miércoles, 2 de noviembre de 2016

Imeplan retrasa un año la aprobación del PDM



Tras semanas de cuestionamientos de la sociedad civil por consulta del programa, y tras las críticas vertidas en Quito por ciudades secuestradas por poderes facticos, reculan en las prisas

Agustín del Castillo / Guadalajara.MILENIO JALISCO.

No medió alguna autocrítica por el trabajo acelerado del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) para generar instrumentos que deberán regir el presente y el futuro del área metropolitana de Guadalajara, al menos en los siguientes 30 años.

Pero en los hechos, los integrantes de la junta de coordinación metropolitana, nueve presidentes municipales y el gobernador de Jalisco, reconocieron el valor de las críticas desde la sociedad civil por los procesos que pretenden dotar de esos instrumentos este mismo año. Y decidieron darles marcha atrás.

En la misma reunión del pasado lunes 31 de octubre, donde se votó la nueva Agencia de Seguridad Metropolitana, se tomó protesta al nuevo Consejo Ciudadano Metropolitano, y asumió como nuevo presidente de la junta el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cuevas, los miembros de la junta votaron la “nueva ruta de planeación participativa” del Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM). El escenario inicial de ver publicado ese documento a finales de 2016 ha sido borrado. ¿Qué sucedió?

Como no hubo una formal crítica a lo desarrollado hasta la fecha por el Imeplan, sólo se puede aludir a dos contextos que pudieron motivar la decisión: las fuertes críticas desplegadas contra el proceso de consulta pública, en el cual apenas se tomó el parecer de ,500 personas que no sólo son cantidad ínfima en relación con casi 4.7 millones de habitantes de la conurbación, sino que no se representan más que a sí mismos. Grupos de la sociedad civil que han cuestionado estos esquemas de participación, señalaron desde hace meses lo precario que es sustentar en esa cantidad de opiniones una consulta obligatoria, que por otro lado, era defendida por la parte institucional debido a que las leyes federales, estatales y municipales de participación ciudadana no establecen ningún esquema mínimo (MILENIO JALISCO, 5 y 6 de octubre de 2016)

El otro contexto es directamente la reunión de Hábitat II en Quito, Ecuador; allí, se trabaron fuertes debates sobre el “secuestro” de las ciudades por las clases dirigentes, económicas y políticas, en detrimento de la mayoría de los ciudadanos, un problema que sólo se puede resolver si se regresa el poder de la planeación a esas mayorías. Y por si fuera poco, la ciudad de las élites, neoliberal, no presenta buenas cuentas sociales tras 25 años de reinar en el mundo: la desigualdad creció en todas partes. En Guadalajara misma, los logros de 20 años se desplomaron en 2010 (ver ediciones de 17 a 21 de octubre de 2016)

Lo cierto es que los presidentes municipales, encabezados hasta anteayer por el alcalde tapatío Enrique Alfaro, y el gobernador Aristóteles Sandoval, votar a favor de una propuesta resumida en un cuadro proyectado en la reunión: la “nueva agenda PDM” se llevará los meses de noviembre y diciembre con la “construcción colaborativa del método” de consulta; entre enero y junio de 2017 se realizarán los contactos con la sociedad bajo esas bases definidas; entre julio y agosto se integrará la versión 3.0 (ya existen dos previas del proceso enmendado); habrá una consulta pública de validación entre septiembre y octubre de 2017; en noviembre es la aprobación en los ayuntamientos, y el mes de diciembre es para publicar y registrar el documento.

Esto no resuelve todas las críticas, pero es un avance. Los colectivos sociales insisten en los defectos serios del documento previo, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), donde muchos de los grupos económicos interesados en la expansión de la ciudad lograron colar sus prioridades. El debate, así, continuará, pero hay una insuficiente aunque buena señal institucional

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2 pendientes

Reabrir el POTmet, realinearlo a los ordenamientos ambientales y a las capacidades reales de abasto de agua y de posibilidades de servicios, y ajustarlo a lo que el atlas de riesgo (resiliencia) determine

Construir y publicar el atlas de riesgos para que el ordenamiento del territorio tenga un sentido

SRN

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