La instancia estaría en pláticas con fraccionamientos irregulares en la zona de El Chante, Jocotepec
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 11 de octubre de 2009
La asociación civil Participación Ciudadana de Vecinos de Jocotepec exigió a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) continuar con la promoción de la nulidad de los actos del ayuntamiento, que otorgó de forma “irregular” permisos a fraccionamientos en El Chante, con el riesgo de colapso ambiental y social del área.
“Hemos tenido conocimiento de que se está promoviendo por parte de esta institución un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo, en contra de actos del Ayuntamiento de Jocotepec, por la urbanización y construcción que se está efectuando a un kilómetro al oriente de la población de El Chante, fraccionamiento Riveras del Lago, y como consecuencia, al parecer se otorgó la medida cautelar respectiva […] tenemos información de que la empresa constructora pretende celebrar convenio para regularizar su situación dada la intervención de esta procuraduría”, explican los colonos en una misiva dirigida a la Prodeur, recibida el 5 de octubre.
Solicitan “se nos dé intervención para cualquier negociación que se pretenda con la constructora referida, tomando en consideración que existen múltiples irregularidades”: Uno, “violación del Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco, que establece una densidad máxima de 20 habitantes por hectárea en esta zona”, pues “ellos están construyendo [...] 60 casas por hectárea”.
Dos, “la planta de tratamiento de aguas carece de capacidad para tratar los volúmenes que pretende producir el desarrollo”; tres, obstrucción de calles y zonas federales; cuatro, obstrucción de alcantarillas que permiten el paso de aguas; cinco, colapso de red de drenaje; seis, “no existe ninguna aportación de terrenos ni construcción de escuelas [...]”.
Otras observaciones son el riesgo de colapso de la vialidad, omisiones en la consulta del Atlas de Riesgos y ocultamiento de información.
Los vecinos exigen que se aplique el Código Urbano o la derogada Ley Estatal de Desarrollo Urbano, pues el riesgo es mayúsculo y difícil de atenuar.
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