Integrante de Todos por Colomos sospecha de que existió “omisión y corrupción” por parte de la anterior Administración estatal en los litigios por terreno del bosque.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El gobierno de Jalisco reclama hoy la consecuencia jurídica de un juicio civil que la propia institución inició en 2008 como "acción reivindicatoria", pero que, en opinión de Juan José Sánchez, integrante de Todos por Colomos, "el mismo gobierno dejó perder".
Se trata de una "acción reivindicatoria" que el entonces procurador de justicia de la entidad, Tomás Coronado Olmos, interpuso como representante del gobierno del estado, dado que se trataba de terrenos propiedad estatal, y que empujó en contra de los presuntos copropietarios de 15,131.76 m2 en el acceso de Paseo del Torreón: José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Guillermo Orozco Salido y Anna Rosa Pelayo Villaseñor (sic), según el texto de la demanda.
El procurador defendía la integridad del predio El Colomo Grande, que compró a Manuel Fernández en el año 1899 con una superficie de 16 hectáreas 8,184 m2, según la escritura pública número 12, del 11 de abril de ese año, del notario público supernumerario de Guadalajara, Manuel Tortolero. Los demandados defendieron la versión de que estaba erróneamente ubicado el predio, y no abarcaba la superficie de El Colomo Grande.
Coronado Olmos también señalaba a los posesionarios "ilegales" de "deforestar la zona y afectar con los movimientos de tierra que realizó, la recarga de los mantos acuíferos que recolecta la galería hecha para tal fin, y que está construida aproximadamente desde el año 1900, precisamente dentro y debajo de esa superficie".
¿Por qué fue necesario comprar los predios de Los Colomos? "Por decreto estatal número 696, del 24 de septiembre de 1895, el uso y destino de las aguas de ríos y veneros entre otros pasaron a ser por ley administrados por el gobierno de Jalisco, [y] como consecuencia [...] se tuvo la necesidad de adquirir todos los predios donde se localizan los veneros y causes [sic] de estos en la zona denominada Los Colomos, esto a fin de garantizar el abasto de agua a la ciudad...".
De allí derivó el decreto de 1984, por parte del gobernador Enrique Álvarez del Castillo (decreto estatal 11,605, del 2 de agosto de ese año), para elevar a categoría de zona de protección hidrológica todo el acuífero de Los Colomos. La urbanización y sus lógicas de corto plazo también pasaron por alto ese dato legal. Pero este juicio reivindicatorio no prosperó (ver edición del 19 de julio de 2015) y la consecuencia es que los propietarios hayan pedido al Tribunal Administrativo del Estado (TAE) que le exija a Guadalajara el permiso de urbanización, situación que data del 7 de enero de este año.
"Tal parece que existe omisión o corrupción por parte de las autoridades, que a través de los años han venido ejerciendo el poder, sean del partido que sea: rojos, azules o verdes, han omitido hacer una defensa formal y clara sobre las propiedades de Los Colomos [...] parece que la resolución judicial la han querido hacer complicada porque desde que el gobernador Luis del Carmen Curiel adquirió estos terrenos, y con el paso del tiempo, ante las amenazas de invasiones que periódicamente han tenido, debieron de haberse circulado, es lo primero que hace uno cuando tiene un terreno, circularlo, delimitarlo, y nunca lo hicieron", señala el activista, en entrevista con MILENIO JALISCO.
De ese modo, "podemos acreditar actos de omisión o de corrupción, o que nos les interesa conservar esta área tan valiosa, que más que un bosque es un área de infiltración hidrológica que abastece a más de 20 colonias del AMG [...] es grave que no se tomen medidas para asegurar su protección".
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