La actuación de autoridades administrativas y judiciales no ha permitido restaurar el ecosistema alterado por obras de un fraccionamiento privado
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Un año después, el bordo seguí allí. A esta fórmula monterroseana se puede reducir lo que ha sucedido durante doce meses luego de la construcción ilegal de un dique en el arroyo o estero Los Izotes, del poblado de San Pancho, en la llamada Riviera Nayarit, lo que generó una movilización intensa de los vecinos, la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el triunfo de la burocracia estatal y federal, los amparos y los recursos legales que empantanaron el proceso.
Hoy, la polémica se ha prolongado hacia un tercer año –la fecha inicial del conflicto se puede situar el 26 de diciembre de 2014, aunque la obra arrancó semanas atrás-, y si bien, se han dado pasos decisivos para que se reconociera la ilegalidad, esto no ha derivado en el retiro de la obra civil, que pone en riesgo al tradicional poblado turístico de San Pancho ante eventuales crecidas de su arroyo, situación que ha sucedido en el pasado, cuando no estaba la estructura que modifica el cauce, y que se prevé será aún más recurrente ante el impacto de tormentas y huracanes de mayor intensidad, como lo establece el Programa nacional de acción contra el cambio climático.
“Hace un año, por estas fechas, los desarrolladores del bordo ilegal apuraban a los trabajadores con la intención de acabar la obra que pretende despojar al pueblo de miles de metros cuadrados de humedal; los trabajadores trabajaban a marchas forzadas, incluso los domingos por la tarde, no hay obra que con prisas quede bien. La intención de ampliarse sobre el estero y el cauce del arroyo Los Izotes sin importar los riesgos de inundación hicieron que algunos habitantes se empezaran a organizar y solicitar información; los desarrolladores la negaron, el núcleo Nayarit del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable fue omiso en recomendación alguna; la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] había entregado los permisos, la Profepa no actuaba, al parecer los intereses particulares [la cita incluye el signo $] habían hecho bien su trabajo”, explica uno de los líderes del movimiento vecinal, Érik Saracho Aguilar.
En el muro de Facebook, denominado San Pancho Nayarit Comunidad Participativa, el también director de la Alianza Jaguar AC, agrega: “Se iniciaron las reuniones pidiendo acción. El pueblo inconforme ante el atropello se unió y el noveno festival Colectivo San Pancho solidario manifestó su inconformidad ante el despojo con el lema ‘El estero somos todos’. Una semana más tarde se haría la primera gran reunión en la que se tomó la decisión popular de detener la obra hasta no tener información […] y aunque los desarrolladores a través de su abogado ya han aceptado que se construyó fuera de lugar aún no retiran el bordo ni restauran el humedal, acción que debe suceder este 2016. 2015 será recordado como el año de la resistencia por la defensa del estero de San Pancho, el año que el pueblo organizado y despierto actuó”.
Alejandro Curvietas secunda con la cita de un estudio de la Universidad de Colorado, que analizó el asunto de San Pancho: “Una comunidad puede tener que tomar medidas para recuperar, restaurar o rehabilitar un ecosistema dañado […] en un desastre, la comunidad resiliente asume la responsabilidad de los riesgos que enfrenta y, en la medida de lo posible, es autosuficiente”, ante el pobre papel de las entidades públicas.
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