En Guadalajara, en la ciudad de México, y en otras sedes estatales de la Conagua hubo denuncias de activistas.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los diez decretos que firmó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 5 de junio, y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, siguen inmersos en la polémica, porque la lectura que le dan los grupos civiles es que son un primer paso para alcanzar, de facto, una privatización al menos parcial del recurso.
Ayer, en 35 ciudades del país –de acuerdo a los organizadores- se realizaron protestas frente a las delegaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los grupos civiles, en su mayor parte integrados en el frente Agua para Todos, plantea la posible ilegalidad de la medida de levantar las vedas hidrológicas que protegían 300 cuencas con 55 por ciento del agua del país; señalan que desde que se reformó, en 2012, el artículo 4 constitucional para dar paso al derecho humano al agua, se debió trabajar y promulgar una Ley General de Aguas, que fue bloqueada por el Congreso de la Unión; por ello, se aplicaron criterios de la Ley de Aguas Nacionales que está en vigor desde 1992, y habría quedado obsoleta por esa reforma.
“Los grupos y organizaciones que estamos aquí nos oponemos a estos decretos, porque en primer lugar, no van a proteger en ningún momento, ni van a conservar estas cuencas del país que se están poniendo en riesgo; son más de 300 cuencas, estos decretos principalmente lo que van a hacer es seguir abriendo los procesos de privatización del agua, a seguir entregando nuestra agua a empresas trasnacionales y a empresas nacionales”, explicó la activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia.
“De los 10 decretos aprobados, a Jalisco lo afectan tres; el decreto de la subregión hidrológica del río Santiago, que por lo menos estará afectando a 19 ríos; pero tenemos dos decretos más, el de la región hidrológica de Ameca, que es la número 14, que afecta por lo menos a ocho ríos, y el decreto de la región hidrológica número 15, que es de la costa de Jalisco, y que por lo menos estaría afectando a diez ríos”, explicó.
Varias decenas de activistas se apostaron a la entrada de las oficinas de la Conagua, casi frente al templo El Refugio; “estos decretos nunca fueron consultados, esto es algo que queremos denunciar, no hubo un proceso de consulta a los diferentes usuarios de estas cuencas […] lo segundo es que estos decretos se hicieron con estudios viejos, es decir, la calidad de estos estudios no es exacta, y eso ya lo están denunciando diferentes investigadores; los estudios son de 2016, hay un decreto que tiene estudios del 2011, además han usado la norma 001 que es una norma internacionalmente obsoleta, que sigue rigiendo en este país, que no obliga a un estudio formal del agua superficial y del agua subterránea, y por lo tanto tenemos duda de que las mediciones sean exactas”.
Las cuencas tenían vedas que funcionaban mejor como instrumentos de protección, añadió. “Significaba que había restricción total sobre el uso del agua, por sobreexplotación, por contaminación , o por no disponibilidad, y mágicamente con estos decretos hay disponibilidad del agua […] hemos hecho un análisis de estos diez decretos, a partir de las mediciones de la Conagua, ¿y que fue lo que encontramos?, que de estos decretos solamente el 30 por ciento del agua se va a usar para conservación, nada más 1 por ciento del agua se va para uso público urbano, y casi 70 por ciento del agua se va a abrir para empresas trasnacionales y nacionales; aquí en Jalisco eso significa seguir tocando a la puerta y que proyectos que hoy están detenidos como El Zapotillo, o como la presa el Purgatorio, se lleven a cabo…”.
Diversos activistas y académicos tomaron la palabra; aseguraron que se van a combatir legalmente los decretos presidenciales, para lo cual ya trabaja un equipo de trabajo del movimiento nacional.
Alteños exigen detener trasvase
Por medio de un desplegado en la prensa nacional, la Alianza Cívica Alteña, los ganaderos de la región y diversos sectores sociales y empresariales, exigieron “que se inicien las gestiones correspondientes para la cancelación del pretendido trasvase Los Altos-León y se evite la inundación de las tres poblaciones, amenazadas por la construcción de la presa”. Piden que el presidente de la República, “desde un enfoque de seguridad hídrica generado desde el vínculo entre agua, desarrollo, energía y alimentación; en un escenario de cambio climático y desde la tutela prevista en el principio precautorio, en términos del artículo cuarto constitucional y lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, cancele el decreto de reserva de aguas del Río Verde publicado en el DOF el 7/04/1995 por lesionar nuestros legítimos derechos; declare de interés público la cuenca del Río Verde y Los Altos de Jalisco y atienda de manera prioritaria la problemática hídrica en la región alteña, sus acuíferos y su cuenca, en virtud de la escasez de agua y ordene la elaboración de un Programa de Ordenamiento Hídrico en los términos de la II Recomendación del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco y sea elevado a rango de ley”.
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