Denuncian invasión a ejido de maquinaria de minera

Ejidatario de Ayotitlán padece desde hace dos días el ingreso a su parcela de equipo pesado de la minera Peña Colorada, con la que se mantiene conflicto limítrofe, en la región Costa Sur de Jalisco

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Maquinaria y equipo pesado propiedad del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada SA, filial de la empresa transnacional italo-argentina Ternium, entró hace dos días al predio Los Potros, propiedad de la familia del campesino Félix Monroy Rutilo, sin contar con su anuencia y con el precedente del largo diferendo por los límites del ejido Ayotitlán y la empresa que aprovecha y beneficia las vetas de hierro de la zona, las más productivas del país.

“Gracias a un sobrino suyo, Aurelio Deniz Gerardo, habitante del vecino rancho nahua de Puertecito de las Parotas, que pasa con frecuencia por las brechas cercanas de los poblados nahuas que rodean el Cerro de los Juanes, donde opera el fundo minero de Peña Colorada, Félix se enteró que la maquinaria pesada metida anoche al predio, estaba echando lumbre para destruir los cultivos, arbolado y cercos colocados por Félix hace más de 40 años, en un predio agrícola con un amplio ojo de agua y ruinas prehispánicas, que recibió de sus antepasados”, denunció a Milenio Jalisco el activista de derechos humanos Óscar González Garí.

“Para entrar al predio, antes la minera puso en contra del indígena Félix, ejemplo vivo de tenacidad a toda prueba en la defensa de sus derechos, y en la zona devastada por la minería ferruginosa, al actual comisariado ejidal de Ayotitlán, encabezado por Ernestino Ciprián, mismo que supuestamente le concedió ‘el permiso’ al consorcio para meterse a realizar ‘trabajos de limpieza’. Un centenar de ovejas y chivos que Félix cuidaba y alimentaba en Los Potros y en Cerro del Moreno, para alimentar a su familia, dispersa entre esa zona, Minatitlán y el puerto de Manzanillo, están en gravísimo peligro de sucumbir ante la maquinaria pesada del consorcio colimense que invadió territorio de Jalisco en 1969, y mantiene el asedio en contra de los indígenas que al considerarse jaliscienses y mexicanos, pero no ‘colimotes’, resultan perjudiciales a su política de saqueo y despojo”, añadió el integrante de la red Los Derechos para Todos.

Al ser los actuales gobernadores de Jalisco y Colima, militantes del PRI, “principal beneficiario de los réditos de la minería a cielo abierto […] los 16 poblados de la cuenca norte del Marabasco se encuentran en peligro de sufrir esta clase de despojos ‘de facto’, pues ‘de jure’, los indígenas les llevan la delantera, dado que el pueblo nahua-otomí de Ayotitlán tiene más de 800 años de presencia histórica en la Costa Sur de Jalisco. Y como ambos gobiernos estatales fueron denunciados por nosotros en 1991 ante la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos], por el régimen de segregación racial impuesto a los nahuas […] y siguen empecinados en mantener las prebendas e ingresos derivados de la explotación minera, los actuales mandatarios estatales no han hecho absolutamente nada para cumplir la recomendación 122/95 del ombudsman nacional sobre el caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco”, enfatizó el abogado.

También hizo un recuento de los hechos pasados que permitieron a Colima “salvaguardar” sus derechos, a su juicio espurios, sobre la zona: esa recomendación exhibió a ambos gobiernos en 1995 “y obligó a llevar en 1997 la controversia limítrofe y territorial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. La Primera Sala de la SCJN admitió la demanda del Gobierno de Jalisco contra su homólogo de Colima -era administración panista- bajo el expediente 3/1998, “habiéndose llevado el litigio hasta el desahogo de pruebas”.

Sin embargo, “al enterarse Colima que Jalisco, por razones ajenas a nosotros como defensores y a los nahuas como víctimas, tenía 80 por ciento de posibilidades de ganar la controversia territorial, decidió encomendarle al senador colimense del PRI, Héctor Michel Camarena, la elaboración de una reforma constitucional, para cambiar de manos el asunto, y enviarlo al Senado de la República, donde mediante un arreglo político Colima podría revertir la adversidad jurídica. Entre 2001 y 2005, Michel operó la reforma constitucional, logrando utilizar el federalismo como excusa para pasarle al Senado el caso, a inicios del año 2006. Ante el tamaño y cinismo de las maniobras priístas-colimenses, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán interpusimos una demanda de amparo, ante los juzgados de distrito en Materia Administrativa de Jalisco, que consideraron infundados con conceptos de violación (los derechos humanos no eran entonces materia constitucional, como ahora lo son). Ante la negativa del Poder Judicial de la Federación para concedernos el amparo federal, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lleva 10 años en estudio”.

Durante todo el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el caso estuvo en manos de una Comisión de Límites Territoriales, sin llegar a acuerdo alguno.

En octubre de 2012, la Corte retomó el control de este tipo de asuntos por decreto presidencial. “Sin embargo, al no incluir en el decreto el presidente que los expedientes materia de las distintas controversias, debían retornar a manos de la SCJN, para ser concluidos, todos se quedaron guardados en el archivo del Senado de la República, donde pueden consultarse, pero no proseguirse”.

Así, “Colima se salió con la suya ante Jalisco, que ha sido una nulidad en tratándose de defender la restitución del territorio ancestral perdido durante el siglo XX (casi 500 kilómetros cuadrados con su vecina Colima). Y los nahuas padecen las consecuencias y los perniciosos daños colaterales de esta política permisiva, como es hoy el caso de Félix Monroy Rutilo, que se ve obligado por las circunstancias a defenderse sólo ante el gigante minero y su aliado incondicional, el estado de Colima”.