Testimonio de un cenecista: "Cada proyecto exige gastos del asesor que rebasan cuota autorizada", esgrime.
Guadalajara. Agustín del Castillo.PÚBLICO-MILENIO. Edición del 22 de septiembre de 2009
"No es la verdad completa”, se queja un proyectista cercano a la Confederación Nacional Campesina acerca de las revelaciones ofrecidas por Público en su edición de ayer, sobre los cobros excesivos que hacen estos intermediarios a grupos campesinos que obtienen apoyos de la Secretaría de la Reforma Agraria.
“El 9 por ciento autorizado no cubre ni de lejos los gastos que tenemos que hacer por los grupos antes de que se aprueben los proyectos; muchas veces financiamos las actas constitutivas y también pagamos de nuestra bolsa los viajes, y son hasta doce antes de que se logre sacar adelante el asunto”.
El asesor, que pide la omisión de su nombre “para evitar entrar en dimes y diretes” con el delegado de la SRA, explica que por eso se firman contratos de prestación de servicios profesionales, pero un porcentaje razonable es cobrar el equivalente a 15 por ciento del monto aprobado, y no 50 por ciento.
“Me parece que ese proyectista [Jorge Armando Ocampo Reyes] sí se pasa al cobrar tanto, pero el debe tener sus razones que debería explicar” (ver arriba los cheques que emitió el grupo de Mujeres trabajando, de San Martín de Hidalgo, a favor del citado asesor).
Agrega que las últimas reglas de operación fueron restrictivas respecto a los cobros, y por eso los asesores de los grupos piden que se les pague del dinero propio de los participantes, y no del cheque del apoyo, pues sería ilegal. También asegura que es falso que se haga reparto de dinero entre líderes cenecistas y funcionarios de la SRA, “estoy seguro que si le preguntan eso a don Gabriel [Ponce Miranda, líder cenecista de Jalisco], se va a asustar, porque no sabe nada de esto, si piden en su nombre, qué mal, es falso, es un delito”.
Los técnicos que asesoran los proyectos de la SRA pasan por un proceso de validación oficial, donde se deben entregar documentos personales varios, pasar una certificación interna de la dependencia, exhibir la Clave única del Registro de Población y el Registro Federal de Causantes, así como firmar ante la SRA “bajo protesta de decir verdad” que conoce las reglas de operación de los programas. Para comprobarlo, debe someterse a un taller de validación y un examen escrito. Algunos de los prestadores de servicios contarán con el aval de alguna institución, como es la propia CNC, la Financiera Rural, la Central Campesina Cardenista u otras entidades menores que participan de los diversos proyectos ofrecidos. “Pero jamás hay que entregar un peso a los líderes”, insiste el proyectista entrevistado.
Guadalajara. Agustín del Castillo.PÚBLICO-MILENIO. Edición del 22 de septiembre de 2009
"No es la verdad completa”, se queja un proyectista cercano a la Confederación Nacional Campesina acerca de las revelaciones ofrecidas por Público en su edición de ayer, sobre los cobros excesivos que hacen estos intermediarios a grupos campesinos que obtienen apoyos de la Secretaría de la Reforma Agraria.
“El 9 por ciento autorizado no cubre ni de lejos los gastos que tenemos que hacer por los grupos antes de que se aprueben los proyectos; muchas veces financiamos las actas constitutivas y también pagamos de nuestra bolsa los viajes, y son hasta doce antes de que se logre sacar adelante el asunto”.
El asesor, que pide la omisión de su nombre “para evitar entrar en dimes y diretes” con el delegado de la SRA, explica que por eso se firman contratos de prestación de servicios profesionales, pero un porcentaje razonable es cobrar el equivalente a 15 por ciento del monto aprobado, y no 50 por ciento.
“Me parece que ese proyectista [Jorge Armando Ocampo Reyes] sí se pasa al cobrar tanto, pero el debe tener sus razones que debería explicar” (ver arriba los cheques que emitió el grupo de Mujeres trabajando, de San Martín de Hidalgo, a favor del citado asesor).
Agrega que las últimas reglas de operación fueron restrictivas respecto a los cobros, y por eso los asesores de los grupos piden que se les pague del dinero propio de los participantes, y no del cheque del apoyo, pues sería ilegal. También asegura que es falso que se haga reparto de dinero entre líderes cenecistas y funcionarios de la SRA, “estoy seguro que si le preguntan eso a don Gabriel [Ponce Miranda, líder cenecista de Jalisco], se va a asustar, porque no sabe nada de esto, si piden en su nombre, qué mal, es falso, es un delito”.
Los técnicos que asesoran los proyectos de la SRA pasan por un proceso de validación oficial, donde se deben entregar documentos personales varios, pasar una certificación interna de la dependencia, exhibir la Clave única del Registro de Población y el Registro Federal de Causantes, así como firmar ante la SRA “bajo protesta de decir verdad” que conoce las reglas de operación de los programas. Para comprobarlo, debe someterse a un taller de validación y un examen escrito. Algunos de los prestadores de servicios contarán con el aval de alguna institución, como es la propia CNC, la Financiera Rural, la Central Campesina Cardenista u otras entidades menores que participan de los diversos proyectos ofrecidos. “Pero jamás hay que entregar un peso a los líderes”, insiste el proyectista entrevistado.
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