El funcionario explicó que van a invocar el decreto del año 1984 del Congreso de Jalisco.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Respaldado por 22 mil firmas, el gobierno del Jalisco a través de su procurador social Carlos Trejo presentó esta mañana una demanda de amparo ante el juzgado de distrito en turno en la Ciudad Judicial en reclamo de derechos de la sociedad tapatía en el caso del bosque Los Colomos, el cual provee agua, aire depurado y sitio de recreación para decenas de miles de habitantes de la metrópoli
El funcionario explicó que van a invocar el decreto del año 1984 del Congreso de Jalisco en el cual se establece zona de protección hidrológica todos los manantiales de Los Colomos, los cuales dotan de agua la ciudad desde el final de la época colonial y que fueron adquiridos en diversas operaciones comerciales en las administraciones estatales de Luis del Carmen Curiel durante los años finales del siglo XIX y principios del XX.
Lo que pretende esta acción judicial es que el juez de distrito determine una suspensión de plano en tres días para impedir que sean violentados derechos de ciudadanos en el caso de diversos permisos que ha ordenado que se emitan el Tribunal Administrativo del Estado al gobierno de Guadalajara. Carlos Trejo señaló que un juicio de esta naturaleza puede ser largo plazo y que deberá integrar diversos elementos, pero es en paralelo a otros procedimientos jurídicos, por la vía penal, civil y mercantil que estará siguiendo la autoridad dado que el gobierno del estado no solo representa los ciudadanos sino que es el propietario legítimo de los predios que se trata además de terrenos de dominio público en los cuales no aplica la prescripción por parte de los posesionarios.
El titular de la Procuraduría Social se comprometió a que esta vez sí se solucionará de fondo el problema de Los Colomos y dijo que tendría que investigarse por qué en el pasado nunca se ha llegado a fondo, si bien reconoció que se trata con alta plusvalía la cual se reduciría a cero en términos comerciales que logra que sea vigente ese decreto del año de 1984 y sobre todo si se respeta la propiedad pública y los derechos de casi cinco millones de habitantes del área metropolitana
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