidades económicas de la función pública. Si el municipio dice que no es rentable, ¿por qué sí es rentable para la iniciativa privada? ¿Qué pasa? ¿Ellos son listos y usted es tonto? En los países donde hay mejores servicios públicos de agua, como Holanda, Suecia, Suiza, son todas empresas municipales y públicas. ¿O será que los holandeses son más listos que los mexicanos?
Yo creo que no. El problema es cómo se organiza la función pública, la democracia, el control de los servicios públicos por parte de la ciudadanía. El debate no es si es público o privado, sino público-corrupto, público-democrático o público-participativo. Es como si tenemos una policía corrupta: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Privatizarla? Si tenemos en el país un ejército golpista, ¿debemos privatizar al ejército?
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Pagar por el agua según el uso
A Pedro Arrojo Agudo le sorprende el debate privatizador del agua. “Cuando escucho al Banco Mundial decir que el abasto mínimo de agua es un reto financiero enormemente difícil, digo ‘No tenemos vergüenza’. Estamos hablando de garantizar 30 litros de agua potable por persona al día, como dice Naciones Unidas. Esto es sólo uno por ciento del agua potable que estamos usando como sociedad. Ningún río se seca porque le quitemos uno por ciento del agua. Es un problema de voluntad política, no debemos confundirnos”.
Arrojo sostiene que un servicio público eficiente y bien capacitado tiene todas las herramientas para garantizar el servicio de agua como derecho y la sostenibilidad económica del organismo operador. Su propuesta consiste en distinguir tres clases de consumo:
El agua como derecho humano En el primer nivel, el agua mínima para la supervivencia (30 litros de agua potable al día, según Naciones Unidas) debe ser gratuita: “¿Cree que es razonable que en los barrios pobres de la ciudad de Guadalajara no tengan agua en casa? Pues no es razonable, no es justo, nos sentiríamos mal en una ciudad que permite esto, y hay que actuar”.
“Esos 30 litros diarios por persona serían la fuente pública gratuita. Nadie se llevará más de 30 litros diarios para luego llenar un jacuzzi”.
El agua como derecho ciudadano “El lavavajillas probablemente no es un derecho humano […] pero hay que considerarlo como un derecho ciudadano”, dice Arrojo. “Los derechos ciudadanos, a diferencia de los derechos humanos, están vinculados a deberes: a ti te vamos a llevar el agua a casa, pero si tú la malgastas o dejas el grifo abierto y sales con que eres un ciudadano y tienes derecho, pues no has entendido nada”.
La propuesta: poner un contador en la puerta. “Los 30 primeros litros son gratis; los cien siguientes los vas a pagar en lo que la comunidad considera razonable para poder financiar el servicio que te estamos ofreciendo. Los cien siguientes son ya un lujo y los vas a pagar al doble, y los cien siguientes para la piscina los vas a pagar cinco veces más caros. Con lo que pagues extra, vamos a cubrir el servicio básico de los que no pueden”.
El agua como negocio “Todos tienen el derecho a ser más ricos, pero no es un derecho humano y ciudadano. No podemos poner por delante la prioridad de hacer más rico al que es ya rico, sobre la sostenibilidad de los ecosistemas. No podemos seguir contaminando en nombre de la economía, o sea, usted para ser más rico me está envenenando, y eso no es lícito, es un orden cambiado”.
“En este nivel, el agua debe ser gestionada en una lógica económica en la que haya un principio de recuperación de los costos de parte del Estado. Esa agua debe ser pagada como una materia prima para costear la totalidad del sistema. Así sucede en los países más desarrollados, y se han garantizado organismos públicos eficientes y agua de alta calidad”.
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