El Instituto Mexicano del Petróleo sólo considera 3.8 por ciento de reducción, pero el INECC y el gobierno estatal van de 12 a 17 por ciento; académico de la Universidad de Guadalajara señala apenas 2 por ciento.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La utilidad directa del Programa de Verificación en término de la reducción de emisiones es problemática: organismos prestigiados divergen sobre lo que se puede esperar por parte del ciudadano, que deberá erogar 420 pesos por cada prueba, además de una inversión constante en mantener su automóvil en condiciones óptimas.
Mientras el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) considera posible una reducción hasta de 14 por ciento en algunos componentes, el Instituto Mexicano del Petróleo fue más modesto en sus cálculos para Guadalajara, y la fijó en 3.8 por ciento. El gobierno del estado considera que podría remontarse 17 por ciento del problema, pero establece en la iniciativa aprobada por los diputados, dos aspectos del programa a cumplir: la verificación misma, y un intenso programa de cambio de tecnología de combustión (convertidores catalíticos), de la que carecen unos 400 mil autos, o que tienen pero ya se encuentra obsoleta (de medio millón a 800 mil más).
En el caso del IMP, la opinión técnica se dio a conocer como resultado del estudio que realizó el organismo, contratado por el gobierno de Jalisco, con base en una revisión del padrón de automotores y una caracterización con sensores remotos de las emisiones en diversos cruceros de la ciudad. Se concretó en el documento “Rediseño del programa de verificación vehicular obligatorio” entregado en mayo de 2015.
El 2 de marzo de 2016, el coordinador general del INECC, Víctor Hugo Páramo Figueroa, entregó un oficio (01267), en el que, a solicitud dela Semadet, daba su opinión técnica sobre los alcances del programa. El funcionario explicaba en términos técnicos que lo que se busca en Guadalajara es generar un modelo de verificación más exigente que el que está vigente hasta ahora, “toda vez que aplicaría el protocolo de prueba de aceleración simulada y de diagnóstico a bordo”.
Añade: “los resultados presentados […] establecen un beneficio [reducción] de 9.6 por ciento en la emisión de los compuestos orgánicos volátiles, 13.6 por ciento para para monóxido de carbono y 14.1 por ciento para óxidos de nitrógeno, bajo el supuesto de la cobertura de 85 por ciento del parque vehicular del estado”.
Y esa información, pondera Páramo Figueroa, es asequible, pues la metodología de cálculo de escenarios es correcta, y la propia INECC ya había hecho un ejercicio para la capital de Jalisco que “arrojó datos de reducción de emisiones del mismo orden de magnitud al presentado [cerca de 12 por ciento menos para cada contaminante]”.
El funcionario señala, una vez que admite no tener a la mano los datos del IMP, que la estimación de beneficio de 3.8 por ciento “parece subestimar el beneficio esperado”. Fuera del sector institucional, académicos de la UdeG han criticado la utilidad del modelo. En particular, el investigador Antonio Gómez Reyna ha señalado un beneficio directo de solamente 2 por ciento (MILENIO JALISCO, 19 de junio de 2016). El asunto depende siempre de los elementos que se usen para el análisis: si es solo verificar o si se incluyen los componentes de cambio de catalizadores, mejoras de la red vial, descenso de uso del auto, las cuentas serán distintas.
“Hay que tomarle al gobierno de estado por buena la cifra de 17 por ciento; suena ambiciosa y compleja, pero si se obligan a cumplirla será muy bueno para todos”, dijo un académico del Iteso experto en el tema, que pidió no ser citado por evitar conflictos de opinión al trabajar en una instancia de gobierno.
Decálogo
Realización de la prueba de forma dinámica, con medición de óxidos de nitrógeno, “atacando con ello, la problemática de generación de Ozono en perjuicio de la calidad del aire”
Esquema de proveedor de tecnología unificada “para evitar problemas de comunicación entre el prestador del servicio y la autoridad así como para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de medición”
Prueba de hermeticidad de tapón de combustible, “con el fin de contribuir a la reducción de la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)”
Implementación de la prueba OBD2, para “identificación de datos de vehículos, que por sus características tecnológicas así lo permitan, para tener un mejor monitoreo de los sistemas de control de emisiones”; además, “para asegurar un incremento en el porcentaje de verificación del parque vehicular, es imprescindible garantizar la ‘Boarddiagnostic’, esto es, la prueba de diagnóstico a bordo”
Implementación de “un programa enfocado al control de emisiones y de sustitución de convertidores catalíticos dañados a través de un correcto diagnóstico mecánico, a fin de contribuir a la reducción de las emisiones provenientes de los vehículos considerados como altos emisores”
Acreditación de talleres auxiliares, “para la revisión, instalación, reparación y sustitución de convertidores catalíticos”
Acreditación de técnicos operadores del programa
“Incentivación a vehículos de bajas emisiones contaminantes”
Modelo Centralizado de monitoreo remoto, “lo cual permitirá hacer más eficientes los procesos de inspección y vigilancia, contribuyendo a reducir los costos inherentes”
Aplicación de sanciones por no verificar o realizarlo de manera extemporánea así como llevar a cabo operativos de control a vehículos en circulación
Fuente: Iniciativa del decreto del gobierno de Jalisco a diputados
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Tres posibilidades para los talleres acreditados
La inversión de un centro de verificación es costosa, pero se puede operar como taller auxiliar o proveer catalizadores
Ciertamente es costoso montar un centro de verificación con dos líneas de acuerdo a las nuevas especificaciones: el estudio base, del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), señala una inversión global de 8.6 millones de pesos, con una concesión de quince años, y la necesidad de contar al menos con dos líneas de verificación, como la opción para que el servicio sea negocio.
No obstante, se espera generar, a partir de la convocatoria internacional para definir el proveedor único de tecnología, que este permita que haya diferentes modalidades de asociación para que disminuyan algunos costos. Por ejemplo, si se da arrendamiento de equipo o sólo se cobra por prueba emitida por el proveedor, y que éste corra con el riesgo completo del equipo de software. La otra posibilidad de recortar gastos es que ya existan en algunos casos las condiciones físicas principales para operar. Pero todo se determinará caso por caso (ver detalles de inversión “a partir de cero” en la tabla anexa).
Se trata de 305 líneas de verificación a concesionar, las cuales se estiman suficientes: “Haciendo un cálculo simple de capacidad de las líneas obtenemos lo siguiente: pruebas realizada por línea por hora, cinco; total de pruebas en una jornada de 8 horas por línea, 40; total de pruebas por línea en un periodo de 20 días hábiles (un mes), 800; total de pruebas por línea en un año, 9,600; total de pruebas por las 305 líneas en un año: dos millones 928,000”.
“Un centro con una línea de verificación para prueba dinámica requiere necesariamente de una analizador de cinco gases, un Dinamómetro, una Estación meteorológica, un centro de cómputo y una Red de gases, en este ejercicio de inversión para dos Líneas, se requiere adicionar por línea un analizador de cinco gases y un dinamómetro, pero utilizará la misma estación meteorológica, el centro de cómputo y la red de gases. El costo de obra civil es muy variable, condicionalmente depende del proyecto a realizar (tipo de material, acabados, mano de obra, ubicación, costo de permisos, estudios, proyectos, etc.), el sitio en donde se construya puede variar cuantiosamente el costo de la obra sumado por los impuestos estatales y municipales”.
En un escenario ideal, “proyectando contar con dos líneas de verificación por centro, en un mes incrementaría hasta 1,600 vehículos, a un costo por verificación estimado en 420 pesos; menos el costo de holograma de verificación de 80.00 pesos, los ingresos estimados, por un centro de verificación que opera dos líneas en 20 días laborables, sería de 544 mil pesos” al mes.
No obstante, el nuevo sistema permite otras modalidades de participación menos costosas para los talleres.
Para ello, se emitirá “convocatoria pública abierta a efecto de que cualquier persona y especialmente los talleres en el Estado de Jalisco que cuentan con experiencia en el tema de verificación que deseen seguir prestando el servicio de talleres automotrices sin transitar a centros de verificación obtengan una acreditación como Taller de Mantenimiento y Control de Emisiones, los cuales constituirán una instancia acreditada y de soporte para el mantenimiento, reparación y reinstalación o cambio de convertidores catalíticos a efecto de dar soporte al nuevo programa de verificación al asegurar que las unidades automotrices cumplan con los parámetros de emisiones previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes”.
A esto se agrega otra convocatoria “para la proveeduría de convertidores catalíticos para talleres acreditados en el programa diagnóstico, reparación de sistemas anticontaminantes e instalación de convertidores catalíticos. La cual tiene por objeto asegurar la proveeduría de dichos convertidores dentro de los estándares requeridos para que las unidades automotrices sujetas al programa de verificación vehicular obligatoria mantengan sus emisiones dentro de los parámetros previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes”.
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