El programa de la SCT es insuficiente y se cierra el 31 de diciembre próximo, lo que no impedirá un potencial desastre ambiental y de salud pública, sostienen denunciantes.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
México es el único de los países que en su transición a televisión digital ha implementado un programa público de obsequio de televisores con la nueva tecnología, en la antesala de un proceso electoral, y no obstante las advertencias de las agrupaciones ecologistas respecto al grave problema de contaminación que entraña el desechamiento inadecuado de los viejos aparatos analógicos.
Estos podrían haberse adaptado con un decodificador cuyo valor comercial es menor a la cuarta parte en relación con lo pagado por las nueve millones de pantallas planas entregadas “a fondo perdido” por las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social (Sedesol).
Dos datos demuestran que no es gratuita esa preocupación: uno, según las estadísticas oficiales, sólo se recicla 10 por ciento de la basura electrónica; dos, las contrataciones para reciclar televisiones analógicas que hizo el gobierno federal, vencen el 31 de diciembre y su potencial de recolección está estimada en unas pocas decenas de miles, contra 34 millones de aparatos existentes que podrían ser desechados, según los datos de la denuncia de colectivos científicos y ambientalistas ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Nortem (CCAAN).
“Según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), durante el 2014 sólo se recicló el 10 por ciento de los desechos electrónicos generados, unas 55 mil toneladas; mientras que el 50 por ciento restante de la basura electrónica terminó en rellenos sanitarios, tiraderos no controlados o en manos de personas que reciclan de manera informal”, explica el documento, registrado como peticion.cca.sem.15.002 ante la instancia ambiental del Tratado de Libre Comercio de la región.
El texto revela que el gobierno nunca dio prioridad a la atención de la emisión masiva de desechos que se iban a producir con el cambio, no obstante las 67 mil toneladas de tóxicos que contienen esos aparatos viejos. El 11 de junio del 2013 se publicó la Reforma de Telecomunicaciones, la cual planteaba la entrega de decodificadores de señal que mantenían en uso los aparatos analógicos.
En mayo del 2014, con la publicación del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), “se modifica el esquema de entrega de decodificadores y antenas a la población sustituyéndola por la entrega de televisores digitales”, bajo la justificación de que los aparatos nuevos consumen menos energía y de que se estimula así la industria electrónica nacional. “Ningún otro país que ha transitado a la televisión digital ha dotado a la ciudadanía de estos aparatos”, advierte el texto, cuya copia está en poder de MILENIO JALISCO.
Lo ambiental fue tan poco prioritario, que no fue sino un año después (24 de junio del 2015) cuando se publicó el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre, “no un plan de manejo como se había estipulado”. Con ya diversas localidades “desconectadas”, el 20 de noviembre del 2015, se publica el fallo de la licitación LA-009000987-T77-2015 emitida por la SCT, primera y única licitación para la contratación del “servicio integral de acopio, recolección en centros de acopio autorizados e instalados, traslado, desensamblaje, reciclaje y disposición final de los televisores analógicos desechados como resultado de la Transición Digital Terrestre (TDT)”. Esta licitación “tiene un tope presupuestal que sólo permite el poder recuperar el 0.135 por ciento de las televisiones analógicas que existen en México o el 0.224 por ciento de las televisiones analógicas con señal abierta del país y señala que el acopio deberá terminar el 31 de diciembre del 2015, fecha insuficiente para hacer frente a la problemática”. El 24 de noviembre se publica otra licitación complementaria.
No hay, de este modo, manera de enfrentar con éxito el problema. Por eso piden a la instancia trinacional intervenir. Pero también hay denuncias judiciales en marcha, de la que pronto hablarán los colectivos.
CEDHJ abre investigación
Para garantizar la protección del derecho a la salud y al medio ambiente con el apagón analógico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició un acta de investigación bajo el número 50/2015/IV.
El objetivo es que los municipios del Área Metropolitana y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) implementen una campaña de orientación y concienciación dirigida a la ciudadanía sobre los riesgos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado ante un inadecuado manejo de los televisores analógicos.
En el acta de investigación, personal de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento notificará las medidas cautelares a los ocho presidentes municipales de la AMG y Semadet por la probable violación de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por omisiones en que pudiera incurrirse derivadas del apagón.
También se solicita que se informe a la CEDHJ sobre el destino final que se dará a los desechos y las autoridades a las que se notificarán estas medidas cautelares cuentan con una plazo de tres días naturales para responder sobre su aceptación.
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