Observatorio reitera su crítica a la falta de respeto al decreto de creación de ese organismo: que sus resoluciones serían vinculantes
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua de Jalisco fue creado para atender desde la sociedad civil los problemas graves que se arrastran en la disposición y calidad de ese recurso en la entidad, pero ha fracasado en lograr que el gobierno del estado reciba y aplique sus recomendaciones.
Eso es materia central de las discusiones del organismo, que en su sesión XXIV presentó un panorama general de su actuación en los primeros 21 meses desde que entró en funciones.
“La problemática hídrica en el estado de Jalisco es grave, tanto en cantidad como calidad del agua, ya que son muchos los casos que se han analizado, como Cajititlán, Chapala, Valencia, área metropolitana de Guadalajara, Los Altos de Jalisco, Zacoalco de Torres, la costa, entre otros. Hay una distancia clara entre los expertos gubernamentales que gestionan el agua y la sociedad interesada en participar dentro la toma de decisiones en torno al agua. A pesar del poder de incidencia otorgado al Observatorio por parte del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, concediéndole atribuciones para actuar en todo el estado y facultades para formular opiniones y recomendaciones técnicas y jurídicas, todas ellas ‘vinculantes y de obligada consideración y razonamiento para cualquier órgano público del estado de Jalisco y para su propia toma de decisiones’, a más de un año y medio de su creación, ha sido completamente ignorado por las autoridades junto con las recomendaciones que éste ha emitido. No se han cumplido ninguna de ellas, que a la fecha suman 58”, destaca el documento, que fue hecho de conocimiento de los alcaldes metropolitanos.
Las recomendaciones derivan de cuatro casos de estudio: Uno, “el río Verde, que incluye la construcción de la presa El Zapotillo como embalse de agua para el pretendido trasvase a la ciudad de León, con su alto impacto para Jalisco en las áreas social, medioambiental, agropecuaria, y que de acuerdo a los estudios realizados a la fecha, documentos oficiales y datos históricos, no existen las condiciones para generar un trasvase a la ciudad de León, ya que éste generaría un grave impacto hídrico y social en la región de Los Altos de Jalisco –por ser deficitaria- de consecuencias irreversibles. Es importante resaltar que este proyecto compromete la soberanía hídrica de Jalisco y de manera grave la sustentabilidad del área metropolitana de Guadalajara”.
En este caso, “los expertos gubernamentales no asumen la responsabilidad de la argumentación pública –no hubo consulta en términos constitucionales- y su divulgación, los proyectos hidráulicos no son explicados de manera accesible, se utiliza el lenguaje técnico como barrera al diálogo, no se contestan las dudas razonables de los sectores sociales y constantemente se descarta o descalifica la opinión social por no pertenecer al grupo de ‘expertos del gobierno’.
El diálogo con expertos independientes –o alternativos- tanto de las universidades locales como de centros de investigación internacionales también es sistemáticamente descalificado y se encuentra frenado”.
De este modo, “es evidente que existen violaciones comprobadas a los Derechos Humanos contra los pobladores que serán afectados directos por las obras de construcción de la presa El Zapotillo, así como a los productores agropecuarios, por el pretendido trasvase que los dejaría sin agua para producir alimentos para ellos y para las ciudades que abastecen”.
Dos, la presa de Hurtado o Valencia, “que recibe drenajes de diferentes núcleos urbanos, agropecuarios, industriales. De ella se aprovechan los volúmenes para el desarrollo acuícola, el recreo turístico, actividades económicas y para riego agrícola. Ha sido víctima de dos desastres ecológicos documentados en los últimos once años. Se ha recomendado realizar un Ordenamiento Hídrico de su cuenca y de su área de influencia”.
Tres, el área metropolitana de Guadalajara, “se han emitido catorce recomendaciones que tienen que ver con la discrepancia de los datos técnicos fundamentales para realizar estudios y proyectos hidráulicos y un estudio que determine la dotación de litros/habitante/día en el AMG; tres más recomendando la realización de un ordenamiento hídrico y se declaren área natural protegida de carácter hidrológico las cuencas colindantes al bosque La Primavera. Siete vinculados a los acuíferos del AMG en donde se sugiere la caracterización actualizada del agua subterránea, identificar las zonas de recarga y su protección, auditorías técnicas a pozos, así como un inventario de los mismos y de las norias. También la gestión integrada de las aguas subterráneas”.
Cuatro y último, lago de Chapala. “Se han emitido nueve recomendaciones que coadyuven a la sustentabilidad del lago, ya que mantiene una relación fundamental con el AMG pues provee alrededor del 60 por ciento del agua que ésta consume, además de los servicios ambientales y turísticos. Tienen también el propósito que se gestionen algunas declaratorias como Zona Prioritaria de Turismo Ecológico y Social, sitio Ramsar. Tienen particular relevancia las que recomiendan verificar la calidad y cantidad de agua que ingresa del río Lerma, pues la pésima calidad –con metales pesados, entre otros- está impactando de manera considerable la salud de las personas y ecosistemas, pudiendo considerarse ya como un grave problema de salud pública”.
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