martes, 26 de junio de 2018

El FNI señala que proyecto del acueducto no es viable


Banobras ha comunicado a la banca que opera los recursos públicos de la obra que no hay condiciones para un “proyecto viable”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Uno de los hechos jurídicos-financieros que orillaron a la concesionaria del acueducto El Zapotillo-León, subsidiaria de la transnacional andaluza Abengoa, a buscar la “renuncia sin responsabilidad” es la postura asumida por el Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), que aporta 48.3 por ciento del costo de la obra: el 8 de agosto de 2017, apoyado en el operador fiduciario, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, advirtió al Banco del Bajío, que no era viable autorizar recursos al proyecto.

En alusión a una transferencia electrónica del 31 de julio de 2017, cuyo monto no fue revelado a pretexto de la protección de datos (pese a tratarse de recursos públicos), “el importe antes mencionado será restituido por este Fiduciario a esa institución de banca múltiple, considerando las manifestaciones formuladas tanto por el Banobras, institución fiduciaria en el fideicomiso público número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura [Fondo] mediante oficio DAEMA/403000/136/2017 de fecha 4 de agosto de 2017, en el sentido de pronunciar su no conformidad respecto a cualquier autorización para disponer recursos del Fondo en el proyecto en comento, por considerar que no existen condiciones que permitan asegurar la viabilidad del proyecto, así como por aquellas expresadas por la concesionaria” (sic), señala el oficio DADF/GFANPR/153300/503/2017).

Dicha circunstancia, agrega, “impide el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este fiduiciario en los términos del contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 2,197, en relación con la aplicación de los recursos recibidos con motivo de la ejecución de la carta de crédito de que se trata…”.

El documento es parte de la información obtenida vía transparencia por Alejandro López Aguayo, abogado de los ganaderos de San Juan de los Lagos y del ejido Agua de Obispó, afectados por la obra, pues reclaman que se trata de una infraestructura que los despojará del agua para sus actividades económicas y su propio consumo.

El funcionario firmante del documento, Isaías Espitia Delgado es “gerente de la Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios Privados de Banobras.

¿Qué dice el título de concesión de estos recursos? El documento emanado el 14 de octubre de 2011 parte de un costo de proyecto “conforme a todos los términos y condiciones incluidas en este título de concesión, [que] asciende a 6,866 millones 872,228 pesos, a valores de mayo de 2011, más el IVA, para totalizar 7,073 millones 281 ,875 pesos. Si se considera un incremento hasta 2016 de 22 por ciento, dado a conocer por fuentes oficiales a la prensa de Guanajuato esa cantidad rebasa ya 8,500 millones de pesos.

Estos recursos se distribuyen, según el título de concesión, del siguiente modo: capital de riesgo, 25 por ciento; crédito, 26.66 por ciento y FNI, 48.34 por ciento.

“La diferencia entre el costo del proyecto y el monto total de la inversión lo financiará el concesionario con capital de riesgo y crédito. El FNI aportará […] al Fideicomiso de Administración, única y exclusivamente para ser utilizados en ejecución de la infraestructura contemplada en el costo del proyecto, hasta por 48.34 por ciento o la cantidad de 3,319 millones 647,174 pesos a precios de mayo de 2011”.

Por su parte, el concesionario “está obligado a constituir el Fideicomiso de Administración en una institución fiduciaria, a satisfacción de la Conagua y el FNI”.

¿Cuánto reclama Abengoa por la obra no construida? Si bien, los ocho conceptos reclamados no están precisados en la información pública, pese a tratarse de dinero fiscal, funcionarios de Guanajuato señalaron que se le ofrecía mil millones de pesos a la transnacional, que reclamaría, extraoficialmente, dos mil millones de pesos. En contraste, fuentes de los productores de Los Altos de Jalisco aseguran que el reclamo supera cinco mil millones de pesos.

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