Prestadores de servicio, de izquierda a derecha, Héctor Raúl, Jorge Ocampo y Antonio Netzahualcóyotl. Se defienden de señalamiento de corrupción en programas de la SRA. Justifican los altos cobros con el esfuerzo invertido y falta de reglas claras
Guadalajara, Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 23 de septiembre de 2009
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Tres prestadores de servicios acusados de participar en un esquema de apropiamiento ilegal de recursos de los programas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Jalisco, en perjuicio de campesinos, aseguran que el señalamiento es calumnioso y que, en realidad, se deriva de un problema personal que sostiene contra ellos el delegado de la dependencia, Alejandro Hernández Rodríguez.
En entrevista con Público, Jorge Armando Ocampo Reyes, y los hermanos Antonio Netzahualcóyotl y Héctor Raúl Bravo Romero justificaron el cobro de hasta 30 por ciento extra a los grupos que conforman, pues son “altos” los costos por lograr la autorización y dar seguimiento de los proyectos: gasolina, viajes, comidas, papelería, teléfono, Internet, actas constitutivas. “Antes de la aprobación no les cobramos un centavo”.
No obstante, niegan que realicen tráfico de influencias o repartan dinero para garantizar el éxito de sus gestiones. De hecho, este año las reglas de operación no requieren del aval de alguna institución para trabajar, por lo que deslindan a la Confederación Nacional Campesina (CNC) de cualquier relación con su trabajo.
El “asunto personal”, según Héctor Raúl, deriva de que presuntamente fueron invitados por el funcionario a apoyar la promoción política del Partido Acción Nacional previo a las elecciones pasadas, a lo que se negaron. A eso suman que ellos son los asesores más exitosos a la hora de sacar proyectos, “pero se debe a que somos profesionales, hacemos las cosas bien, y nos dan las aprobaciones”, advierte Ocampo Reyes.
Sobre el proceso de que son objeto tras las denuncias en su contra, comentan que está en fase de integración y no se les puede condenar sin ser oídos y vencidos. También aseguran que se trata de “expedientes armados” en la delegación con la anuencia de su titular, y piden que se investigue a otras instituciones, como la Fundación Unimos, que habría recibido numerosos apoyos por su cercanía partidista al gobierno federal.
Antonio Netzahualcóyotl acusa al delegado de “haber motivado a las personas a que incumplan compromisos o acuerdos que como un profesionista adquieres, porque nosotros, insisto, como profesionistas cobramos por un servicio normal”. Héctor Raúl añade que esto es incitar el robo de su trabajo, “cuando les pide a los grupos que cambien de técnico para recibir un cheque; significa que alguien más va a cobrar por un trabajo que ya hicimos”.
El mismo interlocutor subraya: “Cuando vinieron las personas de la SRA de México, a dar un taller de capacitación, fue claro lo que nos dijo ese mismo personal […] ‘Ustedes cobran lo que su trabajo les cueste, sabemos que no es suficiente lo que estipulan las reglas de operación, entonces cobren’, o sea, invitó a los prestadores de servicio a cobrar lo que les cuesta su trabajo”.
—Pero es un grave riesgo, porque las reglas de operación dicen una cosa y ustedes se exponen a que les digan que abusan…
—Las reglas no te marcan que no lo cobres. Tienen muchos vicios, pero son las reglas […] A mí me preocupa mucho la parte del cobro: ahí sacaron en la nota unos cheques a nombre de Jorge, y se puede ver claramente que el apoyo fue de 180 mil pesos a ese grupo; se le cobró 30 por ciento, que son 54 mil pesos, más 18 mil pesos que es el apoyo. Es lo justo.
Esto lleva a Jorge Ocampo Reyes, cuestionado por los altos aranceles que cobra, según los testimonios recabados (Público, 21 de septiembre de 2009).
—Usted le cobraba al grupo Ganoro, de San Pedro Tesistán, 50 por ciento más el 9 por ciento autorizado, según el contrato que ellos exhibieron…
—Yo me manejo con ese contrato para respaldar mi trabajo, o sea, mi inversión, mi tiempo, la asesoría que tengo que pagar extra, en todos los casos es 30 por ciento, no hay más.
—Pero ese contrato dice, claro, 50 por ciento…
—Es una medida de presión para gestionar el pago, tenerlo para en caso de ir a un juzgado, ya en una situación legal, por no es por ahí […] todos trabajamos por 30 por ciento.
—¿Ustedes acusan a la delegación de la SRA de poner a la gente en su contra?
—Sí, la gente está asustada por lo publicado; nuestros clientes, todo el mundo está asustado ante la incertidumbre de lo que va a pasar.
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La CNC Jalisco se deslinda
El presidente en Jalisco de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gabriel Ponce Miranda, se deslindó de los presuntos casos de corrupción de los proyectistas ligados al sindicato campesino: “No hay ninguna vinculación de la CNC con estas personas”.
Gabriel Ponce dijo que habló para “aclarar una información que ha estado saliendo en los diarios locales”. Además manifestó que “esta organización se deslinda totalmente de esos actos. No solapamos ningún acto de ese tipo. Esta es una organización social que tiene, como objetivo número 1, servirle a los campesinos, pero servirles bien, sin centavearlos”.
Aseguró que los señalados ya no trabajan para la CNC, aunque admitió: “Sí los conozco porque, en un tiempo, ellos estuvieron trabajando aquí, pero se separaron; según tengo entendido, tienen un despacho particular. No sé si así sea o no sea, pero ellos dejaron de estar laborando con la institución hace un año, aproximadamente”. Y ante las acusaciones del delegado de la Reforma Agraria, Alejandro Hernández Rodríguez, de que los señalados pertenecen a la organización, dijo: “Si el señor delegado tiene elementos para señalar a la CNC, estamos pa’ contestarles en cualquier terreno”.
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Señalamientos “absurdos”, contesta el delegado
“Absurdas” consideró el delegado en Jalisco de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Alejandro Hernández Rodríguez, las acusaciones de los prestadores de servicios cuyos proyectos han sido suspendidos por la dependencia ante denuncias de corrupción. Negó que se trate de un tema personal y político. “Se trata de graves irregularidades de proceso que deben ser combatidas”, indicó.
“Debo recordar que la indagación fue originada en denuncias ciudadanas, presentadas en esta delegación, y señalaron a estos técnicos por prácticas irregulares […] no hay nada más, al exhortar que se denuncie y que se presenten querellas, estamos simplemente cumpliendo nuestro deber de erradicar estos esquemas inadmisibles, que afectan a los más pobres del campo, que son precisamente la población objeto de estos programas”, puso en relieve.
Dijo que no es posible pretender cobrar más de lo que las reglas de operación establecen y que, si eso no conviene a los intereses de los asesores, no es motivo para torcer las bondades de los programas y perjudicar a los que supuestamente deberían ayudar.
“No tiene sentido, la institución debe velar por el interés del sector, de no caer en prácticas irregulares, allí está la información […] no es algo político ni partidista, pero sí debemos erradicar de fondo estos procedimientos, no importando quién lo haga”, añadió.
También negó que se les dejara en indefensión ante la investigación. “Tratamos de notificar, no se pudo; el domicilio estaba solo, por eso lo remitimos a la ciudad de México”. Reconoció que los proyectistas señalados “están en su derecho de buscar vías adecuadas de conocer el asunto”, lo cual, institucionalmente, puede ser la delegación o las oficinas centrales de la SRA, pues deben ser oídos y vencidos en el proceso abierto en su contra.
También fue enfático al reiterar que la delegación “no ha recibido denuncia contra empleados de la SRA”, pues “ellos [los acusados] no son empleados de la dependencia”, lo que confirma que el problema estaría en otra parte. “Le recordamos a los habitantes que si padecen algún problema en este sentido, tenemos abierto el teléfono de Denunciatel, 01-800-020-3368, totalmente gratuito”.
“Absurdas” consideró el delegado en Jalisco de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Alejandro Hernández Rodríguez, las acusaciones de los prestadores de servicios cuyos proyectos han sido suspendidos por la dependencia ante denuncias de corrupción. Negó que se trate de un tema personal y político. “Se trata de graves irregularidades de proceso que deben ser combatidas”, indicó.
“Debo recordar que la indagación fue originada en denuncias ciudadanas, presentadas en esta delegación, y señalaron a estos técnicos por prácticas irregulares […] no hay nada más, al exhortar que se denuncie y que se presenten querellas, estamos simplemente cumpliendo nuestro deber de erradicar estos esquemas inadmisibles, que afectan a los más pobres del campo, que son precisamente la población objeto de estos programas”, puso en relieve.
Dijo que no es posible pretender cobrar más de lo que las reglas de operación establecen y que, si eso no conviene a los intereses de los asesores, no es motivo para torcer las bondades de los programas y perjudicar a los que supuestamente deberían ayudar.
“No tiene sentido, la institución debe velar por el interés del sector, de no caer en prácticas irregulares, allí está la información […] no es algo político ni partidista, pero sí debemos erradicar de fondo estos procedimientos, no importando quién lo haga”, añadió.
También negó que se les dejara en indefensión ante la investigación. “Tratamos de notificar, no se pudo; el domicilio estaba solo, por eso lo remitimos a la ciudad de México”. Reconoció que los proyectistas señalados “están en su derecho de buscar vías adecuadas de conocer el asunto”, lo cual, institucionalmente, puede ser la delegación o las oficinas centrales de la SRA, pues deben ser oídos y vencidos en el proceso abierto en su contra.
También fue enfático al reiterar que la delegación “no ha recibido denuncia contra empleados de la SRA”, pues “ellos [los acusados] no son empleados de la dependencia”, lo que confirma que el problema estaría en otra parte. “Le recordamos a los habitantes que si padecen algún problema en este sentido, tenemos abierto el teléfono de Denunciatel, 01-800-020-3368, totalmente gratuito”.
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